Luego de las denuncias y de los rumores, la complicada situación financiera de Santa Rosa tomó forma con una auditoría que hizo el Gobierno y que ayer dio a conocer en detalle.
Entre los datos que clarifican el panorama de la comuna, se conoció que hace un poco más de dos meses, cuando asumió la concejal Norma Trigo a cargo de una intendencia “incendiada”, en la caja de la comuna había sólo $ 222.
Con un poco más de suerte, la gestión radical “de transición” se encontró en el arqueo de la cuentas bancarias con casi $ 900 mil, cifra que, si se considera el debe y el haber, termina siendo ínfima.
Es que tal como lo adelantó Los Andes ayer, el equipo auditor confirmó que la deuda total asciende a los cerca de 67 millones, de los cuales 60 millones son por gastos corrientes. "Representa 40% del presupuesto de Santa Rosa", graficó la vicegobernadora Laura Montero, una de las encargadas de realizar el análisis. En la presentación de los datos, también estuvo el ministro de Hacienda, Martín Kerchner.
La auditoría que se conoció ayer puso la lupa sobre la “herencia” que dejó el cuestionado intendente justicialista, Sergio Salgado, quien renunció a la comuna el 1 de abril pasado desde la cárcel. Es que antes de la dimisión, quien fuera intendente del departamento desde 2008, estuvo prófugo tras una orden de captura y luego quedó imputado y detenido por administración fraudulenta, peculado, emisión de cheques sin fondos y asociación ilícita.
La brasa caliente la tomó la concejal radical Trigo, quien ejerce una intendencia interina con la promesa de llamar a elecciones en el corto plazo.
Pero para dejar las cosas en claro y trazar una línea divisoria, el día que Trigo tomó las riendas de Santa Rosa comenzó a trabajar el equipo auditor que ayer le puso números a la situación deficitaria.
La factura que detalla la deuda corriente se compone de $ 21,5 millones al personal, $ 337.000 a sindicatos, $ 843.000 a Edeste y $ 37,3 millones a proveedores. “La idea es comprobar que lo que se pague realmente haya sido prestado a la comuna”, condicionó el futuro pago, Kerchner.
Según el detalle, hubo $ 6,4 millones en “cheques falsos”, señaló Montero, además de retenciones realizadas al personal para la OSEP y sindicatos, sin depositar.
“Hay cheques emitidos y no registrados, es decir, se emitía y no había expediente correspondiente. Hay muchos posdatados que no estaban cruzados”, explicó Kerchner.
Entre las facturas falsas, había pago a proveedores de combustible por $ 1,2 millón y $ 175 millones en expedientes que corresponden a Compras y Servicios sin precisar el pago.
Entre las irregularidades encontradas en el personal, el informe detalló que el listado de los empleados no coincide con el de las liquidaciones de los sueldos y que los decretos de nombramiento no cumplen requisitos formales.
Con la llegada de Trigo, hubo algunas modificaciones en cuanto a la cantidad de municipales. Es que hasta el año pasado, Santa Rosa era el departamento con más personal en relación a su población: 1 empleado cada 14 habitantes.
“Más del 70% del ajuste se realizó sobre el personal contratado, que disminuyó en más de 400 personas. Además, el personal contratado por horas cátedra disminuyó en 118 personas y el personal jerárquico en 22 personas, alcanzando los 28 jerárquicos en el Ejecutivo mientras que en diciembre de 2015 eran 61 funcionarios”, concluyó el informe.
Primera sanción para adelantar jubilaciones en el Estado
El proyecto que envió el gobernador Alfredo Cornejo para apurar el trámite jubilatorio de agentes del Estado ayer tuvo su primera sanción de la Cámara de Senadores y a partir de mañana podría ser tratado en Diputados.
La iniciativa prevé modificar un artículo de la ley 6.921 de “Reforma del Estado y Entes provinciales”. El cambio en cuestión consiste en achicar el plazo para que se jubilen de 1 año a 6 meses, una vez que han sido intimados a ello.
El cambio de plazos incluye 15 días iniciales para comenzar las gestiones para ingresar el sistema previsional. Una vez obtenido el turno en la Anses, comienzan a correr los seis meses y sólo en casos excepcionales, en los que no se compruebe negligencia a la hora de iniciar los trámites, podrá extenderse el período.
El proyecto que ya tiene el visto bueno del Senado salió con 30 votos a favor, 2 en contra (del FIT) y 5 ausentes.
