El fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández, conminó a las autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE)a que investiguen los hechos denunciados por los diputados radicales en agosto del año pasado, sobre supuestas tareas de "adoctrinamiento político" realizadas por militantes de La Cámpora en escuelas mendocinas.
A través de la resolución 128, emitida el viernes pasado, la Fiscalía le pidió a la titular de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer, que "disponga la instrucción de una investigación sumaria administrativa" en dos de las cuatro escuelas informadas, para conocer con certeza si se produjo "avasallamiento o menoscabo de los derechos de los alumnos".
Y si bien consideró que no hubo adoctrinamiento, tal como oportunamente habían planteado los legisladores opositores, sí percibió la existencia de "irregularidades" en la escuela 4-148, Manuel Belgrano y en la 8-448 "Hogar Eva Perón" y es allí donde ha pedido que la DGE actúe, al considerarla "juez natural" en la causa.
A mediados de agosto del año pasado, gran parte de la comunidad política local, sobre todo de la oposición, se mostró conmocionada por las noticias que daban cuenta del rol de la principal agrupación kirchnerista en distintos colegios de la provincia, pero también del país.
En aquellos días se supo que los jóvenes militantes habían asistido a diferentes establecimientos escolares con la excusa de generar diversas actividades, pero no pocos tomaron esa acción como de "bajadas de línea" política.
Entre las actividades había talleres "culturales", tareas de acondicionamiento edilicio (como pintar las paredes del colegio), capacitaciones (específicamente hubo un curso para murgueros en la escuela Eva Perón) y el dictado de cursos preuniversitarios "gratuitos" de Derecho (como el que se les dio a los alumnos de 5° año del Belgrano).
En algunos de los casos, se entregaron folletos firmados por La Cámpora, y en otros, como ocurrió en la escuela Primera Junta, la agrupación pintó consignas en los muros, algo que fue rápidamente resuelto por los directivos escolares, mandando a blanquear de inmediato las pintadas.
Al hacerse públicos los hechos, los diputados radicales, que consideraron que la tarea se trataba de un verdadero adoctrinamiento político, decidieron hacer las denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Estado, la que se volcó al rescate de pruebas y a conocer la versión de las autoridades escolares.
Luego de nueve meses de iniciadas las investigaciones, el fiscal interino concluyó que en dos de los casos denunciados, los de las escuelas Cerro de la Gloria y Primera Junta, no surgieron indicios de hechos lejanos a la normalidad.
Pero para los otros dos casos "se da por acreditado que habría una irregularidad administrativa por parte de los responsables de ambos establecimientos educativos", tal como indica el documento firmado por Fernández, razón que le lleva a pedir la profundización de la investigación a Vollmer.
"La resolución está en proceso y la DGE hará lo que sea necesario" se limitó a decir esta vez la responsable de la Educación provincial, dando a entender que acatará la recomendación de la Fiscalía desde donde aclararon que "se hará el seguimiento correspondiente" sobre las investigaciones que el Gobierno escolar deberá encarar.
Desde la parte denunciante, el diputado radical Tadeo García Zalazar se mostró satisfecho. "Confirma que había actividades no permitidas ", destacó el legislador, aunque consideró que más allá de las sanciones a los responsables eventuales, entre los que se cuentan los directores de los colegios, "es necesario reconocer a los responsables políticos", los que, a su entender, "están en la misma DGE".
Silencio camporista
Las distintas consultas de Los Andes a los representantes legislativos de La Cámpora resultaron infructuosas. Tanto el diputado Lucas Ilardo como su par, Marina Femenía, se excusaron de responder sobre este asunto, en tanto que el encargado de prensa de esa agrupación, Carlos Gallo, informó que "sobre este tema se ha decidido no emitir opinión".
