A través de un decreto que se oficializará hoy, Alfredo Cornejo dio marcha atrás y anuló 82 nombramientos que hizo su antecesor, Francisco Pérez, antes de irse.
Se trata de personas allegadas a la anterior gestión y que fueron, en su mayoría, designadas en cargos que no tenían, aunque también hay varias recategorizaciones. En todos los casos, las categorías que pasaron a tener son altas (de la 9 a la 17) y del listado sólo cinco tenían un salario bajo.
Además, dicen haber encontrado siete “ñoquis” en la Subsecretaría de Trabajo, es decir, “contratos que no han registrado entre 2014 y 2015 marcación horaria” y que quedaron sin efecto.
En tercer y último lugar, hoy se presentará una denuncia penal por un posible delito en el área de Cultura. Los cerca de 40 contratados que se han manifestado durante este tiempo, están en la mira por haber sido vinculados al Estado a través de un mecanismo de contratación que no correspondía a sus funciones. Esto podría complicar a ex funcionarios.
Con este paquete de tres medidas, ayer Cornejo oficializó su primer golpe contra el festival de “acomodados” que se conocieron en la gestión justicialista. Los últimos meses de la era Pérez se caracterizaron, entre otras cosas, por los ingresos a planta permanente del Estado de militantes y allegados al poder. Ésta fue una de las situaciones que el gobernador radical se comprometió a revisar.
“La gestión que se fue, en vez de dedicarse revisar los pases a planta por paritaria, que implicaba todo una logística para determinar si el agente cumplía con las condiciones hasta el 30 de noviembre, se dedicó a hacer estos nombramientos”, se quejó Dalmiro Garay, ministro de Gobierno y encargado de anunciar el decreto que se publica hoy. “La mayoría de los pases a planta (acordados en paritarias) han quedado para esta gestión”, se quejó.
En un primer movimiento, se dejaron sin efecto 82 nombramientos, de una lista de 300 sospechados. En este sentido, dijeron que las bajas van a seguir. Los motivos fueron “vicios que llevan a la inexistencia” de los movimientos administrativos que hizo Pérez.
“En ese contexto vamos a seguir revisando un conjunto de designaciones que, entendemos, tienen vicios similares y en la brevedad vamos a anunciar los resultados”, avisó Garay.
En la lista de la baja, hay 35 ascensos o transferencias y algunas subrogaciones, que volverán a su lugar y categoría de origen. Los otros 47, fueron designaciones que quedarán sin el cargo. Estas vacantes se congelarán y en el caso que no sea urgente su nombramiento, serán concursados. En cambio, si se necesitara cubrir ya, habrá contrataciones temporales.
Los amigos que se van
Ente los que se van, o vuelven a sus puestos originales, resaltan algunos nombres conocidos que, durante la larga transición entre Pérez y Cornejo, Los Andes fue dando a conocer. Una de ellas es Gabriela Von Zedtwitz, la ex senadora que remplazó a Ricardo Pettignano, cuando se fue al Tribunal de Cuentas.
Otra mujer que tampoco podrá ascender y pasar al área de Salud es Lía Álvarez, quien fue candidata a diputada nacional y jefa de asesores de Pérez.
También aparecen Sergio Daniel Piantini y Mario Ferrari, quienes fueron secretarios privados del ex gobernador Francisco Pérez; Gregorio Brizuela, ex director de Servicios Generales de la Gobernación; la coordinadora de ceremonial y protocolo, Griselda Castellano; Sergio Antonio Isuani, quien se desempeñó como director de Promoción y Desarrollo Deportivo y también fue secretario privado del peronista.
La lista se sigue nutriendo de ex funcionarios de Pérez. Aparecen Antonio Washington Araya, quien fue subsecretario de Gestión Pública y coordinador General del Comité de Información Pública; Adriana Piantini, un apellido que se repite entre los nombramientos del último tiempo .
Otras que se quedarán sin trabajo en el Estado son dos mujeres ligadas al ex ministro Legal y Técnico, además de amigo personal de Pérez, Francisco García Ibáñez. Por un lado, su hija, Antonella García Piedrafita, no podrá trabajar como “payamédica”, y su ex secretaria, María Dolores Pérez, tampoco seguirá en Salud.
“Vamos a iniciar una investigación administrativa preventiva para determinar la existencia de responsabilidades de los funcionarios y de los agentes que participaron. De existir, una vez que se determine esa responsabilidad, se hará una denuncia pertinente”, señaló Garay sobre la posibilidad de buscar responsables.
Una denuncia por Cultura
Cuando se pregunta si se va a responsabilizar a los encargados de nombrar en forma cuestionable a sus allegados, en el Gobierno dicen que sí. Pero hasta ahora, lo concreto es que lo único que se denunciará son los contratos en Cultura. En este sentido, la Justicia será la encargada de determinar quién es el responsable.
Según explicó Garay, alrededor de 40 personas fueron contratadas por sistema de cachet, que es lo que utilizan los artistas por una prestación determinada por algunos días. El tema es que, en realidad, esas personas terminaban haciendo de secretarios privados y, al finalizar el mes, los funcionarios firmaban el cachet.
“Existe un posible delito contra las arcas del Estado, porque se usaron figuras contractuales que no correspondían a la finalidad, por sistema de cachet, y se hizo trabajar a los empleados en otra función totalmente distinta”, explicó el responsable de Gobierno. Hoy a la mañana, el secretario de Cultura, Diego Gareca, presentará la denuncia.
