En el Gobierno nacional se miran entre todos. Tienen que resolver urgente un hueco de 34.000 millones de pesos que, por impericia política o error de cálculo financiero, dejó el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.
El plan económico-electoral diseñado por el economista tenía previsto una circulación de recursos que no será tal, sometiendo al Tesoro a un estrés mayor cuatro semanas antes de la elección en la que el presidente Mauricio Macri se jugará la reelección.
Dujovne convenció a Macri de rebajar el IVA indiscriminada para trece alimentos y recortar Ganancias. Le aseguró que el costo fiscal iba a estar compensado por la recaudación extra que generaría el consumo.
Herido por el resultado de las Paso, el Gobierno decidió no consultar a los gobernadores, aún cuando se afectaban recursos coparticipables. Dujovne argumentó que los gobernadores iban a estar compensados por una recaudación incremental por ingresos brutos y tasas, por mayor actividad.
Ambos pronósticos fallaron. Ayer se conoció que la recaudación fiscal de septiembre estuvo doce puntos por debajo de la inflación. No solo hubo menos consumo sino que la actividad económica desaceleró por la devaluación.
Y la Corte Suprema falló, como nunca en una recta electoral, que el Gobierno nacional no puede tocar un peso de lo que le corresponde por ley administrar a los gobernadores. “Esto debería haber sido un acuerdo político”, remarcaron en el máximo tribunal.
La situación está en manos ahora del ministro Hernán Lacunza y del Procurador General del Tesoro, Bernardo Saravia Frías. El nexo con la Corte para ver cómo se aplica el fallo es Germán Garavano, ministro de Justicia.
Una alta fuente del Gobierno le dijo a este diario que habrá reasignación de partidas presupuestarias de programas no prioritarios. Y no se descarta inyectarle una nueva letra millonaria a la ANSeS.
En la Casa Rosada entienden que hay una avanzada pejotista. De los quince gobernadores demandantes, trece están en las filas de Alberto Fernández. Y señalan la “mayoría peronista” de la Corte, integrada por Maqueda, Lorenzetti y Rosatti.
Ya hubo llamados a María Eugenia Vidal y a Horacio Rodríguez Larreta para ver si ellos pueden hacerse cargo del costo fiscal. La Rosada busca un auxilio y un gesto político contra el peronismo.
Nadin Argañaraz y Ariel Barraud, del Instituto Argentino de Análisis Fiscal estimaron que el fallo significaría un aumento del déficit del 30%. Si eso se registra, Macri deberá decirle adiós a la meta de equilibrio fiscal.
