En pleno desarrollo de los actos centrales de la Vendimia, no podemos hablar de “festejos” porque la vitivinicultura, nuestra industria madre, se encuentra atravesando un momento difícil, complicado y preocupante; inconvenientes que están poniendo en peligro al sector provocados por políticas nacionales que han generado una severa caída en las exportaciones y pérdida de competitividad en los mercados externos, han llevado a afirmar a un empresario: “Se está sepultando a la industria”.
El gran cambio en la vitivinicultura argentina comenzó por necesidad y se fortaleció por convicción. La caída que se produjo en el consumo interno -90 litros per cápita en los ’60-’70- generó que los industriales empezaran a mirar hacia los mercados externos. Iniciaron con una fuerte reconversión de viñedos, de variedades de poco valor enológico hacia otras más nobles; incorporaron tecnología de punta en bodegas y comenzaron a elaborar vinos priorizando la calidad por sobre la cantidad.
Incursionaron en ferias internacionales y, a través del malbec como variedad emblemática, obtuvieron las primeras medallas en los concursos internacionales. Los mercados se abrieron y de las pocas decenas de miles de dólares que se exportaban a principios de los ’90, se superaron los mil millones de dólares en exportaciones hacia 2010, incluyendo en ello a los vinos finos, el mosto y los graneles, estos últimos calificados también de “consumo diario”.
En esas dos décadas el crecimiento de las exportaciones fue exponencial: dos dígitos por año. Todo funcionaba dentro de la normalidad y no se producían grandes inconvenientes respecto de posibles sobrestocks. Sin embargo, en los últimos cinco años la situación cambió sustancialmente como consecuencia de un dólar desfasado y una inflación interna que comenzó a pesar duramente sobre el valor de los insumos y, por ende, sobre la competitividad de los vinos en el exterior.
Se dejaron de exportar los graneles, mientras los vinos de mediana y alta gama sobrevivían merced a la reducción sustancial en la rentabilidad de las bodegas. Podría asegurarse que, de no haber surgido esas políticas erróneas implementadas a nivel nacional, la industria y las provincias no andarían mendigando los 500 millones de pesos ofrecidos por el Gobierno nacional para sostener los precios de la uva; por el contrario, hubieran contribuido a engrosar la recaudación nacional porque habrían exportado mucho más.
Los hechos determinan que para poder funcionar la vitivinicultura necesita del mantenimiento de reglas claras en la economía; un nivel de inflación similar al de los países que compiten a niveles externos; reducir o eliminar las retenciones e incrementar los reintegros; en los hechos, hoy los bodegueros están prácticamente pagando para poder exportar. Si esas variables no se dan, resultará muy difícil recuperarse.
A estos aspectos se deben agregar actitudes preocupantes, como la afirmación de la Presidenta, quien manifestó públicamente su satisfacción -sostenida por un spot de Fútbol Para Todos- porque la Argentina se ubica a la cabeza del consumo de una determinada bebida gaseosa en América Latina. Dijo que el consumo llega a los 137 litros per cápita y que esa situación genera mil puestos de trabajo.
De hecho, entonces, desde el Gobierno se impulsa el consumo de gaseosas en detrimento de una actividad como la vitivinícola que genera no miles, sino decenas o centenares de miles de puestos de trabajo, entre directos e indirectos.
Podría sumarse también la intención del ministro Florencio Randazzo de establecer la tolerancia cero en el consumo de alcohol para conductores, lo que perjudicará -de insistirse en la iniciativa- a la denominada “botella abierta” que se comercia en los restaurantes, favoreciendo a las gaseosas, que serán las elegidas para acompañar las comidas.
Paralelamente se observa una deserción del Estado nacional en temas vitivinícolas, como la reducción de los subsidios a los centros de Desarrollo Vitícola, que se canalizaban a través del INTA; la eliminación de los aportes al comercio exterior del Consejo Federal de Inversiones o la demora en la sanción definitiva del proyecto que establecía la eliminación del impuesto al champán, lo que derivó en que la medida recayera nuevamente en una decisión presidencial.
La industria vitivinícola ha hecho los deberes. Sólo necesita que la dejen trabajar.
