Las acusaciones y las denuncias fueron cruzadas, las discusiones estériles y los avances se demoraron. En el medio, más de 350 mil usuarios en todo el país se vieron afectados por un paro de actividades en el transporte colectivo de larga distancia, rehenes de un problema en el que cada una de las partes tuvo un mínimo de responsabilidad: desde los choferes, pasando por los empresarios y terminando en el Gobierno nacional.
Todo empezó con un pedido de incremento salarial, por parte del gremio que agrupa a los choferes de larga distancia (la Unión Tranviarios Automotor) cuyo reclamo -un 23 por ciento de incremento- no se aleja demasiado de la pauta que han acordado los sindicatos en otras actividades.
El problema se planteó con la respuesta empresarial, que indicó que no podían hacer frente al pedido porque, para ello, necesitarían recuperar el subsidio que el Gobierno nacional les dejó de abonar el año pasado. Frente a esa situación, desde el Poder Ejecutivo nacional acusaron a los dos sectores -empresarios y sindicalistas- de un posible complot para recuperar los subsidios y de inmediato se comenzó con la aplicación de multas a las empresas.
No es del caso señalar aquí quién tuvo razón en el planteo. Sí se puede decir que el pedido del sector laboral no es alocado y que se aviene a lo que está sucediendo con otras actividades económicas.
El problema se centra en que los dirigentes sindicales son conscientes de que cuentan con un arma poderosa, como es la medida de fuerza y que su trascendencia es importante. Es aquí donde se plantea una disyuntiva, porque se trata de un servicio de primera necesidad y porque quienes resultan seriamente afectados son personas que nada tienen que ver con el conflicto.
En el caso de los propietarios de colectivos, señalaron que hacer frente individualmente a ese incremento salarial determinaría la necesidad de aumentar las tarifas. Aseguran que si ello ocurre terminarán fuera del mercado en la competencia que tienen desde hace dos años con Aerolíneas Argentinas que, al recibir 4 mil millones de pesos anuales en subsidios, pudo bajar el precio de los tickets.
Es muy factible que los empresarios hayan aprovechado la circunstancia para reclamar la recuperación del subsidio, pero no es menos cierto que se encuentran frente a una competencia desleal, como es la aerolínea de bandera que, con sus ofertas, determina que muchas veces resulte más barato, o igual, viajar en avión que en colectivo hacia determinado destino.
En el caso del Gobierno, en lugar de centrar su posición en la denuncia de complicidad, debería re-estudiar la situación económica y financiera de Aerolíneas Argentinas, una de las empresas “recuperadas” pero a un costo inmenso para cada uno de los argentinos y en un hecho que termina perjudicando a los más pobres porque, a pesar de que con sus impuestos cooperan para paliar ese déficit, de ningún modo cuentan con posibilidades económicas como para viajar en avión.
Más grave aún es el hecho de que la aerolínea de bandera haga frente a salarios exorbitantes de grupos -en su mayoría jóvenes- que, pese al tiempo transcurrido, no han sido capaces de bajar gastos como para lograr reducir un mínimo ese déficit.
Con el levantamiento de la medida de fuerza, todo volvió a la normalidad. Es posible que, dentro del cúmulo de informaciones, el paro que afectó a los colectivos de larga distancia quede pronto en el olvido para gran parte de la población pero no para aquellos que debieron sufrir las consecuencias de un problema al que eran ajenos y que los obligó a improvisar alojamientos en las propias terminales de colectivos, con mínimas condiciones de higiene y salubridad a pesar de que en muchos de los casos estaban afectados por serios problemas de salud.
