Un nuevo conflicto con los sindicatos se le viene al gobierno de Alfredo Cornejo. Es que el Instituto de Juegos y Casino (IPJC) confirmó su decisión de cerrar tres salas de juego territoriales: una en la montaña y dos en San Carlos.
Según la presidenta del IPJC, Josefina Canale, “en agosto se vencen cinco licitaciones de casinos departamentales y tres se cierran: Uspallata, Eugenio Bustos (distrito natal de Cornejo) y La Consulta”.
En tanto, a las salas de Tunuyán y Tupungato, “se les renovará la licitación hasta marzo de 2017”, informó la funcionaria.
Con esto, 40 trabajadores de planta permanente verán alterada su fuente laboral, ya que si bien se indicó que no hay intenciones de despedirlos, no está claro cuál será su destino.
“Hay 2 opciones: que se los traslade a los anexos de Tunuyán o Tupungato o, si ellos no quieren eso, que se los pase a disponibilidad por seis meses y luego se les dé una indemnización”, señaló Canale.
El motivo de la decisión es “una política de restricción del juego”, porque “en los últimos años se llenó de casinos” y eso generó problemas económicos y sociales en esos sitios.
“Lo hablamos con los intendentes y además la mayoría de la sociedad nos pide que los cerremos”, agregó la también dirigente demócrata.
La situación generó una lógica reacción del sindicato del personal del Instituto. “No queremos discutir la política de juego de este Gobierno, pero no coincidimos”, resaltó el titular del gremio, Martín Caín, que se mostró “muy preocupado” por el mantenimiento de la fuente laboral de sus compañeros.
Es que ese gremio viene de un duro revés, ya que la semana pasada la Justicia rechazó 11 medidas cautelares interpuestas por personas a las que no se les renovó el contrato en el IPJC.
En realidad fueron 80 los trabajadores despedidos y todavía resta que la Suprema Corte defina si son cesantías legales o no.
Para este nuevo caso, Caín dijo que necesitan saber “cuándo, adónde y en qué condiciones serán reubicados” los actuales empleados de las salas que se cerrarán.
Pero, además, rechazó la opción de pase a disponibilidad con indemnización: “Eso es prácticamente un despido; así perderán su fuente de trabajo”.
Negocio en pérdida
Más allá de la cuestión social esgrimida por Canale, también es cierto que los anexos del casino en estas zonas dan pérdida al Estado.
Según el gerente del instituto, Andrés Lombardi, entre los tres casinos que se cerrarán hay una pérdida de casi un millón de pesos por mes. “Ingresa $ 1,1 millón por mes, pero se gastan $ 2 millones”, indicó el radical.
Los datos oficiales dicen que la sala de La Consulta logra un ingreso mensual de $ 780 mil; el de Uspallata, $ 126 mil y el de Eugenio Bustos, $ 130 mil. "Pero hay que tener en cuenta los gastos que sólo en La Consulta implican $ 400 mil en sueldos, $ 70 mil en custodia policial y unos $ 40 mil en publicidad", explicó Lombardi.
Sobre la cuestión económica, Caín criticó que al cerrarse estos anexos “se favorece la actividad privada”, en referencia al casino del hotel Fuentemayor, ubicado en Vista Flores.
Lombardi retrucó que ese emprendimiento está alejado de la zona de influencia de los casinos sancarlinos y volvió sobre el concepto inicial de la decisión. “Lo más importante es parar el daño social y económico que han generado los casinos en esas localidades pequeñas”, dijo.
Hay una deuda de $ 350 millones
Canale confirmó que la semana que viene hará la presentación, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado, del balance 2015 del Instituto de Juegos y Casinos.
La funcionaria adelantó que ese balance, cuyo ejercicio correspondió a su antecesor, Carlos Bianchinelli (PJ), “presenta una deuda de $ 350 millones”.
No hay detalles pero Canale dio a entender que hubo ciertas irregularidades en el manejo de los fondos. “No hubo control y no se cumplieron cosas que se tenían que cumplir”, destacó.
Entre las falencias, informó que “se debían los aportes a la OSEP y las retenciones destinadas a la Anses de setiembre a diciembre”.
También dijo que se han detectado deudas “a proveedores” y en el pago de “juegos foráneos”, como el Telekino o el Quini 6, de los cuales el IPJC es sólo un intermediario.
