Por Luis Fermosel - la.fermosel@gmail.com
La situación por la que atraviesa la industria en el momento del cambio de gobierno es más que complicada, con el agravante de que gran parte de las soluciones -por no decir todas- deberían surgir desde medidas económicas implementadas a nivel nacional. Y si bien la vitivinicultura necesita de medidas urgentes, en razón de que la próxima cosecha “está encima”, también hay conciencia en los sectores de que no se les puede pedir soluciones rápidas a los gobiernos, nacional y provincial, porque son demasiados los problemas que deben afrontar antes de ocuparse de lo que sucede en un sector en particular. “Debemos darles tiempo”, dijo sobre el tema el gerente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, aunque advirtió que los plazos para las soluciones no pueden ser demasiado extensos porque la situación es preocupante.
Para el dirigente, las primeras declaraciones de los nuevos funcionarios permiten anticipar que “conocen la situación” y que “tienen ideas claras”, aunque advirtió que hay otras situaciones coyunturales más urgentes, razón por la cual “tenemos que ser pacientes”. De todos modos, destacó que le preocupa que puedan haber intereses políticos o económicos que puedan llegar a generar inconvenientes a la política que se debe implementar. Pina se expresó en contra de la posibilidad de bloqueos generalizados de vinos para reducir el sobre stock, destacando que “todo se debe conversar, porque los problemas son distintos”. Respecto del acuerdo Mendoza-San Juan, indicó que debe ser aggiornado, pero aclaró que se debe mantener.
Sergio Villanueva, de la Unión Vitivinícola Argentina se expidió a favor de la continuidad del acuerdo con San Juan, pero consideró que el objetivo principal debe pasar por “sacar” del mercado los 200 millones de litros que están generando el sobre stock. Para el dirigente es muy factible que haya un nuevo tipo de cambio, que va a generar beneficios pero también mayores costos, aunque consideró que resultará fundamental que quede un plus a favor de los beneficios para permitir la competitividad en los mercados internacionales. Destacó en ese concepto que es muy factible que los commodities, como el mosto o también el vino a granel pasen a recibir rápidamente un beneficio.
Indicó entonces que el problema pasa porque el precio del vino está presionado por 200 millones de litros que no son exportables, que van a recibir el incremento de costos, incluyendo en ello a los salarios, pero con el inconveniente de que, al no ser bienes transables o exportables, ese vino no saldrá. “El problema de esos 200 millones de litros surgió como consecuencia de una mala praxis tanto del gobierno provincial como del nacional”, aunque aclaró que otras herramientas, como los bloqueos, los prorrateos o la demora en las fechas de liberación no constituirán una salida efectiva.
“Este diagnóstico tendrá que ser tenido en cuenta por el Gobierno para ver qué solución adopta. Si considera que hubo mala praxis, deberá trabajar para sacar los 200 millones de litros de vino, porque seguirán presionando sobre los stocks”, agregado que el tema pasa por cómo sacar ese sobrante, teniendo en cuenta que la provincia no tiene dinero para hacer frente a una erogación de esa naturaleza y no hay capacidad de destilación para esa cantidad de caldos. “La solución debe venir desde la Nación”, dijo, para agregar que “no hace falta todo el dinero ya, porque podría darse en cuotas, pero el segundo tema pasar por establecer cuál es el destino de los caldos, para lo cual podría recurrirse a la destilación y destinarlos a la alconafta o los bio combustibles”.
De todos modos, si bien considera que hay otros temas coyunturales para las autoridades nacionales más urgentes que el precio del vino, advirtió que los tiempos se aceleran, porque “de lo contrario comenzaremos la cosecha con el sobre stock existente y ello va a seguir presionando sobre los precios y afectando al productor”. A modo de conclusión consideró que “no hay mucho tiempo para la toma de decisiones. Debemos darle un plazo, pero también debemos advertir que las demoras pueden ser contraproducentes”.
Para Mauro Sosa, del Centro de Viñateros y Bodegueros del Este, el nuevo período constitucional renueva las expectativas, tanto en la Nación como en la Provincia, destacando que muchas variables, como la inflación, el precio del dólar, las retenciones, etc. socavaron la rentabilidad de los sectores más vulnerables, “diagnóstico -dice- que las autoridades nunca reconocieron”. Señala que la participación del productor/elaborador en el precio del vino al consumidor es cada vez menor, mientras las pymes fraccionadoras corren en desventaja, asegurando que de las 884 bodegas en actividad en el país sólo 5 detentan el 50 por ciento de las exportaciones, mientras 5 empresas concentran el 75 por ciento del mercado interno. Luego de indicar que la expectativa, como desafío central, es recuperar la rentabilidad y que para ello es necesario establecer condiciones de competitividad adecuadas, indica que la presión tributaria es relevante, ya que de cada peso que ingresa al sector vitivinícola, 35 centavos quedan en el Estado, ya sea nacional, provincial o municipal.
El dirigente destacó que su entidad, junto a sus pares viñateros de San Juan, han elevado propuestas a los respectivos gobiernos para alcanzar una solución. Pide la derogación del acuerdo Mendoza-San Juan y en su lugar propone una política de diversificación más amplia, que pueda ser cumplida mediante diversas opciones de elaboración de productos que no tengan como destino la comercialización del mercado interno o bien se destinen a usos no vínicos, no admitiendo compensaciones o excepciones al cumplimiento de la diversificación del porcentaje. Con relación a la Coviar, la entidad considera que debe suspenderse la contribución obligatoria, “porque se ha transformado en un costo más sobre la espalda de los más débiles”, destacando que se trató un organismo que se estableció para ejecutar “un PEVI cuyos resultados no son ni remotamente los esperados”.
Como puede observarse, se trata de distintas visiones sobre cómo salir de la difícil coyuntura. Corresponderá a las nuevas autoridades establecer cuál de ellas es la más factible y de posibilidades de aplicación y a partir de allí fijar la política definitiva. Pero resulta fundamental que se trabaje a través del consenso.
