Cuánto evolucionó el patrimonio de los legisladores nacionales por Mendoza

La publicación de la evolución patrimonial de la presidenta Cristina Fernández durante 2013, publicada por la Oficina Anticorrupción (OA), generó revuelo por la abultada fortuna que declaró la jefa de Estado: más de 55 millones de pesos.

Más allá de cómo evolucionó su patrimonio (cerca de un 15%), la Oficina Anticorrupción puso a disposición, además, las declaraciones juradas de los legisladores nacionales. Mendoza cuenta con trece representantes en el Congreso Nacional, tres en el Senado y 10 en Diputados.

Con algunos números que sorprenden, detallamos “cómo les fue” en términos patrimoniales durante 2013.

Senadores

Por el FpV, Adolfo Bermejo, declaró iniciar el año con un patrimonio de 920.008 pesos, mientras que cerró el 2013 con 1.579.251 pesos y una deuda de 700 pesos. En su caso la evolución fue del 71,6%.

La OA detalla bienes, depósitos y dinero al inicio del año y al finales de diciembre, calculando así la evolución patrimonial. De todos modos, publica, no en todos los casos, la diferencia de la valuación de los bienes al final del año respecto del primer día de enero.

Por el radicalismo nos representan Laura Montero y Ernesto Sanz.

Sanz denunció que su patrimonio consta de 5 propiedades, 4 terrenos, tres automóviles y dinero en efectivo entre dólares y moneda nacional. En total suman 2.638.258,47, habiendo iniciado el año con 1.827.498 pesos, por lo que se expandió un 22% entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013. En el caso del sanrafaelino, la diferencia por valuación de bienes es de más de 400 mil pesos.

En tanto, Montero declaró bienes por 738.444 pesos al comenzar el año pasado y 1.896.117 pesos al cerrar el período. Aunque sostiene que mantiene una deuda por un crédito hipotecario de 698.695 pesos. En este caso la evolución es del 62%.

Diputados

Pasando a los legisladores de la Cámara baja por Mendoza, nos encontramos con 10 diputados: 4 por el Fpv, 4 por la UCR, uno por el PD y uno por el FIT.

Empezando por el oficialismo, la OA detalla el patrimonio de uno de los legisladores más austeros, según su declaración jurada. Se trata de Guillermo Carmona, quien declaró que sus bienes a principios de 2013 eran de 107.500 pesos (una casa en Ciudad) y al final del año llegaron a 169.370 pesos, sumando un auto usado. Incluso declaró una caja de ahorro con un depósito de 7,55 pesos.

Por su parte, la camporista Anabel Fernández Sagasti arrancó el año pasado con un patrimonio de 89.775 pesos y culminó con 140.899, aduciendo deudas por 46.625 pesos con el Banco Nación,. Si restamos la deuda, el crecimiento es mínimo.

Otro justicialista es Dante González, el sindicalista petrolero es uno de los más creció según la OA, ya que declaró iniciar 2013 con un capital (bienes, depósitos y dinero) de 438.978 pesos y cerró el año con 1.081.702 pesos, sin declarar deudas, por lo que su evolución patrimonial fue del 147%.

El lote del PJ lo cierra el ex intendente de Guaymallén, Alejandro Abraham, uno de los nuevos en el recinto del Congreso, quien denunció que 2013 comenzó con un patrimonio de 537.849 pesos. Al cerrar el período, declaró contar con 1.105.338 pesos. Ahora bien, asegura tener deudas por 304.206 pesos. Sacando cuentas, evolucionó un 48%.

Ahora pasamos a la bancada radical. Acá nos encontramos con el ex vicepresidenta Julio Cobos. El ingeniero manifestó comenzar el año pasado con 482.922 pesos hasta alcanzar el 1.020.413 de pesos al final, expandiéndose así un 90% durante el año pasado.

A Cobos no le gustó mucho este último número para su imagen pública y salió a explicar que su patrimonio no había crecido, sino que lo que había aumentado era la “diferencia de valuación de los mismos bienes al inicio y al final del año2, ítem que detalla la OA y destaca que en el caso del ex gobernador mendocino, fue de 433.512 pesos. Entonces, si restamos el ajuste de valuación, el patrimonio de Cobos creció un 21%, un número más “amable”. Pero en la mayoría de los casos ha habido ajustes en la valuación.

Junto al ex vice de Cristina está el ex ministro de Hacienda local, Enrique Vaquié, quien dice poseer dos casas, un lote y una camioneta 4x4 y quien declaró iniciar 2013 con 972.658 y finalizar con 1.560.054 pesos, con una deuda de más de 300 mil pesos. Así, su evolución fue del 28%.

En tercer lugar en la bancada radical está otra "nueva" en el recinto, se trata de Patricia Giménez. La legisladora le dijo a la OA que comenzó el año 2013 con 238.620 pesos y terminó brindando a fin de año con 624.880. Eso sí, con una deuda de 137.000 pesos. El porcentaje de crecimiento patrimonial para la ex directora de Estadísticas es del 104%.

Luis Petri es quien cierra las filas de la UICR en Diputados. La declaración jurada del legislador no aparece en la web de la OA pero sí en la AFIP (Petri indicó que ya envió sus datos a la Oa).

El diputado, que alcanzó “fama” por la ley de seguridad que mediáticamente llevaba su nombre “Ley Petri”, dice tener dos autos y depósitos por 254.705 pesos.

Ahora pasado a Roberto Pradines, del PD. En su caso y siempre según lo datos publicados por la OA, no hay información sobre su patrimonio al principio de 2013. Sí está la información llegando al final del año, donde declara tener 4 inmuebles y una camioneta por 2.070.000 pesos.

Por último, nos representa el diputado Nicolás del Caño (FIT), quien hizo historia al ser el primer representante de la izquierda de Mendoza en el Congreso. Del Caño, quien públicamente ha dicho que dona parte de su dieta y presentó un proyecto para que otros legisladores lo imiten, declaró comenzar y terminar el año 2013 con 158.057 pesos de una casa que heredó, sin movimiento en su patrimonio.

Cifras relativas

Hasta acá la evolución patrimonial de quienes le ponen voz a las necesidades del pueblo mendocino. Cabe destacar que la valuación que se hace en las declaraciones juradas no suelen ser muy cercanas a los precios que se manejan en el mercado. De todas maneras, sorprende cómo en algunos casos, el crecimiento es mínimo y en otros, superlativo.

Por último, no es menor detallar que esta información está disponible luego de la reforma constitucional de 1994, que plantea la necesidad de generar una norma de ética pública que en 1999 se concretó en la ley nacional 25.188, por la que los argentinos pueden conocer las declaraciones juradas patrimoniales de sus funcionarios.

También hay que destacar que en la Legislatura no han avanzado ninguno de los 14 proyectos para tener una ley de Ética Pública local.