Pareció la escena de una película de la saga "Rápido y Furioso", pero sentados tras el volante no iban Vin Diesel y otros actores de Hollywood sino efectivos de Gendarmería y Prefectura. Así desfilaron los 38 autos de alta gama secuestrados por la Justicia, en el marco de una mega causa por presunto lavado de dinero, en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero.
Se trata de un nuevo capítulo en la investigación por "la mafia del dólar importador". El allanamiento se hizo en el edificio Madero Center y fue ordenado por el juez Gustavo Meirovich, quien desde hace casi dos años lleva adelante la causa por lavado de dinero a través de importaciones realizadas con falsas Declaraciones Juradas Anticipadas de Importación (DJAI).
Según indicaron fuentes judiciales a este diario, el valor de mercado de todos los coches supera la friolera de 500 millones de pesos (unos 11 millones de dólares). Hay de todo: una Ferrari 308 GTB y una Testarossa, un Mercedes Benz 190E, un De Tomaso Pantera, un BMW M3 e36, un Chevrolet Corvette C6, dos Porsche 911, un Alfa Romeo 4C y hasta un Mitsubishi Lancer Evolution V. Todos vehículos de lujo y colección. Y excesivamente caros para el bolsillo argentino.
El mecanismo
Según la investigación, en los últimos años del kirchnerismo una banda integrada por empresarios y que contaría con la connivencia de funcionarios públicos de la AFIP, logró eludir el cepo cambiario y comprar grandes cantidades de dólares.
Está banda simulaba trámites de importación de mercaderías y compraba dólares al precio oficial (de unos 9 pesos por unidad) para luego enviar las divisas al exterior sin que se realicen las importaciones o las cambiaba en el mercado negro, en donde el precio "blue" (mercado negro) cotizaba a 15 pesos. En total, habrían fugado del país unos 300 millones de dólares.
Para realizar esta operatoria, las sociedades fantasmas recibieron la autorización de diversos organismos públicos como la Secretaría de Comercio Interior, que tenía a Guillermo Moreno (y luego a Augusto Costa) a la cabeza; la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuyo titular era Ricardo Echegaray; y el Banco Central, cuyo presidente era el mendocino Juan Carlos Fábrega.
Este procedimiento fue denunciado hace un año y medio por el titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, quien destapó todo a partir de un trámite muy simple: comparó las listas de quienes hicieron trámites para conseguir dólares a cambio oficial con la lista de los productos que efectivamente se importaron.
De ese entrecruzamiento surgió una lista de 55 personas y empresas autorizadas a comprar dólares para adquirir mercadería que finalmente nunca ingresó al país. Algunos domicilios fiscales de estas empresas fantasmas que movían millones de dólares eran casas en barrios muy carenciados o las sociedades estaban integradas por personas sin ningún bien a su nombre.
Quiénes serían los dueños de los vehículos
Los autos fueron secuestrados en el edificio Madero Center y trasladados por efectivos de Gendarmería y la Prefectura. Son parte de un "decomiso anticipado", que sirve para preservar los embargos que se dispusieron junto a los procesamientos.
Según el expediente, los vehículos pertenecerían al comerciante Nicolás Amato y al despachante aduanero José Luis Guarneiro, ambos ya procesados por presunta asociación ilícita, y supuestos contrabando y lavado de dinero.
No obstante, según fuentes judiciales, los coches deportivos o clásicos de alta gama estarían a nombre de presuntos testaferros, ya que en el Registro Automotor están inscriptos a nombre de terceras personas que no tendrían que ver con la causa.
Amato incluso, según declararon testigos en el caso, es dueño de un equipo de fútbol en Portugal. Los vehículos no son los únicos bienes encontrados sino también cuentas en el exterior e inmuebles.
Los autos pasan a cubrir la suma de 5 mil millones de pesos que el juez trabó como embargo a cada uno de los acusados en el marco de la investigación que tiene procesadas a más de 60 personas. Entre los imputados se encuentran Sun Ju Hwang, alias "Mr Korea", y el empresario Mariano Martínez Rojas, los dos "arrepentidos" en el marco de la causa.
