Cuando el gobierno actual comenzó su gestión decidió aplicar un proceso gradual para bajar el déficit, que estaba representado, básicamente, por los subsidios a las tarifas de servicios públicos, pero también por una estructura enviciada que no agrega valor y que tiende a retroalimentarse con una creatividad digna de mejores objetivos.
El gradualismo aguantó mientras se mantuvo el financiamiento externo pero, todos sabían, que si se cortaba, había que recurrir a métodos mucho menos graduales. Los préstamos del exterior ayudaron a financiar el déficit, pero trajeron tres consecuencias que hoy estamos pagando: atraso cambiario, deuda en pesos y deuda en dólares.
Mientras entraban dólares del financiamiento, el dólar quedó casi planchado y todos creían que era una herramienta contra la inflación, pero se olvidaron que el proceso se alimentaba por los pesos emitidos para pagar gasto y déficit y por el ajuste de tarifas que se hacía para eliminar subsidios bajar un poco el déficit.
Toda la estrategia para bajar el déficit se asentó en las tarifas pero no hubo ninguna iniciativa tendiente a bajar seriamente el gasto público. La moneda que se creaba se absorbía mediante las Lebac, instrumento creado durante el gobierno kirchnerista, que fue creciendo y a medida que las tarifas impactaban en los precios el BCRA subía más las tasas para sacar pesos de circulación.
Cuando se cortó el financiamiento externo, el gobierno comenzó a recurrir a Letes, títulos en dólares emitidos dentro del país, mientras insistía en las Lebac, pero la aventura rápidamente se transformó en una pesadilla. Los acreedores rápidamente hicieron las cuentas y se vieron que el riesgo de que Argentina no pudiera pagar su deuda en la última parte de 2018 era muy grande y comenzaron a vender bonos haciendo subir la tasa de riesgo país. Todo mal.
Fue en esas circunstancias que el gobierno decidió recurrir al Fondo Monetario Internacional, ya que era el único prestamista de última instancia que le quedaba ya que se habían perdido muchas reservas intentando contener al dólar que, para ese entonces, estaba muy atrasado y no permitía las exportaciones. Con este panorama parece muy oportunista el argumento de oposición de resistirse a la asistencia del Fondo sin una propuesta seria alternativa.
El cambio de estrategia
El gobierno siempre estuvo muy preocupado por las reacciones de los movimientos sociales, aunque los mismos adquirieron un tamaño descomunal gracias a los fondos aportados por el Estado. Pero sabían que debían recurrir al prestamista con una estrategia y compromisos claros. Con las propuestas se consiguió el compromiso de un financiamiento récord que sería desembolsado por tramos, conforme a la evolución de los indicadores.
El cambio debía proponer bajar el déficit y la lógica indicaba que se comenzaría bajar el gasto público, pero no fue así. La resistencia de las estructuras del Estado para ajustarse terminaron derivando el nuevos impuestos. Esto se exacerbó cuando hubo que renegociar con el FMI y presentar un proyecto de Presupuesto 2019 con equilibrio fiscal. Esto suponía un ahorro de $600.000 millones en un año.
Inicialmente sería un compromiso compartido entre Nación y provincias, pero estas se resistieron y terminó la Nación asumiendo 2/3. Pero cuando se comenzaron las negociaciones, los gobernadores justicialistas comenzaron a poner tabas y exigir nuevas ayudas, lo que ha llevado a que el gobierno nacional vaya cediendo a dichas exigencias y la lamentable conclusión es que el año próximo tendremos una presión fiscal récord.
El gobierno tomó una medida precaria, que fue la de congelar la base monetaria hasta el 30 de junio de 2019 y estableció bandas de intervención cambiaria, que se harán efectivas si el valor del dólar supera los $ 44 o si desciende por debajo de $ 34. Para cumplir el objetivo monetario se maneja con Letras de Liquidez (Leliq) y es ayudado por el Tesoro que emite Letras de capitalización (Lecap) y Letra del Tesoro (Letes).
Para atraer capitales y sacar pesos, el BCRA fijó una tasa de las Leliq muy elevada y así consiguió que el dólar no se arrimara al valor máximo sino que bajara tanto que llegó a los niveles de $ 36. Esto fue porque, ante semejante tasas (74%) muchos vendieron dólares para pasarse a pesos. Las operaciones solo se hacen con bancos y las entidades tientan a grandes colocadores con tasas de hasta el 60%.
Estas tasas tienen paralizada la economía y es como un juego macabro porque con los intereses que paga el BCRA termina alimentando el mercado de pesos y debe pagar cada día más para cumplir el objetivo de tener congelada la base monetaria.
En este escenario, el problema es muy grave para las empresas, pero sobre todo para las pymes. Los pequeños empresarios no tienen atesoramientos en dólares, como las grandes compañías y ya se registran problemas en la cadena de pagos. Desde el comienzo de año ha crecido un 130% la cantidad de cheques rechazados, mientras muchas empresas intentan financiarse a través de los proveedores dado que el crédito bancario está en un 90%.
El presupuesto: arma mortal
Para cumplir con lo comprometido el gobierno apeló rápidamente a instalar una retención a las exportaciones del 12%, con lo cual piensa recaudar la mitad del ahorro fiscal. Pero como las provincias no quieren hacer ningún ajuste, se reformuló el Fondo Solidario, con retenciones a la soja, y ahora se dejó de lado la idea de eliminar el impuesto a los Bienes Personales para compensar a las provincias, que deberán hacerse cargo de los subsidios al transporte.
Así, se aumentaron los mínimos no imponibles, pero se introdujeron alícuotas que están entre el 0,25% y el 0,75%, pero con varias trampas que hacen que sea un gravamen muy complicado. Es que las provincias han aumentado mucho los valores fiscales de inmuebles. En Buenos Aires tuvo un incremento muy grande el Impuesto inmobiliario rural, por lo que los gravámenes al campo sumados pueden producir un efecto similar a la famosa Resolución 125.
El nuevo presupuesto, ante la presión de gobernadores justicialistas, no baja el gasto sino aumenta los recursos por la vía de mayores impuestos nacionales coparticipables.
De esta manera los mandatarios provinciales podrán argumentar que la presión fiscal es culpa de la Nación y afrontar con mejor cara el año electoral. Por otra parte, se dará una discusión entre peronistas y radicales por las exenciones del impuesto a las ganancias.
Mientras los gobernadores se resisten a eliminar este beneficio a jueces, funcionarios judiciales y legisladores, el radicalismo presentó un proyecto de ley para su eliminación y deberá darse un duro debate porque no queda claro qué defienden los gobernadores peronistas, aunque surge claramente que no piensan en el interés de los ciudadanos sino en los del círculo de poder al que pertenecen.
Está visto que estamos en una de las circunstancias más graves porque, al haber concurrido a solicitar ayuda al FMI, de deben cumplir una serie de compromisos, no solo cuantitativos sino también cualitativos. Es notable la resistencia del sector político para no renunciar a sus gastos y el afán por seguir presionando al sector privado.
Con este escenario es posible que Argentina entre en una peligrosa parálisis por el sector productivo no tiene incentivos y el sector público se quedará sin financiamiento. Quizás el camino, el más loco, es el que imaginan algunos políticos: romper con el FMI y volver a emitir moneda pero, en se caso, habrá mucho más que inflación.
