Que la administración de la cosa pública sea ágil y eficiente es quizás el objetivo más anhelado por todo aquél que quiera gobernar. Se trata casi de una obsesión que implica solucionar con rapidez, y al menor costo posible, los requerimientos que los distintos sectores del Estado tienen, ya sea por suministros, insumos o por la prestación de servicios, en muchos casos esenciales.
Ése parece ser el motivo que ha llevado al gobernador Francisco Pérez a tender a abandonar los llamados a licitación pública y optar por el uso del Catálogo de Oferta Permanente, una herramienta "que tiende a la transformación y a la agilidad", según los funcionarios que la promueven, y que se usa a través de Internet.
A tal punto es utilizado este formato en la actualidad que el Gobierno decidió, hace poco más de un año, ponderarla por encima de cualquier otra forma de adquisición de bienes "de compra habitual" y hasta liberó a la Dirección de Compras y Suministros de cualquier límite en los montos, pasando de gastos que tiempo atrás eran ínfimos a las millonarias sumas que hoy se pagan por una sola transacción, como ocurrió con los móviles policiales recientemente adquiridos, que costaron a la Provincia casi 26 millones de pesos y de lo cual Los Andes dio detalles el lunes 14 de abril.
El sistema fue ideado durante la gobernación del radical Julio Cobos, en 2006, y funcionó de manera alternativa al resto de las modalidades hasta 2012. Al principio fue incorporado tímidamente a la Ley de Contabilidad de la provincia (3.799). Primero, para ser usado en lugar de algunas licitaciones privadas y luego, en las excepciones que esa norma plantea.
"La idea del Catálogo es armar un sistema informático que acelere las compras, con una publicación en la web y con un control previo de Contaduría", explicó el ministro Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez, agregando que en 2010 "el sistema se incorporó a las excepciones que plantea el artículo 29 de la Ley de Contabilidad".
Fue a través de la Ley de Presupuesto 2013 (8.530), que contó con la aprobación, en diciembre de 2012, del oficialismo y de la UCR (los demócratas no apoyaron), que el Gobierno decidió priorizar el sistema y encargó a Compras y Suministros "confeccionar un catálogo electrónico de oferta permanente de bienes y servicios de consumo habitual y/o periódico", obligatorio para la Administración Central, los organismos descentralizados y cualquier ente comprendido en la Ley de Presupuesto "sin límite en el monto de las contrataciones".
Esta condición de montos ilimitados cuenta con una contradicción legal, ya que hay una especie de "convivencia" entre las excepciones del artículo 29 de la Ley de Contabilidad, que limita los montos autorizados "hasta $ 400 mil" y la ausencia de límites que otorga el nuevo artículo 30.
"Propusimos solucionarlo en el nuevo Presupuesto que aún no se vota este año", resaltó García Ibáñez, admitiendo la contradicción.
Pero, además, para el Gobierno es totalmente justificable poder manejar libremente esas grandes cantidades, ya que en algunos casos, como en el de los móviles policiales, se trata de productos "de compra habitual", y en ese sentido pueden equipararse con otros insumos de menor valor.
Así lo entiende Pérez, para quien la compra con el catálogo oficial "es una metodología más transparente, en la que se abrevian los pasos y eso es importante porque en este caso se necesitan los vehículos en el corto plazo, más allá de sus valores", declaró.
En el radicalismo no dieron opiniones al respecto, aunque los consultados avalaron esta forma de comprar y también la posibilidad de contar con dinero rápido para satisfacer los requerimientos del Estado, más allá de la preocupación que -según reconocieron algunos- puede generar el manejo ilimitado de grandes sumas.
Sin contratación directa
Como se dijo, días atrás una publicación de este diario sobre la compra "por contratación directa" de autos y camionetas para la Policía, por un monto de casi $ 26 millones, generó la reacción del Gobierno que rápidamente salió a aclarar que la transacción "no se hizo por compra directa", más allá de que los decretos en los que se autorizaban los montos para camionetas, de $ 7,8 millones, y para autos, de $ 17,9 millones (555/14 y 556/14, publicados en el Boletín Oficial el pasado 11 de abril) decían claramente que las compras se hacían "por contratación directa" con la empresa Yacopini Inversora S. A.
"Hubo un error técnico en la redacción de esos decretos" se excusó García Ibáñez, agregando que la compra por catálogo "es similar a una licitación pública".
Pérez también explicó el caso. "Es una licitación pública por catálogo. Se llevan adelante todos los pasos administrativos: Fiscalía de Estado, Contaduría General, Asesoría de Gobierno. Luego se publica en los medios y además se notifica personalmente a cada proveedor", explicó el gobernador, agregando datos que demuestran que la compra de vehículos es cada vez más común en este formato. "En Salud, hemos licitado dos camiones y 18 ambulancias", confió.
Con esto se tiene que el uso del catálogo electrónico es cada vez más frecuente para el Gobierno y las estadísticas lo confirman.
En 2008, cuando su utilización aún era provisoria, apenas se superó el millón de pesos en gastos diversos. Pero en 2013, cuando se hizo obligatoria su aplicación, la suma gastada llegó a $ 144 millones.
A marzo de este año, y según la página de la Dirección de Compras y Suministros, lo gastado ascendió a poco más de $ 122 millones, aunque algunos funcionarios dijeron que "ya son $ 130 millones los transados", teniendo en cuenta lo que va de abril, lo que permite proyectar que lo que se gaste este año será mucho más que en 2013 y que el Gobierno ya prácticamente desechó el antiguo sistema de licitaciones prefiriendo el Catálogo de Oferta Permanente, el cual, según el director de Compras Marcelo Rallo, "es la forma en que se comprará en el futuro, que ya está vigente".
