"Estamos 20 arriba", dijo un diputado antiabortista a Los Andes. "Tenemos 116, seis más que ellos", afirmó una diputada defensora del aborto legal.
Fuera de micrófono, en ambos bandos se declaran ganadores en la votación que se realizará dentro de una semana. Pero ninguno reúne el número de oro: 128 votos, que es la mitad más uno de los 255 votos posibles.
La clave para la suerte del resultado está en una treintena de indefinidos, entre quienes están los que ya fijaron posición y no la quieren decir, y los que quieren mirar el texto final del proyecto para decidir.
Tanto el dictamen sobre este proyecto como el dictamen de rechazo se firmarán el martes de la semana que viene, un día antes de la sesión, cuando finalicen las deliberaciones del plenario de comisiones.
El lobby es frenético: todo el tiempo hay intentos de convencer en las dos facciones, y seguirán hasta último momento. Las organizaciones de mujeres y la Iglesia Católica están particularmente involucradas en este cabildeo.
Modificaciones para sensibilizar
Los promotores del aborto legal están terminando de acordar la redacción de la propuesta para el recinto, con base en el proyecto que declara legal el aborto hasta la semana 14 de embarazo. La propuesta final se conocería hoy.
A la iniciativa se le introducirían al menos tres modificaciones, para conseguir la mayor adhesión posible.
La primera de ellas es la incorporación de "malforaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina" como causal de aborto por encima de las 14 semanas. Es decir que una mujer podrá realizarse un aborto de manera legal cuando se detecte que el feto padece anencefalia y que, por lo tanto, su bebé puede nacer muerto o sobrevivir solamente algunas horas o días después del nacimiento.
El proyecto base declaraba causal de aborto legal a las "malformaciones fetales graves", sin especificación, lo que generó críticas de los antiabortistas, quienes señalaban que la ley habilitaba a las mujeres a realizarse abortos por bebés con síndrome de Down o labio leporino.
Otra modificación será en el artículo 8°, que establece que si la interrupción del embarazo debe practicarse a una adolescente entre los 13 y los 16 años, "se presume que cuenta con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento".
El artículo también es blanco de los detractores: la macrista Carmen Polledo, por ejemplo, se preguntó cómo puede ser que una niña de 15 años no pueda comprar una cerveza sin el consentimiento de sus padres pero tenga aptitud para decidir practicarse un aborto.
El cambio consistiría en que para los casos de menores de entre 13 y 16 años regirá lo establecido en el Código Civil, que en su artículo 26 determina que "el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física" y que si se trata de tratamientos invasivos riesgosos, deberá "prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores".
El tercer cambio importante es la incorporación de la objeción de conciencia, que les permite a los médicos excusarse de practicar un aborto.
Esta figura no está en el proyecto base. En la redacción final se establecerá que únicamente los médicos y demás profesionales de la salud podrán invocar la objeción de conciencia y no las instituciones sanitarias (hospitales públicos y clínicas privadas).
En el caso de que una clínica no tenga médicos que puedan practicar un aborto, deberán contratar uno que garantice a la mujer embarazada el ejercicio de su derecho.
Además, los médicos no podrán declararse objetores de conciencia ante un caso determinado, sino que deberán inscribirse previamente en un listado de objetores.
