El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, sorteó prácticamente sin sobresaltos ayer la Audiencia Pública por su postulación como juez de la Suprema Corte de Justicia, y se encamina para integrar al máximo tribunal.
El martes será la Sesión de Acuerdos en la Cámara de Senadores y el oficialismo da por descartado que conseguirá la mitad más uno de los votos necesarios para aprobar el pliego.
Durante los últimos días, Garay recibió un vendaval de adhesiones -1.832- a su postulación, mientras que tuvo 19 impugnaciones. Sin embargo, solamente 10 personas se presentaron en el Salón Rojas de la Legislatura para pronunciarse al respecto, y todas fueron para manifestar su aprobación con respecto al pliego del ministro, abogado de 45 años y magister en Derecho Administrativo.
Algunos de quienes asistieron fueron el vicerrector de la Universidad de Mendoza, Miguel Mathus Escorihuela; la presidenta del Colegio de Abogados, Andrea Disparte; el asesor letrado del Gobierno provincial, César Mosso Giannini; y el decano de Ciencias Económicas de la Universidad del Aconcagua, Rolando Galli.
Luego de los mensajes en favor a Garay, que se centraron en sus conocimientos técnicos de la profesión, además de su “honestidad para trabajar y de ser un hombre que da cumplimiento y se ajusta al derecho”, fueron los senadores presentes quienes realizaron sus consultas e inquietudes al funcionario.
Minería, funcionarios corruptos y concursos
Juan Agulles, ex intendente de Malargüe, consultó a Garay cómo votaría con respecto al desarrollo pleno de la minería y el petróleo, teniendo en cuenta que la Corte falló a favor de la ley 7.722 (llamada "antiminera").
Ante esto, el funcionario respondió que Mendoza "ha tenido la posibilidad de no tener minería a cielo abierto contaminante, a diferencia de Jáchal", ciudad donde él nació y que se ha visto afectada por los derrames de cianuro en Veladero.
“Eso no implica que el Estado no pueda utilizar estos recursos para ampliar la matriz productiva. Tenemos que acercarnos a experiencias como la de Chile, en la que existe el turismo con la explotación agrícola ganadera y la minería”, consideró Garay.
Por otro lado, sobre el tema de que no sea una mujer la que se postule para la Corte, Garay insistió en que es importante la perspectiva de género de cada persona y en la necesidad de realizar más capacitaciones en el ámbito de la Justicia, sobre todo a los decisores.
No obstante, y teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios imputados que ha tenido Mendoza en los últimos años, sentenció que es "una deuda del Poder Judicial" y que la sociedad reclama que no haya habido un solo condenado. "No es sobreactuar, los funcionarios que cometen delitos deben ser sancionados. Debemos saber que el interés general está por delante", acotó.
Finalmente, sobre el fallo que debe resolver la Suprema Corte con respecto a la constitucionalidad o no de los más de 1.000 pases a planta cuestionados en 2015, Garay evitó opinar sobre el caso en particular, pero dejó en claro su postura de que "la condición de acceso al cargo tiene que ser por concurso".
Voto seguro
El martes se realizará la Sesión de Acuerdos de la Cámara Alta, en la que los 38 senadores decidirán de manera secreta si aprueba o no el pliego de Garay. Se necesita la mitad más uno de los votos del recinto, y si bien el Frente Cambia Mendoza tiene el número suficiente (son 19 senadores más la vicegobernadora Laura Montero), descartan que tendrán el acompañamiento de gran cantidad de opositores.
Así lo manifestaron a Los Andes referentes tanto del PJ como del Partido Intransigente. Algunos comentaron que decidirán el voto en las reuniones posteriores a esta audiencia, pero dejaron en claro que, más allá de algunas críticas por el hecho que no sea una mujer la postulada, o asociar a Garay como un hombre de confianza de Cornejo, no hay reproches sobre las capacidades del ministro para desempeñarse bien en la Corte.
Por último, y como viene repitiendo en este tipo de sesiones secretas, el FIT anunció que no participará de la votación, en rechazo al método impuesto.
