Fue uno de los protagonistas del juicio por delitos de lesa humanidad que concluyó con una histórica sentencia: por primera vez cuatro ex magistrados fueron condenados por diversos hechos cometidos durante un largo periodo de tiempo, contado desde 1975, antes del golpe militar del '76.
El fiscal Dante Vega fue el encargado de la acusación para las 28 condenas que se conocieron el miércoles. Entre los condenados se cuentan Otilio Romano, Luis Miret, Guillermo Max Petra y Rolando Carrizo, todos magistrados federales en la época en la que se produjeron los delitos que fueron objeto de análisis en el cuarto juicio por delitos de lesa humanidad que se realizó en Mendoza.
-¿Fue difícil el proceso?
-Fue difícil en todo sentido. Fue difícil en la primera etapa, porque comenzó a investigarse la complicidad judicial con jueces que estaban en ejercicio de su cargo en el edificio, dos estaban jubilados, hubo que vencer resistencias muy grandes.
Cuando empezó el juicio en 2010, Miret y Romano estaban en ejercicio. Romano ocupaba la presidencia de la Cámara Federal, el cargo más alto de la Justicia Federal en Cuyo. Esa etapa fue intensa y la desarrolló Omar Palermo entonces como fiscal, con el auxilio de la oficina que yo hoy dirijo. Después me tocó a mí intervenir en la etapa de juicio oral.
-¿Había prueba documental que vinculara a los jueces?
-Había expedientes en relación a la ley 20.840 de seguridad nacional que reprimía actividades subversivas. La persecusión política pasaba por la Justicia Federal a traves de esta ley. Es la prueba documental más contundente con la que contamos.
-No era la primera vez que vieron esos expedientes...
-Los vimos en el primer juicio. En los primeros expedientes por presuntas infracciones a la ley 20.840 cumplían con todas las formalidades, ya después se relajan porque la policía sabía que no tenía ningún control judicial. Encontramos allanamientos sin autorización judicial, incomunicaciones, imputaciones sin control y mientras el preso estaba en manos de la policía la tortura, vejámenes, abusos sexuales y todo el repertorio de ilícitos que cometieron las fuerzas de seguridad desde comienzos de 1975. Detectamos en los expedientes irregularidades muy significativas y sin embargo no hubo una sola investigación contra miembros de las fuerzas de seguridad y luego del Ejército cuando empezaron a intervenir a partir de noviembre de 1975.
-Llama la atención que los hechos analizados ocurran antes del golpe...
-El periodo predictatorial, esa democracia débil que atravesó el país, es un periodo muy conflictivo que todavía merece ser analizado en profundidad por la sociedad argentina. Se caracterizó por expresiones políticas extremas, la presencia de organizaciones armadas que el gobierno constitucional declaró fuera de la ley, y por una violencia generalizada. Parte del drama argentino es que el Gobierno constitucional haya sancionado una batería de leyes para reprimir el fenómeno subversivo con la ley en la mano. El Gobierno constitucional le asigna al Ejército la responsabilidad institucional de combatir la subversión y el Ejército traiciona la confianza depositada y empieza a implementar una represión clandestina e ilegal que tiene su comienzo en 1975 con el Operativo Independencia (N. de la R.: despliegue de fuerzas militares en Tucumán en febrero del ‘75 para combatir a los grupos el Ejército Revolucionario del Pueblo asentados en esa provincia).
-¿Cuándo empiezan esos movimientos masivos en Mendoza?
-Acá tiene su expresión más cabal es en noviembre de 1975, en un operativo masivo en el que se detuvo a decenas de personas, con todos los elementos que luego se harían generalizados: secuestros nocturnos por parte de patotas de civil, autos no identificados y hasta una desaparición forzada, la de Morina. (Luis Rodolfo Morina Jung, estudiante de medicina, desaparecido el 22 de noviembre de 1975).
-¿Ese operativo fue conocido por los ex magistrados condenados?
-Sabían perfectamente que el Ejército estaba detrás de ese procedimiento porque se lo confirmó el jefe del Ejército al juez Miret y tomó conocimiento el fiscal Romano y sin embargo no tomaron ninguna medida en relación a todos los habeas corpus.
-¿Respondió por escrito el Ejército?
-Sí. Eso es prueba del expediente. Después de este procedimiento, incluso hay personas que van a la casa de Miret y presentan habeas corpus. Miret cursa pedido de informes al comando y el titular de la 8° Brigada de Infantería de Montaña le reconoce por escrito que es un procedimiento ordenado por el Ejército Argentino. Quisieron argumentar que no conocían. Por los expedientes, ya venían conociendo la ilicitud estatal desde fines de 1974.
-En esa época ya estaba operativa la AAA...
-Claro y aquí el Comando Anticomunista Mendoza y el comando moralizador Pío XII (Nota de la Redacción: se trató de organizaciones parapoliciales vinculadas al entonces jefe policial Julio César Santuccione. La primera empezó a operar en setiembre de ‘74, con la colocación de dos bombas en una imprenta, la segunda en mayo del ‘75, con el asesinato de dos prostitutas de un disparo en la cabeza a cada una). Era imposible ignorar desde los cargos judiciales esta ilicitud. Por eso empleamos estos expedientes para demostrar complicidad de los ex magistrados con el terrorismo de Estado, no con la dictadura, que comienza mucho antes del golpe militar.
Sobre la supuesta persecución política
Dante Vega dice que uno de los principales argumentos de defensa era la persecusión política. “El juicio transitó dos gobiernos constitucionales y yo dije en la sala, el nuevo gobierno lleva una año y medio en el poder y acá en la sala estamos las mismas personas”.
-¿Hubo alguna bajada de línea con el cambio de gobierno?
-Que yo sepa no. Hay declaraciones, polémicas sobre el número de desaparecidos, declaraciones del presidente de la Nación hablando de guerra sucia, que no es así, pero este proceso judicial transitó sin ningún inconveniente. Es más, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj, vino al juicio y se sentó en el público. Eso es una muestra cabal de compromiso del Gobierno constitucional con la marcha de los juicios.
Todas las partes acudirán a Casación
“Este fallo seguro que va a ser objeto de recursos de Casación, no solamente por los condenados, sino por nosotros también”, asegura el fiscal Vega.
Explica que la sentencia tiene 50 puntos y en muchos casos el tribunal ha decidido en forma contraria a la acusación fiscal, “no en el caso de los magistrados, ni en los casos de desapariciones forzadas de personas, que coincidió con el pedido acusatorio. Pero en otros casos el tribunal se apartó de lo peticionado por el Ministerio Público, de manera tal que nosotros también vamos a interponer el recurso de Casación. Pero hay que destacar el fallo más importante es el primero, es del tribunal oral, que es el que estuvo en contacto directo con la prueba, que escuchó a los testigos, que leyó la documentación, que escuchó nuestras argumentaciones”.
Perfil
Dante Marcelo Vega es Fiscal General ante la Cámara Federal de Mendoza y coordinador de la oficina de Asistencia en Causas por Violación a los Derechos Humanos.
Es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Mendoza (UM).
Es profesor de Derecho Penal en la UNCuyo y en la UM.
Ha participado en una decena de juicios por delitos de lesa humanidad en Mendoza, San Juan, San Luis, Comodoro Rivadavia y Trelew.
Es divorciado y tiene una hija.
