El juez federal Claudio Bonadio elevó a juicio oral y público la causa por administración fraudulenta y estrago culposo en la que está imputado el ex ministro de Planificación y actual diputado Julio De Vido por la tragedia de Once, que en 2012 provocó la muerte de 51 personas.
Bonadio rechazó “in limine” por improcedentes los planteos de las defensas de De Vido y del ex titular de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren) Jorge Gustavo Simeonoff, quien también afrontará el juicio oral y público.
El magistrado negó, además, la oposición de elevación a juicio oral que hizo la defensa de De Vido a través de planteos de nulidad, recusación y apelación, con la intención de lograr el sobreseimiento del ex funcionario en la causa por el siniestro ferroviario del 22 de febrero de 2012.
Bonadio dio por terminada la etapa de instrucción y dispuso la elevación a juicio de la causa contra De Vido y Simeonoff por los delitos de “descarrilamiento de tren agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, en calidad de coautores de defraudación contra la administración públicas por administración fraudulenta en calidad de partícipes necesarios, conductas que concurren entre sí”.
El juez hizo lugar de este modo al pedido que formularon tanto el fiscal federal Ramiro González como familiares de las víctimas de la tragedia y la Oficina Anticorrupción, en su carácter de querellantes.
Bonadio había procesado sin prisión preventiva a De Vido por el siniestro ferroviario y le trabó embargo por 600 millones de pesos, en un dictamen que fue confirmado el 12 de julio por la Cámara Federal.
A esta instancia procesal se llegó después de que los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun no hicieron lugar a los pedidos de nulidad que presentaron los defensores del ex funcionario kirchnerista.
“Existen en la causa suficientes elementos como para afirmar que, efectivamente, De Vido conocía las graves falencias que rodeaban la explotación del transporte ferroviario prestado por Trenes de Buenos Aires SA, sin perjuicio de lo cual -y pese a tener dicha potestad- no adoptó ninguna medida orientada a reencauzar el servicio”, sostuvo la Cámara en el fallo.
"Error humano"
De Vido fue imputado por no haber controlado, mientras era ministro de Planificación y el área de transporte estaba bajo su dominio, el modo en que TBA explotaba la línea Sarmiento, y por haber permitido que los trenes continuaran funcionando pese a su deterioro y problemas de seguridad.
En abril, al comparecer en declaración indagatoria, De Vido aseguró que no gestionaba ni controlaba el transporte ferroviario y atribuyó el accidente a un “error humano” del maquinista Marcos Córdoba.
El 29 de diciembre, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a ocho y a seis años de prisión a los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi por la tragedia de Once y ordenó determinar la responsabilidad penal de De Vido en el siniestro ferroviario.
Insisten para que Cristina vaya a declarar
Dos fiscales reiteraron el pedido de indagatoria para la ex presidenta Cristina Fernández por el supuesto favorecimiento en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez, mediante un mecanismo para supuestamente eludir controles y direccionar los expedientes.
Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques reiteraron que la ex jefa de Estado encabezó un mecanismo del que participaron estamentos de segunda línea de su gobierno para que la obra pública resultara finalmente adjudicada a las empresas de Báez.
Pollicita y Mahiques ya habían pedido semanas atrás la indagatoria de la ex mandataria y de otra treintena de imputados, pero el juez federal Julián Ercolini aún no definió la situación.
En la misma causa están acusados Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal; José López, ex secretario de Obras Públicas; sus segundos, Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez, y Abel Claudio Fatala y Carlos Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.
Por fuera de los funcionarios públicos, los fiscales insistieron en las indagatorias de Lázaro Báez, su hijo Martín y otros directivos de la empresa Austral.
El reiterado pedido de indagatoria se basa sobre el análisis de “distintos expedientes que funcionaron como ‘casos testigo’ a los fines de corroborar en los casos en concreto cómo se llevaban a cabo los procesos de licitación de las rutas que eran adjudicadas”.
