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Test de VIH: por qué hacérselo, quiénes y dónde
hace 3 horas
El ex presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) responsabilizó hoy en la Justicia al fallecido ministro del Interior de su gobierno, Ramón Mestre, y a la jueza federal María Servini de Cubría del control del operativo de la Policía Federal que derivó en los asesinatos de cinco manifestantes y 117 lesionados durante su último día de gestión, el jueves 20 de diciembre de 2001.
Como estuvo procesado, con falta de mérito y finalmente recibió el sobreseimiento en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el ex mandatario compareció por primera vez como testigo ante el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6), que enjuicia al ex secretario de Seguridad Enrique Mathov, al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos y a otros acusados por aquellos crímenes.
"Mestre había sido gobernador de Córdoba e interventor en Corrientes, era un hombre muy comprometido y habrá supervisado personalmente" la actuación de las fuerzas de seguridad, respondió el ex jefe de Estado, y recordó que "todo esto estaba en la órbita del Ministerio del Interior".
"Yo le dije a Mestre que actuara y obedeciera lo que dijera la jueza" Servini de Cubría, acotó el ex Presidente, de 77 años y que al ser consultado sobre su actividad respondió: "Abogado retirado".
De la Rúa indicó que "todo esto ocurrió porque la jueza ordenó actuar a la Policía" hacia la media tarde de aquel jueves y precisó que la magistrada "ordenó desalojar (de manifestantes) la Plaza hasta atrás del vallado (a la altura de la pirámide)" y valoró positivamente que todo ello "lo hizo para evitar males mayores".
El ex presidente hizo hincapié en desligar a Mathov del operativo porque, según declaró, no actuó directamente en el asunto sino que estuvo ocupado "en hacer llamados y recibir llamadas con los gobernadores de las provincias que pedían refuerzos de seguridad, que les mandásemos a efectivos de Gendarmería y a Prefectura".
También intentó desvincular al comisario Santos pues, dijo, "no hablé con él durante aquel día y tampoco lo vi en la Casa Rosada".
Tras repasar que aquella tarde terminó renunciando a la Presidencia y se marchó de la Casa de Gobierno en helicóptero -"fue una errónea decisión por el efecto que después tuvo como imagen", admitió-, De la Rúa aseguró que recién se enteró de que había muertos "cuando ya estaba en la Quinta de Olivos por un llamado telefónico de Mathov desde el juzgado".
"Primero me dijo que había dos fallecidos y después que ascendían a cuatro", resumió, y subrayó que desde el Gobierno "no salió ninguna disposición" hacia las fuerzas de seguridad porque, insistió, "todo estaba bajo la acción y control de la jueza" Servini de Cubría, la cual incluso, recordó, "se constituyó en la comisaría segunda" de la Policía Federal.
En esta causa, el ex presidente pasó por todas las situaciones posibles: primero recibió la falta de mérito, luego fue procesado, más tarde volvió a gozar de la falta de mérito, y finalmente la Cámara Federal lo sobreseyó con los votos de Martín Irurzun y Eduardo Farah, con Horacio Cattani en disidencia. La Cámara de Casación y la Corte Suprema confirmaron el sobreseimiento.
Con el corralito bancario vigente desde el lunes 3 de diciembre de 2001, se registraban manifestaciones y cacerolazos en todo el país, hasta que en la noche del 19 de diciembre De la Rúa anunció que acababa de firmar el decreto 1678/01 imponiendo el "Estado de Sitio" en todo el territorio nacional.
Al día siguiente, jueves 20, las manifestaciones se multiplicaron en la Plaza de Mayo y el centro porteño.
Efectivos de la Policía Federal, de la caballería montada, en patrulleros y algunos de civil, salieron a sofocar las protestas y hubo cinco muertos por disparos de escopetazos: Gustavo Benedetto (23), Carlos Almirón (23), Diego Lamagna (27), Gastón Riva (31) y Alberto Márquez (57). Además hubo 117 heridos.
En total la represión del 20 de diciembre causó en todo el país al menos 30 muertos, centenares de heridos y 4.500 detenidos, luego de lo cual De la Rúa renunció a la Presidencia de la República, apenas con medio mandato cumplido que debía finalizar el 10 de diciembre de 2003.
