El estado de la ruta provincial 98, que en verano define el acceso o no a la Laguna del Diamante; la invasión natural de cortaderas en Malargüe, que construye verdaderas barreras en torno a las fuentes de agua impidiendo el paso a la fauna local; la lucha del ganado doméstico contra nuestros camélidos nativos por las pasturas de la cordillera; las obras privadas -proyectadas y en construcción- y su posible impacto sobre la biodiversidad de la reserva Manzano-Portillo de Piuquenes.
Estos son algunos de los puntos que discuten en talleres -por estos días- los principales referentes de las comunidades donde están inmersas las ocho reservas más visitadas de Mendoza: Divisadero Largo, Puente del Inca, Aconcagua, Caverna de las Brujas, Llancanelo, Payunia, Laguna del Diamante y Manzano-Portillo de Piuquenes.
Las conclusiones -que hoy surgen de eternos debates entre puesteros, guardaparques, instituciones sociales, estatales, gestores turísticos, baqueanos, privados y demás- servirán como insumo básico para definir los planes de gestión de ocho de las 13 áreas protegidas que tiene la provincia.
La idea de base es ampliar el uso público sin desproteger los recursos naturales de estos sitios.
Desde el Gobierno esperan que estos planes puedan entrar en vigencia el año próximo, aunque reconocen que “más difícil que la redacción de protocolos será la creación de hábitos y actitudes en la gente”, como expone Mabel Chambouleyron, directora de Recursos Naturales Renovables de Mendoza.
La confección de estos planes constituye desde hace tiempo un pedido a voces, sobre todo de los vecinos autoconvocados, que buscan un orden y protección concreta para las reservas amenazadas por una alta conflictividad dominial y el creciente interés de explotación privada, como es el caso de la tunuyanina Manzano- Portillo de Piuquenes.
Lo cierto es que desde que estas áreas tienen un marco legal -dispuesto por ley 6.045- nunca contaron con reglamentos consensuados socialmente y los que había, no se cumplieron.
Pero la situación de estos sitios es cada vez más compleja y, por ello, el año pasado la anterior gestión decidió destinar parte de los fondos que recibía del BID a la elaboración de este “manual de procedimientos para la conservación”.
“Ya no se habla de planes de manejo, porque ha cambiado el paradigma de protección. Son planes de gestión porque se miran estos lugares en su funcionamiento ecosistémico, que involucra el desarrollo de la comunidad”, indicó Guillermo Romano, titular de Áreas Protegidas, para argumentar el porqué de esta convocatoria a los referentes locales.
El armado de las distintas instancias de consulta (talleres, por ejemplo) y la sistematización de la información (diez etapas) que allí surja es tarea de la consultora Neo Ambiental, con sede en La Plata. Fue esta empresa la que ganó la licitación internacional (de la que participaron 17 firmas inicialmente), por lo que le fue asignado el trabajo en julio del año pasado.
Los plazos dispuestos son de 18 meses. Una vez entregado el documento con todas las conclusiones, a principios del año que viene le tocará a la Dirección de Recursos Naturales redactar los protocolos por resolución para cada caso. “Los tiempos se fueron alargando, pero hemos hecho un esfuerzo especial por escuchar todas las voces”, apuntó Chambouleyron.
La convocatoria generó polémica en algunos departamentos, como Tunuyán, donde concejales, cámaras empresariales y otras instituciones reclamaban no haber sido invitadas inicialmente.
Sin embargo, después todos fueron incluidos y participó un importante número de interesados -desde distintos ámbitos- en el taller del pasado miércoles.
Conflictos comunes
“Hasta ahora nos habíamos centrado en proteger y lo hemos hecho muy bien. Pero es necesario que la comunidad pueda disfrutar de nuestras reservas, por eso queremos escuchar sus expectativas”, sostuvo Chambouleyron.
En cuanto a los conflictos que están apareciendo en cada lugar, la funcionaria remarcó que muchas de las problemáticas son comunes.
El estado de los caminos de acceso, la guerra entre los ganaderos y quienes protegen las especies autóctonas (por la matanza de sus animales domésticos o por la competencia por las pasturas), el ingreso al desarrollo turístico y el fuerte impacto de ciertos deportes están entre los conflictos más señalados.
La inversión total del BID en las reservas mendocinas es de $ 30 millones. Una parte fue destinada a la elaboración de estos planes de gestión con participación social y otra a realizar obras de infraestructura en estos sitios.
Romano detalló que se están construyendo centros de atención a visitantes, sanitarios públicos y seccionales de guardaparques en las áreas naturales que no los tenían.
