Más allá de las diferentes versiones e informaciones que se han difundido en los últimos días, lo cierto es que Gilad Pereg tenía autorización para la tenencia de armas, mas no la tenía para portación. Es decir, el imputado y único detenido por la muerte de su madre y su tía estaba habilitado para tener armas consigo, pero no para llevarlas siempre con él.
El dueño de la armería El Tirolés, Aldo Chesi, ya ha declarado ante la Justicia y ha sostenido una y otra vez que Pereg le compró a él "unas 10 u 11 armas, mientras que compró otras en otra armería de Mendoza y las restantes en Buenos Aires".
Según trascendió, Pereg tenía entre 40 y 45 armas, aunque la fiscal de Homicidios Claudia Ríos confirmó que sólo han encontrado algunas de ellas y que están tratando de determinar dónde está el resto.
Más allá de que esta causa está centrada específicamente en los homicidios de las dos mujeres israelíes, puertas adentro del Ministerio Público Fiscal el caso ha encendido una alerta referida a los controles y requisitos para tener legalmente un arma.
Incluso -también excediendo la investigación- se iniciará una pesquisa para determinar qué psiquiatra consideró apto a Gilad Pereg para tener un arma de fuego.
"Pereg tenía 45 armas, aunque dijo que le habían robado algunas. Todas las armas que compró acá lo hizo con el certificado (no lo sacó conmigo, sino en la oficina de la Anmac). Hay que ver qué ocurrió con el examen psiquiátrico. También es cierto que hace 10 años llegó a Argentina y le dieron la residencia, y para ello debería haber pasado un examen psiquiátrico también. Quizás estaba bien, como hace 5 años cuando renovó la licencia de tenencia de armas (estaba próxima a vencer por estos días, por lo que se presume que la sacó hace 5 años)", se explayó Chesi.
Por su parte, Martín Appiolaza, director de Prevención, Participación y Derechos Humanos en Godoy Cruz y también referente en la problemática de armas, se refirió a los insuficientes controles y requisitos para validar a los ciudadanos como "legítimos usuarios de armas".
"Cuando se relajan los controles estatales sobre quienes entregan los certificados, se termina haciendo de una forma no idónea o al estilo fábrica de chorizo: con tal de vender, se da la aptitud a cualquiera. En el caso de Pereg, quizás él no tenía un trastorno psiquiátrico y hubiese otro interés de fondo. Pues bien, está demostrado que con el examen psiquiátrico no es suficiente", destacó Appiolaza.
El funcionario ejemplificó con el caso Marcenac (un joven de 18 años que fue asesinado de tres disparos mientras caminaba por Belgrano y fue atacado sin ningún motivo por un vecino de esa zona de Capital Federal, quien le disparó desde la ventana de su departamento. El tirador tenía certificado y era un "legítimo usuario de armas").
"Es fundamental que se controle el requisito del domicilio propuesto para custodiar el arma. Este hombre tenía 40 armas y vivía en un baldío, ¿quién controló que era un domicilio adecuado?. Lo mismo ocurre con la exigencia de un medio lícito de vida -algo que también está vigente-. Sobre este hombre ni siquiera se tenía en claro qué vinculación tenía con algunas empresas, si es que tenía. Pero estaba habilitado a tener armas", continuó Appiolaza.
“Las convicciones de las autoridades no son tan fuertes para controlar y el volumen de compra es muy alto para la cantidad de encargados de controlar”, concluyó.
Según estadísticas aportadas por el especialista, en Argentina hay 2.000.000 de armas en manos de 600.000 personas -al menos registradas-. A eso se suma que en la década del 90 se vendió casi 1.000.000 de armas (revólveres pequeños) sin pedir requisitos.
