El escenario era el adecuado y la temática, sensibilizadora. Fue el 18 de noviembre de 2016, durante un acto en conmemoración de la declaración de la Convención de los Derechos del Niño que se realizaba en la Legislatura provincial, cuando se denunciaron por primera vez los hechos aberrantes contra la integridad a los que habían sido (y eran) sometidos niños, niñas y adolescentes con dificultades auditivas y sordomudos que asistían al Instituto Antonio Próvolo. De este hecho, que destapó un caso que ha horrorizado a Mendoza, se acaba de cumplir un año.
La senadora Daniela García (41) fue la primera en atender en el recinto legislativo el grito de ayuda que no había tenido repercusión en otras instituciones e instancias, como la denuncia judicial que existía desde 2008.
“Espero no venir en mal momento pero la verdad es que está pasando algo terrible, usted tiene que ayudarnos”, recuerda que le dijo Luis Batistelli, presidente del Movimiento de Sordos de Mendoza, a través de una intérprete. El instante, por la gravedad de lo que se estaba dando a conocer -asegura la legisladora- no se borrará nunca más de su mente. “Allí me cuenta que hay un instituto en el que abusan sexualmente de niños y niñas”, relata García al repasar aquellos días.
Detalla paso a paso el momento que derivó en la denuncia formal que abrió la puerta a la posterior investigación judicial y encarcelamiento de los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho; los ex administrativos Jorge Bordón, Armando Gómez y José Luis Ojeda; la monja japonesa Kumiko Kosaka y la ex representante legal del instituto, Graciela Pascual.
A ellos se suma una larga lista de imputados que incluye a profesionales y personal de distintas áreas del establecimiento, por haber participado en complicidad u omisión de los hechos respecto de los victimarios.
-¿Cómo fueron los primeros pasos para llegar a la denuncia formal?
-Una vez que empezamos a charlar con Luis le pregunté si podíamos hablar con una víctima. Pusimos al tanto de la situación a la vicegobernadora (Laura Montero) y al procurador (Alejandro Gullé) para saber si podíamos efectuar la denuncia de manera formal.
-En pocos días aparecieron más víctimas...
-Sí, la primera testigo reservada la tuvimos el día 24 de noviembre y a partir de allí se hizo un listado de víctimas que también estaban dispuestas a hablar.
-¿Cómo siguió ese proceso?
-El 25 llevamos a la víctima con una inspectora y la intérprete a la fiscalía. Una vez que el procurador puso a disposición el fiscal a cargo de la investigación, se realizaron las declaraciones con la ayuda de dos intérpretes y se contó con psicólogos y el defensor oficial. A partir de allí empezó la investigación formal.
Recuerda García de ese fin de semana largo de hace un año que a partir de aquella presentación se comunicaron vía Facebook más víctimas y familiares que luego fueron a declarar a la fiscalía N° 15 de Luján de Cuyo.
-¿Cuáles fueron sus sensaciones ante la gravedad de lo que se estaba denunciando?
-Fueron momentos terribles pero que a la vez eran necesarios, porque habían muchos chicos sufriendo daños terribles. Cuando terminó de declarar la primera testigo, me dijo que necesitaba sacar todo lo que venía soportando.
Al hacer un “puente” hacia el presente, la legisladora radical destaca que por estos días los ex alumnos del Próvolo han sufrido diferentes instancias de re victimización. Una de ellas se dio cuando los intérpretes en lenguas de señas que hacen de puente entre ellos y el entorno que desconoce esta forma de comunicación, fueron denunciados por la defensa de la monja Kumiko.
“Es una situación que les ha causado mucha conmoción porque es la única forma que tienen de hacerse escuchar con los que no saben lengua de señas”, destaca García.
-¿Cómo evalúa el accionar de la Justicia en el caso, por un lado, y de las otras áreas estatales, por el otro?
-Creo que la investigación ha avanzado correctamente desde el primer día. Ha habido muchas personas dispuestas a escuchar los reclamos de las víctimas y sus familiares en las diferentes áreas de salud, educación... Se puso a disposición el servicio de salud mental para brindar la atención necesaria en tiempo y forma. Hemos hecho todo lo que se ha podido y vamos a seguir acompañando.
-¿Por qué cree que el caso le fue planteado a usted?
-En parte, porque somos los legisladores que tratamos de trabajar para la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Pero también hubo algo de casualidad. Era un momento clave porque estábamos celebrando la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
-¿Por qué piensa que éstos hechos ocurrieron durante tantos años, aún habiendo antecedentes de denuncias previas?
-No les dieron cabida y muchas veces no tenían la voz que necesitaban para expresar lo que estaba pasando. No tenían cómo hacerlo. Encontraron una herramienta y la aprovecharon. Aún hay muchas víctimas que no pueden declarar.
-¿Qué puede hacer la ciudadanía para ayudar?
-Una manera de colaborar con las víctimas y sus familias es acompañarlos en sus pedidos, creerles. Siguen teniendo derechos vulnerados al no poder declarar porque les han sacado su intérprete. Para ellos el lenguaje de señas y corporal es única forma de comunicarse.
-¿Cómo evalúa el accionar de la Iglesia Católica en el caso?
-No he visto que la Iglesia haya salido a apoyar a las víctimas. Deberían pedir la misma justicia que estamos pidiendo todos.
Perfil
Daniela García (41) es senadora provincial (UCR) desde 2015. Su interés por la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes la acercó a problemáticas como el abuso sexual, el maltrato y el trabajo infantil.
Asegura que recibe denuncias de casos particulares -además de las del Próvolo- que ha derivado a la Justicia para que los culpables sean condenados.
Casada y madre de dos hijos, es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresada de la UNCuyo. Cuenta con un master en Gestión.
