Daniel Ostropolsky: "Oyarbide es el paradigma del límite tolerable del sistema judicial”

A fin de este año, Daniel Ostropolsky termina su mandato como integrante del Consejo de la Magistratura, en representación de los abogados del interior del país. Asumió a fines de 2010. "Es bueno que no haya reelección inmediata así no hay patrones en la Magistratura", comentó.

De extracción radical ("renuncié a mi afiliación al asumir como consejero porque creo que se debe estar por sobre las parcialidades políticas", dijo), Ostropolsky rescata la función de los abogados en el Consejo: "Los abogados son los representantes naturales de la sociedad en la actuación ante la Justicia; el abogado sabe perfectamente quién es quién en el Poder Judicial y es positivo que participe en la selección de jueces".

Entrevistado por este diario, apunta que el bloque oficial de consejeros desestimó doce denuncias contra el juez Norberto Oyarbide en los últimos cuatro años. Definió como una "actitud protectora del oficialismo". También recordó la "insólita parálisis" del Consejo durante 2013.

-¿Qué consecuencias trajo el funcionamiento irregular del año pasado?

-Hubo poquísimas reuniones en sus comisiones y en su plenario. Su productividad se vio seriamente afectada y las consecuencias hoy son sumamente gravosas para el ciudadano común: se acumuló una gran cantidad de vacantes al no haber las designaciones de ternas de jueces. Nunca en la historia del Poder Judicial hubo tantas vacantes, que serán más de doscientas.

Casi la tercera parte de los juzgados federales y nacionales de todo el país están sin jueces titulares. También afectó la sanción a los jueces. Muchas denuncias se archivaron porque se pasó el tiempo estipulado sin que pudieran analizarse los casos.

-¿Cómo fue posible esa parálisis en el funcionamiento?

- El bloque oficialista de consejeros (cuatro legisladores del Frente para la Victoria; el representante del Poder Ejecutivo y el del sector académico) más un juez que fue el presidente hasta el año pasado, conforman la mayoría sin la cual no hay quórum. Y el sector oficial resolvió frenar las reuniones, para el caso de que no se procediera a la aprobación de un concurso en particular.

-¿Podría recordar ese concurso?

-Sí, el famoso concurso 258. Era para cubrir las vacantes de cinco juzgados de primera instancia, civiles y comerciales de la Capital Federal. Uno de los juzgados tenía una causa muy sensible a consideración del sector oficial, el trámite de la causa Clarín. Aprobado ese concurso por parte de la Comisión de Selección (de los postulantes) debía ser tratado en el plenario del Consejo.

Pero para su aprobación se necesitan dos terceras partes de los miembros y como el oficialismo advirtió que no le alcanzaban los votos no concurrió a la citación y cinco consejeros estuvimos diez horas. "Si no se avienen a aprobar ese concurso, el Consejo se paraliza".
 
Y dicho y hecho. A través del Ministerio de Justicia se promovió una denuncia penal contra los consejeros no oficialistas por supuesto abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público. Obviamente esa denuncia penal fue desestimada.

-Ahora usted advierte "situaciones de consenso novedosas"…

-Sí, el año pasado entraron dos nuevos consejeros (la referencia es al diputado Eduardo "Wado" De Pedro y al secretario de Justicia, Julián Álvarez, ambos militantes de La Cámpora) y anuncian que vienen con "ánimo de conciliar y consensuar". Esto empezó a traducirse en hechos concretos.

-¿Por ejemplo?

-En la elección de las autoridades, como presidente y vice se eligieron a dos jueces, uno de los cuales (el vice), es el doctor (Ricardo) Recondo, uno de los denunciados por el Ministerio de Justicia. Que su elección fuera por unanimidad de los presentes, es una reivindicación a todos los que fuimos denunciados penalmente.

Ahora (los consejeros oficialistas) tienen una  oportunidad: cómo van a actuar frente a la nueva denuncia, de una gravedad inusitada, relacionada a un juez que es prácticamente el paradigma del límite tolerable del sistema judicial argentino.

-Habla de Norberto Oyarbide.

-Así es. No podemos decir que queremos tener "jueces independientes", "jueces de la democracia", y tener un juez como Oyarbide. Desde que se inició el Consejo de la Magistratura, este juez ha tenido 55 causas en su contra. Con la conducta desestimatoria del oficialismo, no hubo ninguna sanción.

Con la incorporación de estos dos jóvenes, vamos a ver si responden al ideal de justicia o van a responder al esquema tradicional de que el juez Oyarbide no tenga ningún tipo de sanción.

-Pero recientemente el oficialismo no votó a favor de una citación inmediata de Oyarbide (en relación a una denuncia que involucra al segundo del secretario Legal y Técnico Carlos Zannini).

-Es cierto que se optó por la alternativa más reglamentarista (el Consejo citó al juez para que dentro de 20 días hábiles haga un descargo por escrito), cuando yo creo que había prueba suficiente como para avanzar ya mismo en la evaluación de la gravosa conducta de Oyarbide. Pero también es cierto que se abrió un proceso y esto es un avance respecto a lo que venía ocurriendo.

-¿Por qué es tan grave la última denuncia contra Oyarbide?

- Institucionalmente, el juez Oyarbide está acostumbrando a la sociedad argentina a que se tomen como naturales situaciones que no debieran ser así. En esta oportunidad, él está diciendo que frenó, que dejó sin efecto un allanamiento en curso porque lo llama un funcionario (Carlos Luizzi) del Poder Ejecutivo. Y que esto lo diga por escrito en un expediente de actuación administrativa un juez federal es muy importante.

Si un juez de la Nación admite que lo llama un funcionario del Poder Ejecutivo, hay una intromisión gravísima. Si el funcionario conocía que había un procedimiento irregular, debe hacer una denuncia por escrito y promover las instancias judiciales que correspondan. Queda la duda: ¿lo llamó para denunciar una irregularidad o para parar el allanamiento?

-¿Usted qué cree?

-Lo cierto es que el efecto de este episodio es que se paró el allanamiento. De las 55 denuncias contra Oyarbide, doce han sido en el transcurso mi gestión (como consejero) desde fines de 2010. En algunos casos no se ha terminado la investigación por la voluntad del oficialismo que deja sin efecto y desestima la denuncia.

El oficialismo tiene la mayoría dentro de la comisión que les permite hacer esto. Hasta ahora hubo una clara actitud protectora del oficialismo y me ratifico hasta que se demuestre lo contrario.