Así como la semana pasada venció el plazo para que el exgobernador Francisco Pérez y las más de 1.400 personas que integraron su gestión presentaran su declaración jurada, mañana es el día límite para que el mandatario Alfredo Cornejo, la vicegobernadora y el gabinete de Cambia Mendoza hagan lo propio. Y si bien hasta el momento sólo han cumplido con la obligación las segundas y terceras líneas, desde el Gobierno radical aseguran que están encaminados hacia tal labor y que lo harán dentro de las fechas exigidas.
Se trata, cabe recordar, del decreto 1.789/15 que “dispone la obligación de los funcionarios públicos que tienen cargos de responsabilidad en el manejo de fondos oficiales, de presentar su declaración jurada patrimonial”. Tal normativa rige desde octubre de 2015 por un pedido que la Fiscalía de Estado hizo al Poder Ejecutivo a cargo de Pérez en ese entonces. Dependencia esta, conducida por el fiscal Fernando Simón, que ahora justamente tiene la tarea de recopilar la información y publicarla en su sitio web.
Según establece el decreto, los funcionarios y empleados públicos tienen, a partir del día en el que asumen su cargo o puesto laboral, 30 días hábiles para brindar los datos de su situación patrimonial. Hasta el momento, tal cual lo provisto por la Fiscalía, en el grupo de funcionarios “entrantes” sólo ha presentado la DD.JJ casi ninguno de los de “primera línea” del Ejecutivo y dos legisladores.
Así, dentro de las figuras más reconocidas están el director general de Escuelas (DGE), Jaime Correas; el secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Mingorance; el secretario de Legal y Técnica, Ricardo Canet, el titular de Pami, Carlos Valcarcel (que además es el médico de Cornejo) y las senadoras provinciales Daniela García y Marisa Ruggeri.
De todas formas, en el Gobierno de la Provincia subrayaron que están todavía dentro del plazo (que termina mañana exactamente a las 21) y que se cumplirá como corresponde. Incluso, añadieron en off, que hace algunas semanas hubo una reunión grande en la que Cornejo convocó a todo su equipo para decirle “cara a cara” que absolutamente todos debían presentar la declaración pertinente.
Desde la Fiscalía de Estado, contaron también un poco sobre cómo es el procedimiento que ellos llevan adelante. “Cada una semana informamos el ‘corte’ que hacemos. El último que hicimos fue el miércoles pasado. El 26 de enero (por mañana) se vence el plazo para que Cornejo, Montero y sus ministros presenten sus declaraciones juradas. Calculamos que van a hacer menos que los salientes (que fueron 1.437) porque este Gobierno tiene casi la mitad de ministerios respecto al de Pérez”, analizaron.
De todas maneras, también es importante contar que en esta primera parte del procedimiento legal únicamente se informa si las personas abarcadas por la normativa hicieron o no su presentación. Y tanto del ex gobierno de Pérez como del actual de Cornejo, será recién en marzo cuando se dé a conocer el contenido de cada una de las declaraciones de bienes. En ese sentido, en la Fiscalía también adelantaron que el mes que viene sacarán una resolución porque no se dará a conocer públicamente todo el contenido de la DD.JJ.
“Muy probablemente los primeros días de marzo se dará a conocer la información porque es cuando se cumplen los 90 días del decreto. Allí se va a publicar en nuestra página (www.fiscalia.mendoza.gov.ar) todo: salientes y entrantes. Pero primero habrá una resolución porque algunos datos (como por ejemplo patentes de autos y direcciones) no se darán a conocer por una cuestión de seguridad”, detallaron desde la Fiscalía de Estado. Remarcando así que en marzo se sabrá quienes son los “cumplidores e incumplidores”.
La semana que pasó se informó que del ex gobierno de Pérez sólo poco más del 50 por ciento cumplió con su DD.JJ. Al respecto, en Fiscalía también contaron que evidentemente el porcentaje incumplidor se asustó porque una vez vencido el plazo comenzaron a hacer la presentación. Es que, los que no cumplen son intimados para en cinco días lleven la información. “El incumplimiento de esa intimación se considerará falta grave y de no encontrarse comprendido en el estatuto del empleado público, se solicitará la separación de su cargo”.
