Por años la oficina de Salud Laboral, ubicada en la calle San Juan de Ciudad, ha sido epicentro de críticas por sus interminables demoras, tal como lo reflejó Los Andes en abril. Uno de los principales inconvenientes está relacionado con la lentitud para que los docentes obtengan el alta médica luego de una enfermedad.
A raíz de esta situación, desde la DGE decidieron tercerizar el servicio, como ya lo hiciera con el control del ausentismo. El objetivo es mejorar las prestaciones, disminuir las esperas y regionalizar la atención, según el Gobierno. Pero desde el gremio de los profesionales de la salud (Ampros) salieron a cuestionar la decisión porque aseguran que el problema podría solucionarse con la contratación de mayor cantidad de médicos por parte del Estado, además de que no se les informó a los empleados -unas 60 personas según la DGE-. El lunes serán recibidos por el gobierno educativo para obtener explicaciones.
“Nosotros tenemos profesionales que no pueden cumplir sus funciones en su totalidad porque no tienen los insumos necesarios y ahora saltan con esta contratación millonaria, nos parece un despropósito”, expuso María Isabel Del Pópolo, secretaria general de Ampros. Ella estima que contratando unos 20 médicos más se podría prestar el servicio de manera óptima, sin necesidad de involucrar a un privado.
“Tranquilamente podrían prestar un servicio que no llegaría a un gasto de $ 1 millón por mes, cuando ahora van a gastar $ 4 millones”, remarcó.
Con respecto a las demoras, subrayó la necesidad de investigar en qué sectores ocurren y poner foco en las condiciones laborales: “Hay que ver si la gente a la que le toca trabajar tiene las condiciones para poder sacar las cosas más rápido, porque es muy fácil decir que demoran y privatizar, pero no llegamos al meollo de la cuestión”.
Por otra parte, aseguró que “a las personas que trabajan allí no se les informó nada” y deslizó que están angustiados y ansiosos: “No saben qué va a pasar”.
Por su parte, Ángel Gargiulo, delegado del Programa de Salud Laboral de la DGE en San Rafael, relató que se enteró por un mensaje de WhatsApp.
“Estamos todos los días pidiendo insumos, a los profesionales no nos pagan los ítems que corresponden por ley invocando una emergencia económica, y ahora van a privatizar sin preguntarnos cómo mejorar el servicio. Me parece por demás insólito”, manifestó el médico con más de 20 años en el área.
Aseguró que no los han llamado a ninguna reunión, por lo que se trata de una medida inconsulta. “Pierden de vista que cuando uno hace un gerenciamiento en una gestión, el recurso humano es lo más valioso y que la atención se puede mejorar fortaleciendo las distintas delegaciones con más recursos”, indicó y aclaró que su reclamo no se basa en ninguna intención político- partidaria.
Mejorar el servicio
Gabriel Sciola, director de Administración de DGE, defendió la decisión tomada. Aseguró que la implementación de este nuevo sistema les permitirá ahorrar, ya que si bien implicará un desembolso de $ 4 millones mensuales, hoy gastan unos $ 20 millones por mes para pagar a docentes suplentes.
“Cuando asumimos, la tardanza del alta docente era de entre 60 y 90 días y ahora estamos entre 15 y 20 días”, aseguró el funcionario: “Por esta demora burocrática perdemos $ 20 millones ya que el docente no llega al aula en tiempo y en forma y nosotros seguimos pagando reemplazos”. Además, aseveró que hoy el sistema les cuesta $ 6 millones.
Sciola reconoció que en un primer momento pensaron en sumar más médicos para solucionar las demoras, pero luego lo descartaron: “El principal servicio de la DGE es prestar educación y no salud, por lo que creímos más pertinente que una empresa lo solucione”.
Por otra parte, aseguró que no se van a perder fuentes laborales: “Allí trabajan en su mayoría empleados de OSEP, quienes volverán a prestar los servicios en la obra social. El resto que pertenecen a la DGE prestarán el servicio haciendo auditoría en la nueva empresa que gane la licitación”, detalló.
Sciola aclaró también que parte del servicio que allí brindan, el control de ausentismo, se tercerizó tiempo atrás a la Clínica Schweizer. “Ahora se licita ese servicio, pero además la Junta Médica”, precisó. La misma certifica patologías de más de 10 días y otorga las altas médicas, entre otras.
Como el inmueble de calle San Juan es alquilado, desde la DGE desconocen si la empresa elegirá seguir utilizándolo u optará por otro. La apertura de pliegos de licitación será el 18 de agosto y estiman que la empresa comenzará con las prestaciones en octubre.
Demoras reducidas
En abril de este año, Los Andes alertó sobre demoras de hasta 4 meses para obtener el certificado psicofísico docente. Desde la DGE explicaron que la emisión de este documento no está incluida en la privatización. “Ese servicio los presta OSEP y lo seguirá prestando”, dijo Gabriel Sciola, director de Administración de la DGE.
Igualmente, aseguró que las demoras se han reducido: “Hoy en día está entre 30 y 40 días para entregar todos los resultados de análisis clínicos, entre otros”.
