La actual gestión gubernamental provincial transcurre sus últimos meses en medio de una delicada situación financiera, reflejada en un inusual atraso en el pago de sueldos a estatales y otras obligaciones, y generando una elevada preocupación en la dirigencia política en general, puesto que se teme que el actual problema se traslade al gobierno que asumirá en los primeros días de diciembre.
En el marco de la extensa transición que derivó del desdoblamiento electoral, el oficialismo y los representantes del próximo gobierno gestaron y aprobaron un trabajoso acuerdo político que consensuó autorización para la toma de deuda por 5.800 millones de pesos, cubriendo de esa manera las urgencias del gobierno saliente de Francisco Pérez y previendo el comienzo del de Alfredo Cornejo.
Sin embargo, ese monto, especificado por ley en 5.800 millones de pesos, fue rotundamente negado por el gobierno nacional, que sólo aceptó oxigenar las cuentas todavía a cargo de Pérez con la refinanciación de 2.300 millones de pesos que se le deben al Banco de la Nación. Es el Ministerio de Economía de la Nación el que debe avalar el endeudamiento, más allá de que el mismo haya sido autorizado por una ley provincial.
Sin duda, la decisión presidencial de sólo ayudar el final de ciclo del gobernador Pérez constituyó un golpe duro a las pretensiones de Cornejo de iniciar su mandato con previsibilidad financiera y, fundamentalmente, una demostración más de que la Nación sigue estando en manos de quienes priorizan intereses políticos sobre los de las provincias que componen la Argentina.
En el justicialismo mendocino hay quienes, contrariamente a la cerrada postura del kirchnerismo nacional, entienden que en lo sucesivo, y ya en el rol de oposición surgido del voto popular, se debe pensar en el respaldo al futuro gobierno para salir de la delicada situación actual.
Esto no deja de ser alentador, puesto que supone una clara admisión de que ésta y anteriores administraciones provinciales han abusado de los recursos del Estado por un uso hasta irresponsable de los mismos.
De una vez por todas, quienes están al frente de la Provincia deben entender que son meros administradores de los recursos de todos los mendocinos, producto del esfuerzo contributivo y del riesgo de la inversión privada, uno de los pilares históricos del desarrollo y crecimiento que supo caracterizar a Mendoza.
El manejo de las cuentas públicas exige respetar aquel básico precepto de que no se debe pagar más de lo que se puede. Y si se torna inevitable un exceso, es prioritario tener previstos los recursos para enfrentar el desfasaje a generar.
Los acuerdos de partes, el manejo del ingreso de personal a la planta permanente y el traslado hacia adelante de obligaciones de pago, son muchas veces ejemplos claros de improvisación o directamente mala praxis administrativa, aspectos que no deberían ser tolerados o que justificarían una exigente evaluación por parte de los organismos a cargo del control del manejo de las cuentas públicas.
Por otra parte, el manejo responsable de los recursos del Estado provincial evitaría, entre otros aspectos, tener a una provincia a merced de los designios del poder nacional de turno, como una vez más ha quedado en evidencia en estos días ante los pedidos de auxilio del gobierno de Mendoza.
