Nada mejor que la proximidad de la familia en tiempos como los que vivimos, en los que subyace gran tensión social, inseguridad y ciertos acontecimientos que invitan al individuo a plegarse al seno del hogar como refugio. Pero si la familia es imprescindible en el cotidiano vivir no lo es para acompañar al circunstancial funcionario de turno en la administración del ámbito público.
En esa hipótesis finca más o menos el proyecto lanzado al tratamiento legislativo en la Casa de las Leyes por los representantes del Partido Demócrata. De aprobarse, las autoridades de la administración local, en cualesquiera de sus categorías, no podrán nombrar a familiares en cargos públicos ni contratar a sus empresas. También es intención de la norma impedir la partidización de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El nepotismo tiene una historia milenaria de aprovechamiento del Estado, el que se resiente con esta práctica nefasta que degrada el régimen republicano convirtiéndolo en caricatura de monarquía o régimen feudal.
La iniciativa de las filas conservadoras busca prohibir el nepotismo y limitar la influencia de los partidos en la Suprema Corte y los organismos de control.
Se basa en el artículo 115 de la Constitución provincial, que limita al gobernador y al vice la prohibición: “No podrán ser electos para ninguno de estos cargos los parientes de los funcionarios salientes”, sostiene ese artículo. Pero el objetivo del mentor de la propuesta es avanzar a todos los cargos importantes.
El proyecto busca terminar con la añeja y mala costumbre de no pocos políticos de nombrar a familiares, parientes o amigos en cargos públicos, situación que en ocasiones se ha visto acreditada en la Casa de Gobierno, en reparticiones provinciales y, sobre todo, en las municipalidades. Por eso prohíbe “nombramientos, designaciones y contrataciones de familiares en línea ascendente o descendente, colateral o por afinidad, hasta el segundo grado de consanguinidad, de autoridades superiores, electivas o cargos extraescalafonarios que se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial”.
La exclusión se aplicaría también a contratos de locación y servicios, interinatos de planta permanente y subrogancias. La única forma de que un familiar pueda acceder será en alguna instancia de competencia, es decir, por concurso “o algún tipo de orden meritorio”.
De contar rápidamente con esta normativa, aún con modificaciones, Mendoza afianzará las bondades institucionales ya acreditadas, como la no reelección de gobernador y la inexistencia de caudillismos y caudillos, como ocurre en otras partes del país, dando por sentado que las instituciones están por encima de los hombres.
El proyecto sirve como disparador para el debate y se pone a la par del reclamo de mucha gente que lucha por tener un empleo o mantener el que posee y ve con profundo desagrado cómo otros lo consiguen por ser hijo, sobrino o nieto de determinados burócratas.
Además acuña una nueva posibilidad de discutir legislativamente la penosa circunstancia de que los intendentes mendocinos sean reelectos por más de un período, aspecto contra el que se oponen amplios sectores de la comunidad.
