"Nadie los está ayudando, hay familias que necesitan que se les dé una mano porque no se les está dando ni asesoría legal ni asistencia psicológica de ningún tipo", dijo Sergio Salinas, abogado de la Asociación para la promoción y protección de los derechos humanos Xumek y de una de las familias de víctima del Próvolo.
Recordemos que esta asociación se presentó como querellante la semana pasada y también presentó un Amicus Curiae junto a la Asociación de Padres Autoconvocados de Niños, Jóvenes y Adultos con Discapacidad ante la unidad fiscal que está a cargo de las denuncias contra el Instituto Antonio Próvolo por los casos de abuso sexual a niños que asisten a ese establecimiento.
Salinas aclaró que, si bien reconocen el esfuerzo que el fiscal Fabricio Sidoti está haciendo respecto a la investigación de lo ocurrido, lo cierto es que muchas familias se encuentran desamparadas.
Esta situación fue corroborada por Paola Torres, una de las mamás de los niños abusados que llevan adelante el reclamo. “No es mi caso, pero sí sé que muchas familias no han recibido ayuda del Estado. Por ejemplo, cuando ocurre un accidente de autos son muchos los abogados que se acercan a prestar sus servicios y en este caso no ha ocurrido. Muchas familias, además, no tienen el dinero para hacerse cargo de un abogado”, explicó Torres.
Otra de las quejas de los padres fue porque no se están entregando libretas para poder hacer el cambio de escuela. Sin embargo, la entrega de las mismas, tal como estipula el calendario de la DGE, es el 12 y 13 de diciembre, es decir, la semana que viene.
Amigos de la corte
Respecto del Amicus Curiae presentado por Xumek, vale decir que fue pedido el jueves ante la Unidad Fiscal Departamental N° 5 de Maipú-Luján.
El mismo tiene por objeto servir de orientación a profesionales que trabajan con niños, niñas o adolescentes víctimas y testigos de delitos, porque dada la particular vulnerabilidad, ya sea por sus características personales o por las circunstancias del delito, deberían verse beneficiados con medidas adaptadas a su situación.
“Nos presentamos para poder aportar cualquier elemento extra que esté en nuestro conocimiento y que le pueda servir al fiscal. También es para que se tengan en cuenta ciertos criterios indispensables a la hora de escuchar el testimonio de personas menores de 18 años”, explicó Salinas.
Según aclaró el abogado es frecuente que se olvide a las víctimas de delitos en general, y de los grupos vulnerabilizados en particular, a pesar de la obligación que pesa sobre los Estados de reconocerlas y tratarlas adecuadamente respetando su dignidad.
En este contexto, informaron desde Xumek, adquieren particular interés las “Directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a los niños víctimas y testigos de delitos” aprobadas por resolución 2005/20 del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, ya que a raíz de que las mismas han permitido cubrir una importante laguna existente en las normas internacionales sobre el tratamiento de menores en tanto que víctimas o testigos de delitos.
Desde esta organización también se le solicitó al fiscal de instrucción que al momento de la realización de audiencias en cámara Gesell, se tenga en cuenta los artículos 240 bis, 240 ter, 240 quater del Código Procesal Penal de Mendoza, reformado recientemente por ley provincial 8.652, sancionada el 10 de julio de 2014, que no siempre son tenidos en cuenta por los funcionarios judiciales. “Pedimos acompañamiento profesional constante para que no se revictimice a las personas y que durante todo el proceso haya un intérprete”, dijo el abogado.
El caso 2008
Al haber entrado como querellantes en la causa, Xumek pudo tener acceso a los detalles de la investigación de 2008, cuando también se realizaron denuncias por abuso sexual a menores en el Instituto Próvolo.
“El mayor dilema que observamos es que esto viene de 2008. En aquel momento, se denunciaron posibles casos de abuso, se llevó el reclamo a la directora y ella contestó que iban a ver qué estaba pasando. Luego intervino un abogado penalista que les dijo que hicieran la denuncia en la oficina fiscal, pero nadie les tomó declaración”, comentó Salinas.
