Desde la entidad que nos reúne, el Colectivo en Lucha por Les Pibes (Celpi) tomamos medidas de protesta en unidad con otras organizaciones sociales y los/as trabajadores/as, por sentirnos perjudicados/as por ordenanza municipal 3493/18 de la Ciudad de Mendoza. La norma municipal "prohíbe exigir y/o pretender dinero a cambio de un servicio de cuidar o lavar autos".
El trasfondo de esta discusión, sorteando los prejuicios que expresan voceros del oficialismo, estigmatizando a cuidacoches y lavacoches, es la situación de vulnerabilidad social en que se encuentran las personas mencionadas. Sostenemos que les están cortando los medios de subsistencia a gente en situación de calle o de barriadas populares, que no tienen otro ingreso económico que hoy les están quitando.
Se busca ocultar el conflicto con parches y promesas de la comuna conducida por Rodolfo Suárez (Cambia Mendoza). Pretende desarticular las protestas y la organización de quienes rechazamos la ordenanza. No dan soluciones a todas las personas afectadas. Se trata de una capacitación (1 a 3 meses de duración) que tiene un subsidio de 4.000 pesos y la posibilidad de que empresas otorguen el empleo por tres meses de manera subsidiada. Ambas propuestas tienen filtros discriminatorios como: tener menos de 30 años y no poseer antecedentes penales. No hay voluntad de parte del Estado en brindar oportunidades de progreso para ellos/as, de lo contrario hubiesen censado a la población afectada y promovido las capacitaciones antes de la prohibición. Además, la supuesta salida laboral ya estaría concretada. Está claro que el único objetivo es engañar y dividir.
Muy por el contrario, la respuesta concreta y real de parte del Estado -tanto municipal como provincial- viene desde el punitivismo: prohibiéndoles ganarse el pan, llevándolos detenidos para iniciarles causas, quitándoles los elementos para realizar los lavados, cobrando multas entre 900 y 1.250 pesos (a cuidacoches, lavacoches y automovilistas). Asimismo, el viernes 20 se detuvo a un manifestante en Casa de Gobierno, y el video que lo registró circuló en redes sociales y la prensa.
Esta situación de violencia institucional que ejercen los preventores y la policía, busca disciplinar a quienes están ejerciendo su legítimo derecho a protestar, frente a la injusticia de dejar desamparadas a casi 300 familias. Pero vecinos/as y comerciantes de las zonas donde se desempeñan desde hace años como cuidacoches y lavacoches, han intervenido para frenar el hostigamiento que se ejerce contra estos compañeros.
El Estado se hace presente violentando la dignidad de los más vulnerables. Su objetivo es romper la estructura solidaria de nuestra sociedad.
Apuestan a la naturalización de la desigualdad. Empujan a la marginalidad a estas personas -que aunque los funcionarios quisieran- no son "trapitos", y tienen derechos.
Esperamos no sufrir ninguna medida de amedrentamiento para dispersar la organización de este conjunto de trabajadores. En ese sentido nos dirigimos al intendente de Capital, Rodolfo Suárez, al secretario de Seguridad Ciudadana, Raúl Levrino, al director general de Policías, Roberto Munives, al ministro de Seguridad, Gianni Venier y al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para prevenir cualquier situación de violencia contra cuidacoches y lavacoches.
