El exministro Julio de Vido afirmó que no renunciará a su banca, insistió en que el Gobierno está montando una persecución en su contra y sostuvo que no pueden echarlo de la Cámara baja utilizando el artículo 66 de la Constitución, porque a su entender las causas de corrupción en que está denunciado son anteriores a su asunción como diputado, cuando era funcionario del Ejecutivo nacional.
De Vido formuló estas declaraciones un día después de que Cambiemos y el massismo anunciaran un acuerdo para echarlo de la Cámara de Diputados: el martes emitirán un dictamen conjunto en la comisión de Asuntos Constitucionales, que al día siguiente será tratado en sesión. En el recinto, el oficialismo deberá juntar los dos tercios de los votos de los presentes para cumplir el objetivo de exclusión.
"El artículo 66 de la Constitución de ninguna prevé que yo pueda ser imputado por esta comisión (Asuntos Constitucionales) por cuestiones sucedidas en forma anterior a mi asunción como diputado. Habla de sobreviniencia, después de ser diputado. Y por lo anterior ya estoy siendo juzgado por la Justicia", dijo De Vido a periodistas parlamentarios, en los pasillos del Congreso.
El artículo 66 de la carta magna dice que "cada Cámara hará su reglamento y podrá con dos tercios de votos, corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, o removerlo por inhabilidad física o moral sobreviniente a su incorporación, y hasta excluirle de su seno".
Cambiemos entiende que los procesamientos que dispuso la Justicia en contra de De Vido y la elevación a juicio oral de la causa de la Tragedia de Once, en que también está involucrado, suponen hechos sobrevinientes a su asunción como diputado, en diciembre de 2015.
La comisión de Asuntos Constitucionales citará a De Vido para la reunión del martes próximo, con el fin de garantizar su derecho a defensa y el debido proceso. De Vido dijo que él ya realizó su descargo por escrito. "La comisión no tiene ningún derecho a imputarme, porque lo que me imputan no está previsto en la Constitución nacional ni en el reglamento", dijo el exfuncionario kirchnerista, en relación con las figuras de "inhabilidad moral" o la "indignidad" por las cuales Cambiemos quiere excluirlo el miércoles próximo de la Cámara de Diputados.
De Vido también dijo que no se quitará los fueros parlamentarios para ponerse a disposición de la Justicia porque no puede hacerlo por sí solo. "El desafuero lo tienen que pedir los jueces, no es una decisión unilateral. Como diputado yo tengo fueros. El juez puede pedir mi desafuero y (en tal caso) por supuesto voy a acogerme, como lo hice, a todas las directivas y citaciones de la Justicia. Pero el único lugar donde yo voy a ejercer mi defensa es ante los jueces", aseveró el exministro de Planificación.
Confianza
Los diputados de Cambiemos parecen tener todo bajo control en su afán de echar a De Vido. Por eso, tras el acuerdo sellado con Sergio Massa y a la espera de que también se sumen el Bloque Justicialista y otras bancadas que suelen ser aliadas a la hora de sancionar leyes, prefirieron no responderle al exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner.
"Las víctimas de Once y la plata de los argentinos que se fue por corrupción desmienten a De Vido. Cada diputado tendrá que decir si le cree al exministro o cree que es un delincuente serial", dijo el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez, consultado por Los Andes sobre los argumentos de De Vido en contra del proceso de expulsión.
La diputada del PRO Silvia Lospennato, integrante de la mesa chica del oficialismo en Diputados, se declaró "confiada" en que el miércoles lograrán reunir los votos necesarios para aprobar la expulsión.
“Nosotros sabemos la cantidad de legisladores que tenemos y que no alcanza, incluido todo el bloque de (Sergio) Massa, pero también sabemos que hay otros legisladores van a acompañar esta propuesta de exclusión, así que estoy confiada de que vamos a conseguir los votos”, afirmó Lospennato y agregó que en el kirchnerismo "no pueden explicar por qué acumula semejante cantidad, inédita en la historia para un legislador nacional, de causas en las que está imputado y procesado por delitos todos contra la administración pública”.