El dirigente opositor venezolano Daniel Ceballos fue trasladado la noche del martes desde una cárcel capitalina hasta su residencia en el este de la ciudad, donde cumplirá arresto domiciliario por orden de un tribunal local. La sorpresiva decisión se considera un avance en el proceso que sigue la oposición venezolana desde hace varios meses en instancias nacionales e internacionales para lograr la liberación de los llamados “presos políticos”.
Un juzgado local ordenó el arresto domiciliario para el ex alcalde de la ciudad suroccidental de San Cristóbal, quien estaba detenido desde marzo del 2014.
El opositor fue escoltado por los cuerpos de seguridad desde una de las sedes de la policía política en Caracas hasta un edificio de la exclusiva urbanización de Sebucán, donde cumplirá el arresto domiciliario.
Ceballos, de 31 años, es el segundo dirigente opositor encarcelado que recibe una medida de arresto domiciliario en los últimos cuatro meses. A finales de abril un tribunal local aprobó una medida similar por razones de salud para el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, quien está a la espera de un juicio por una supuesta conspiración contra el gobierno.
La Fiscalía General dijo en un comunicado que se otorgó la medida por “razones de salud”, pero no ofreció más detalles.
Al respecto, el coordinador nacional de organización Voluntad Popular, el diputado Juan Guaidó, dijo que tras la huelga de hambre que realizó Ceballos entre mayo y junio tuvo algunas afecciones en los riñones y el estómago, pero que ahora está en “proceso de recuperación”.
Guaidó afirmó que la medida a favor de Ceballos representa un “avance”, pero sostuvo que su organización política continuará presionando por la “libertad plena” para él y el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, que permanece recluido desde hace casi 18 meses en una cárcel militar acusado de promover unas protestas en la capital.
El opositor atribuyó la decisión a una acción del gobierno del presidente Nicolás Maduro para tratar, antes de las elecciones parlamentarias de diciembre, de “compensar la aberración jurídica que cometieron, y el abuso de poder” en el caso de Ceballos y otros centenares de manifestantes que fueron arrestados tras las protestas del año pasado.
La coalición de la Mesa de la Unidad Democrática sostiene que actualmente están detenidos 82 opositores, que son considerados “presos políticos”, entre los que se destaca López como la principal figura.
La oposición ha acudido a Naciones Unidas, la OEA, algunas organizaciones internacionales de derechos humanos, el papa Francisco y los congresos y gobiernos de diferentes países, para lograr la liberación de los políticos y los manifestantes detenidos.
Maduro ha cuestionado los pronunciamientos que han hecho algunos entes internacionales, gobiernos y políticos extranjeros a favor de los opositores detenidos, y ha considerado esas acciones como una interferencia en los asuntos internos de Venezuela.
El ex alcalde culminó en marzo pasado la condena de un año que le impuso el Tribunal Supremo de Justicia por desacatar una orden judicial que le exigía levantar las barricadas que instalaron decenas de opositores en las calles de San Cristóbal durante la primera mitad del 2014. El máximo tribunal también acordó la destitución de Ceballos de su cargo de alcalde de esa ciudad.
