Tras una primera semana de festejos, que excedió el principal hecho cierto (la confirmación de Cambiemos como la mayor fuerza política nacional), el efecto triunfalista producto de los números de las PASO empezó a diluirse. La segunda semana post primarias no deparó ciertamente novedades alentadoras como para darle prosecución y mayor volumen a aquel efecto, ya en la recta final rumbo al primer y clave desafío electoral del gobierno de Mauricio Macri, las legislativas dentro de dos meses. No las hubo a nivel interno (la marcha y acto de la CGT y el caso de la desaparición de Santiago Maldonado), ni externo (el freno por Estados Unidos a la exportación de biodiesel).
Empecemos por el final. La decisión del gobierno de Donald Trump de gravar la importación de biodiesel argentino por presunto dumping hasta que haya una resolución definitiva, dentro de dos meses, es un traspié económico pero también político para el Gobierno de Cambiemos. Las ventas a Estados Unidos del producto derivado de la soja con mayor valor agregado representa ingresos anuales por 1.700 millones de dólares; un monto nada despreciable si se tiene en cuenta el déficit de la balanza comercial que persiste a partir de la mayor apertura de las importaciones y el débil comportamiento de las exportaciones: el déficit en julio fue de 798 millones de dólares, con lo que en los primeros siete meses del año llegó a 3.428 millones de dólares, el máximo histórico para ese período. También tiene un efecto sobre el empleo: ese sector ocupa a unos 6 mil trabajadores, sobre todo en el complejo industrial-oleaginoso santafesino.
El anuncio de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos sucedió días después de la visita del vicepresidente Michael Pence en el marco de una primera gira del máximo nivel de la administración Trump a países latinoamericanos. Y a horas nomás de que se confirmara que los limones argentinos (una exportación de 40 millones de dólares por año) podrán ingresar al país del norte, del mismo modo que el nuestro abrirá la importación de carne de cerdo, pese a que nos autoabastecemos en alrededor de 90 por ciento.
Tanto peso como el dato económico lo tiene político. Semejante medida restrictiva para el comercio se conoció después de que el Presidente presentara la presencia de Pence como una demostración más de la reinserción de la Argentina en el concierto mundial. El hecho le recordó de manera contundente a la Argentina su condición de país emergente en el concierto mundial, al tiempo que demostró que no hay asociación estratégica privilegiada alguna cuando de dinero se trata.
¿Y por casa? Los datos económicos son en buena medida alentadores, aunque en comparación con 2016, no con 2015. La actividad económica está 1,1 por ciento abajo respecto de 2015, según el Estimador Mensual de Actividad Económica del Indec. La construcción crece a 13,2 por ciento respecto de 2016, pero está 5,5 por ciento abajo y con 21 mil empleos menos que hace dos años. También lo está la industria: pese a la mejora prevista para este año, es 5,3 por ciento inferior a 2015.
No obstante, proyectado en los datos que arrojaron las PASO, el Gobierno avanzó en decisiones política y golpes de impacto en la sociedad, y proyecta otros, sobre sectores desacreditados ante el conjunto de la opinión pública, especialmente su núcleo duro (alrededor de un tercio de los votantes) de adherentes. Así, en la primera semana post PASO forzó al límite las reglas institucionales y logró en el Consejo de la Magistratura el desplazamiento del camarista Eduardo Freiler. Un anticipo de lo que estaría dispuesto a hacer con la jefa de los fiscales Alejandra Gils Carbó si los resultados le sonríen el 22 de octubre.
La misma lógica parece haber guiado ahora la decisión de la Casa Rosada respecto del sindicalismo, en particular del sector combativo de la CGT que tiene su síntesis en el cosecretario Juan Carlos Schmid, tras el acto multitudinario del martes pasado; primera vez que la principal central pisa la Plaza de Mayo en menos de dos años de Gobierno macrista, y con el acompañamiento, aunque sea retaceado, de las dos CTA y de las organizaciones sociale. El desplazamiento de dos altos funcionarios de Trabajo y de la Superintendencia de Seguros de Salud, la administradora de los multimillonarios fondos políticamente administrados para las obras sociales, de cierto feeling con el sindicalismo, fue más que una manera de resolver una interna dentro del Pro, aunque se lo haya presentado, de cara a sus votantes, que “aborrecen” a la diferencia sindical, como un demostración más de autoridad presidencial.
La reprimenda vendría ahora sobre la víscera más sensible. Macri habría decidido postergar toda asistencia financiera para ayudar a resolver la crisis en la que está la empresa Oca, principal empleadora privada del sindicato de camioneros que dirige Hugo Moyano.
También habría resuelto soltarles la mano a sindicalistas que comulgan con el sector combativo y que tienen cuentas “congeladas” en la justicia.
El caso Maldonado, a casi un mes de su desaparición, no deja de ser también un dolor de cabeza para el Gobierno, aunque las consecuencias político-electorales sean aún imposibles de prever; y a pesar de que ameritó la segunda intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en menos de un año (el primero, la detención de Milagro Sala). Ninguna luz arrojó la reunión a la que finalmente accedió convocar el Gobierno a las organizaciones de derechos humanos. Pero lo cierto es que 48 horas después la fiscalía dispuso pasar a investigar el caso como “desaparición forzada”. “Ya no saben qué decir (en el Gobierno)”, dijo el viernes, después de responsabilizar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, un dirigente de los derechos humanos insospechado de parcialidad política, Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz.
