Dice expresamente el artículo 22 de la Constitución Nacional, el que se traslada también a las constituciones provinciales, que “el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus representantes”. En ese marco, los legisladores tienen la obligación de responder en forma eficiente a la responsabilidad que les ha delegado la ciudadanía. No debe olvidarse que en cada uno de los golpes militares que se sucedieron en el país , fue el Poder Legislativo quien fuera clausurado.
La primera etapa cumplida en la recuperación de la democracia fue la más rica en actividad legislativa. Sucedió que, luego de siete años de proceso militar, eran cientos de leyes las que debían ser modificadas o derogadas. Eso obligó a un trabajo arduo en las cámaras legislativas. Tanto Diputados como Senadores realizaban dos sesiones semanales, muchas de las cuales superaban las 12 ó 15 horas de duración, con debates profundos y discusiones de alto nivel. Tanto en Mendoza como en todo el país, los palacios legislativos fueron el epicentro de jornadas inolvidables y de lugares de concentración del pueblo para hacer oir su voz.
Sin embargo, con el correr del tiempo y el afianzamiento de la democracia, el Poder Legislativo fue perdiendo aquella fuerza inicial. En algunos casos, como ha sucedido en la última década, en el orden nacional, porque el Ejecutivo, al contar con quórum propio, es el que fija la agenda de trabajo y el que decide cuándo y cómo deliberar para el tratamiento de los proyectos.
En el caso de Mendoza, de aquellas cuatro sesiones semanales se pasó a dos, una para Diputados y otra para Senadores, con el agravante de que en algunos casos se ha decidido no sesionar porque “no hay temas en la agenda (¡)”, tal como se indicó días pasados con una sesión de la cámara baja.
Mendoza cuenta con una característica especial en lo relativo al Poder Legislativo. Los que redactaron la Constitución Provincial adaptaron el funcionamiento del Parlamento al ciclo agrícola. Determinaron que las sesiones ordinarias, en la que los legisladores pueden presentar proyectos de ley, se realizaran entre el 1 de mayo (fecha en que finaliza la cosecha) y el 30 de setiembre -se extiende anualmente por un mes, hasta el 30 de octubre- que es cuando comienzan las principales tareas del agro.
Ello fue así porque, -al decir de los historiadores- les resultaba muy difícil y les demandaba muchos días a los representantes de Malargüe o de La Paz, trasladarse hasta Mendoza. De allí que el período extraordinario comprendía a los restantes seis meses y los legisladores podían asistir cuando eran convocados por el Poder Ejecutivo para el tratamiento de una ley específica. A pesar de las facilidades que otorgan los medios de transporte actual, esa modalidad de funcionamiento no se ha modificado aunque, vale aclararlo, la Legislatura funciona prácticamente todo el año. Sólo se mantiene entonces, la imposibilidad de presentar proyectos de ley durante el período extraordinario de sesiones.
Resulta incomprensible que en una provincia que cuenta con severos inconvenientes en temas esenciales para la comunidad, los 48 integrantes de una cámara, representantes del pueblo, no tengan temas para tratar. La deuda no es sólo de esos 48 legisladores sino también de los partidos políticos que los propusieron para el cargo. La clase política deberá reconsiderar en profundidad la situación, de lo contrario se enfrentarán a una ciudadanía que en estos 30 años de democracia ha crecido lo suficiente como para castigar con dureza, a través del voto, a aquellos que no cumplan con las obligaciones que les otorgó.
