El senador Alejandro Abraham presentó un proyecto de modificación de la Ley Nº 7722.
Paralelamente, el senador Juan Agulles presentó otra iniciativa para crear Parques Industriales Mineros. Ambos manifestaron la intención de promover la actividad minera para ampliar la matriz productiva de la provincia.
Al respecto es necesario describir el contexto político en el que se desenvuelve la minería metalífera local y ubicar los proyectos mencionados dentro de ese contexto.
Desde 2005 en adelante los gobiernos radicales y peronistas que se sucedieron diseñaron y ejecutaron una política destinada a impedir el desarrollo del potencial minero que posee nuestro territorio. No sólo rechazaron todos los proyectos que se presentaron sino que llegaron al extremo de infundir el miedo a la actividad minera en las escuelas provinciales para que los futuros ciudadanos sean parte de esa misma política. De esa manera la antiminería se transformó en política de estado.
La respuesta de los inversores fue consecuente con esa política. Las 25 empresas extranjeras que estaban invirtiendo en exploración cerraron sus oficinas y abandonaron la provincia. Las instituciones internacionales que miden anualmente los lugares más y menos atractivos para las inversiones mineras, como el Fraser Institute de Canadá, ubicaron a Mendoza en los últimos puestos del mundo en sus respectivos “rankings”. El resultado de todo eso es que Mendoza lleva ya varios años con cero inversión en minería metalífera.
Dentro de ese contexto hay dos grupos de empresarios mendocinos que vienen reclamando (con la timidez propia de los empresarios que no quieren malquistarse con los gobernantes) algún cambio en las reglas de juego. Por un lado están los propietarios de proyectos que no tienen plata para desarrollarlos y por eso necesitan que vengan inversores que aporten capital, y por el otro están los proveedores de servicios, insumos y repuestos que necesitan mantener a sus empresas en actividad e incrementar sus posibilidades de expansión con la incorporación de nuevos clientes.
Para entretener a estos empresarios haciéndoles creer que hacían caso a sus reclamos se abrieron ciertos “espacios” destinados a dejar transcurrir el tiempo sin cambiar nada. Así, durante el gobierno de Celso Jaque, el subsecretario Vázquez recreó el “Consejo Asesor Minero”, después, en el gobierno de Francisco Pérez, el exministro Alejandro Zandomeni organizó la “Mesa de Diálogo Minero” y, finalmente, en la actual gestión, el subsecretario Emilio Guiñazú llevó adelante el “Espacio de Diálogo Minero”. Como era de esperarse, no cambió nada y los inversores siguen ausentes.
Ahora se presentaron estos dos proyectos de ley y sus autores manifiestan la intención de promover la actividad minera. Sin embargo, de la lectura de ambos proyectos no surge ninguna propuesta que pueda cambiar la política antiminera vigente, y menos aún la imagen y la calificación que tienen de Mendoza los inversores mineros.
Ojalá nos equivoquemos por ser mal pensados, pero da la impresión de que ya no hay más lugar para entretener a los empresarios en el Poder Ejecutivo y por eso se trasladan los entretenimientos a la Legislatura.