A continuación, según explicó Salinas, se realizó una reunión con los padres y una psicóloga de la institución. La especialista dijo, tras el encuentro, que no había pruebas para demostrar que hubiese ocurrido abuso sexual.
“Lo que no se dijo es que en el objeto de estudio de la profesional faltaban las víctimas que denunciaban el abuso. Es decir, se elaboró un informe en base a las personas que no habían tenido problemas. Es como si en un accidente de autos los peritos del seguro revisan un auto que no intervino en el choque”, explicó.
Es por eso que desde el 1 de diciembre se ordenó que las dos causas, la nueva y la vieja, sean unificadas en un solo expediente. “Se solicitó iniciar las aclaraciones administrativas por lo ocurrido en 2008”, dijo Salinas y aclaró que el 28 de noviembre de aquel año se hizo la denuncia, el 14 de abril de 2010 un fiscal subrogante pidió la pericia de los niños, pero esa pericia nunca se hizo, pese a que se volvió a solicitar los resultados en 2011. “Si en aquel momento se hubiera investigado se podría haber evitado lo que sucedió después”, añadió Salinas.
La causa
La Justicia aseguró en la mañana de ayer que son al menos 22 las víctimas de los abusos de los sacerdotes y sus ayudantes en el Instituto Próvolo de Luján de Cuyo. Lo indicó el procurador de la Corte, Alejandro Gullé quien catalogó el hecho de “terrorífico”.
“Tenemos identificadas 22 víctimas del Instituto Próvolo. Es terrorífico lo que han hecho”, sostuvo en diálogo en diálogo con Radio Mitre Mendoza y dio detalles del allanamiento al colegio que se hizo el sábado pasado y en el que las pesquisas encontraron dinero y material pornográfico. “En la habitación de Corradi (uno de los detenidos) encontraron 550 mil pesos. También hallaron revistas eróticas en el instituto”, señaló.
El jefe de los fiscales dijo que le parece “poco creíble que pasara todo esto y nadie supiera lo que estaba ocurriendo”. “Yo no puedo creer que ningún niño haya dicho nada”, agregó. Además, pidió “buscar responsabilidades en Verona que enviaron los sacerdotes”, ya que mandaron “al lobo a cuidar ovejas”. Judicialmente señaló que no quiere que sea una causa eterna. “Tiene que llegar a juicio y tener una sentencia próxima”, argumentó.
El Instituto Próvolo de Mendoza, denunciado recientemente como lugar donde se cometieron abusos sexuales a niños hipoacúsicos, fue allanado nuevamente el sábado en busca de documentación que pueda ser útil para la causa, revelaron fuentes de la investigación.
Entre los detenidos por el caso están los sacerdotes Nicolás Corradi, de 82 años, y Horacio Corbacho, de 55, y tres empleados del Instituto, Jorge Bordón, de 55, -que además era monaguillo-, José Luis Ojeda, de 41, y el jardinero Armando Gómez, de 46.
Legisladores se reunirán con el arzobispo Franzini
La comisión de Educación, que preside el senador Omar Benegas (PJ-FPV), en conjunto con la comisión de Desarrollo Social de la Cámara baja, que preside Beatriz Varela (UCR), se reunirán hoy a las 9 en la sede del Arzobispado de Mendoza, con el objeto de dialogar sobre los hechos denunciados en el Instituto Antonio Próvolo de Luján de Cuyo.
La reunión fue acordada con el propio arzobispo, Carlos María Franzini, y participarán legisladores de todas las bancadas. En función de poder realizar un solo encuentro y analizar los temas que son de público conocimiento es que los integrantes de las dos comisiones de la Legislatura concurrirán a la sede del Arzobispado para mantener los diálogos necesarios con los responsables de la Iglesia Católica en Mendoza.
