A pesar de que en abril de 2018 la Suprema Corte de Mendoza decidió congelar los ingresos al Poder Judicial, en noviembre firmó dos acordadas -que no están publicadas en el digesto administrativo de su web- que permitieron 23 ingresos y ascensos de personal.
En total, las acordadas 29.043 y 29.044 resuelven 54 designaciones. Una gran parte respetan la carrera y el escalafón pero hay 13 ingresos y 10 ascensos controvertidos.
"Ante la de falta de personal, en especial en aquellos sectores en los que ya se están ejecutando reformas implementadas unilateralmente por la Corte, se improvisa pasando personal de un sector a otro, al mejor estilo 'tapar un agujero con otro', descuidando la necesaria calificación profesional, vulnerando la carrera judicial con designaciones 'a dedo' y otros vicios por el estilo", denunciaron en una carta abierta desde la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial.
En el mismo sentido se expresó el secretario general del gremio de los judiciales, Carlos Ordoñez: "En medio de la negociación del Convenio Colectivo de Trabajo, la Corte decide avanzar en la carrera judicial y pasar por arriba el sistema de concursos".
“Muchas personas que están en la categoría de maestranza empiezan a ascender y después dan un salto a una categoría superior que no respeta la carrera judicial”, denunció.
Desde la Corte defendieron las acordadas y las designaciones. "Se hacen designaciones de ese tipo cuando hay una necesidad real, de acuerdo con lo que hace falta y para no resentir el servicio de justicia", dijo su titular, Jorge Nanclares.
“Hay necesidades urgentes que hemos decidido cubrir de esta manera. No buscamos el autoritarismo en las decisiones y entendemos la queja del gremio. Siempre estamos abiertos al diálogo y a trabajar en la carrera judicial”, añadió.
Los nombres
En las acordadas firmadas el 20 de noviembre por José Valerio, Pedro Llorente y Jorge Nanclares algunos nombres llaman la atención, como el de Rubén Atilio Mattiusso. El recién nombrado colaborador del fuero penal en temas de gestión de calidad y enlace con la Dirección de Informática fue asesor de gabinete del Ministerio de Agroindustria durante el gobierno de Francisco Pérez. Mattiusso llega el Poder Judicial en la clase 13 del personal técnico administrativo -para la cual hace falta rendir un examen y tener menos de 40 años, -edad que supera ampliamente porque tiene 58- para ocupar la vacante que dejó Agustín Gullé (hijo del procurador de la Corte Alejandro Gullé), quien se fue a trabajar a la Justicia Federal.
Sin rendir examen y con el mismo sueldo que Mattiusso se designó interinamente a Fernando Martínez como editor del canal de YouTube del Poder Judicial.
Dos cargos de funcionario y personal jerárquico también fueron ocupados por personas de afuera. Vanesa Hernández fue nombrada responsable de la implementación y seguimiento del sistema informático en la secretaría de Modernización; y Víctor Correas fue designado para ocupar el lugar que dejó libre Gabriel Longhin cuando lo nombraron colaborador del fuero penal en abril.
Otras nueve personas también son parte del Poder Judicial desde noviembre sin pasar por el filtro de los exámenes. Todas fueron nombradas como maestranzas en la clase 23. Gabriela Emilce Brito, Rubén Félix Oros, Mariel Simo y Emiliano Orrego entraron en la secretaría de Modernización. Pablo Bueno, Facundo Mattei, Laura Lecea y Natalia Morado quedaron en puestos de ayudantes en la primera, segunda, tercera y cuarta circunscripción, respectivamente.
También entró sin rendir Ariel Gonzalo Herrera, a la oficina de gestión administrativa Penal del Juzgado Penal Colegiado N°1, una de las dependencias que están a bajo la órbita de su padre, Daniel Herrera, encargado de controlar las Oficinas de Gestión de Audiencias Penales de la provincia.
El resto de los ingresos respetan el orden de mérito de los exámenes, como el de Ariadna Cazabán, que rindió en 2015, quedó en el puesto 102 y ahora es parte del turno vespertino de la OGAP de la primera circunscripción. Ariadna es la hija de Alejandro Cazabán, el abogado que defendió a Julieta Silva en el juicio por la muerte de Genaro Fortunato y que fue ministro de Celso Jaque.
Saltos de clase
En cuanto a los ascensos polémicos hay dos que pasaron de maestranzas clase 23 a técnicos administrativos clase 13. Se trata de María Carolina Martini. Un salto de 10 clases que, según el gremio judicial, no respeta los ascensos que deben darse de a una clase por vez.
Otros ascensos llamativos son los que ya ocupaban cargos interinos como técnicos administrativos y pasaron a hacer trabajos en clase 7 y 5 como funcionarios y personal jerárquico. Por ejemplo, José Pérez Iglesias era coordinador provisorio de la OGAP del juzgado penal N°1 y ahora es funcionario de la tercera circunscripción. Lucía Fuentes Rubio era administradora provisoria de la OGAP del juzgado penal de Alvear y también pasó a ser funcionaria pero en la segunda circunscripción. Y Nicolás Martín Chicahuala es clase 13, interino clase 9 y desde ahora interino clase 7 en el cargo de asesor administrativo de la secretaría de Modernización.
Los otros dos que saltaron de técnicos a funcionarios con las acordadas fueron Emilio Cuenca Musri y Rita Palermo Comeglio, que ahora son secretarios de oficinas de gestión administrativa penal.
Estos ascensos son diferentes a los de otros empleados que figuran en las acordadas, como el de Marcos Argañaraz -sobrino del ex juez de la Corte Alejandro Perez Hualde-, que pasó de la clase 22 a la 21 en la categoría de maestranza, respetando la reglamentación.
Casos anteriores
Estas acordadas recuerdan a las de diciembre de 2017 con las que la Corte nombró a Carlos Quiroga Nanclares -sobrino de Jorge Nanclares- coordinador de la Unidad de Transformación y Desarrollo Institucional en clase 1; a Elizabeth Carbajal secretaria privada de Ceremonial y Protocolo; y a Nora Gomina en la Secretaría de la Sala I de la Suprema Corte.
Por qué no hay exámenes ni concursos
En abril de 2018, la Corte publicó la acordada 28.734 que frenó el ingreso de personal durante todo el año. Además, la ley 9040 establece en el artículo 24 que para implementar los tribunales penales colegiados se deberán usar los recursos humanos existentes. Es decir, que los funcionarios y empleados de las Cámaras del Crimen y Juzgados de Garantía, Correccionales, Flagrancia y Ejecución Penal pasarán a ocupar cargos en las OGAP y Oficina de Apelaciones.
Ante estas dos limitaciones, ¿por qué la Corte decide 23 nuevos ingresos y ascensos?. En las acordadas se explicitan tres fundamentos: que necesitan personal para cubrir los turnos vespertinos, que hay personal con muchas responsabilidades que deben ser jerarquizados y que deben cumplir los plazos para que el nuevo sistema funcione correctamente, por lo tanto, deben fortalecer la secretaría de Modernización para llegar a los objetivos.
“Hay que hacer una reasignación de recursos y un cambio en el escalafón judicial que frente a la oralidad quedó viejo, porque antes se necesitaba un escribiente y eso ahora se resuelve de forma oral y con medios informáticos”, explicó Nanclares.
“Los saltos de clases son casos especiales como cuando se implementaron los juicios por jurado. Además, hay muchos empleados judiciales capacitados que se han recibido de abogados o procuradores y que pueden ser reasignados”, añadió.
Desde el gremio no están de acuerdo con las excepciones que tildan de "ingresos por la ventana" ni de los ascensos arbitrarios.
“Para ingresar al Poder Judicial hay que rendir una serie de exámenes y con los resultados se establece un orden de mérito para cubrir los cargos. El personal técnico y administrativo tiene que entrar por examen, y los funcionarios y personal jerárquico por concurso”, explicó Ordoñez.
“En general se designa a un interino por un año hasta que se llama a concurso. Pero siempre gana el que estuvo interino porque tuvo un año para entrenarse en el cargo. Esto desmotiva al empleado judicial porque hay muchas personas que han estudiado y están esperando pero nunca las llaman”, agregó.
