Mario Fiore - mfiore@losandes.com.ar - Corresponsalía Buenos Aires
Quienes hayan estado al tanto del minuto a minuto frenético de las noticias en la última semana tendrán la sensación de que los tiempos se han acelerado en la política argentina.
El video del hijo y del contador del empresario K, Lázaro Báez, contando millones de dólares en la “cueva” conocida como “La Rosadita” en 2012 -que se difundió hace unas semanas- conmocionó a la opinión pública y obligó a que el juez federal porteño, Sebastián Casanello, debiera imprimir velocidad a una causa que mantuvo durante años casi en estado larvario (sólo había procesado a personajes menores, como Leonardo Fariña y Sebastián Elaskar).
Como en esos embrollados thrillers políticos que están de moda en la televisión estadounidense, que consumen los espectadores de todo el mundo, la trama se teje por capas, en diferentes escenarios.
¿Quién iba a pensar que, desde el exterior, Mauricio Macri recibiría el golpe más gravitante sobre su imagen pública? No fueron sus políticas de ajustes, que suman despidos, subas de precios y tarifazos semana a semana.
Fue un informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre las empresas creadas por los poderosos de todo el mundo en paraísos fiscales con fines poco transparentes -conocida como Panama Papers- la piedra que ha hecho trastabillar al presidente argentino, que ganó hace cinco meses una elección crucial prometiendo ser la contracara de un gobierno, el kirchnerista, sospechado de corrupción generalizada y cuyas principales figuras están recorriendo por estos días los tribunales federales.
La mediática detención de quien fue un socio clave de la familia Kirchner, Lázaro Báez, fue un espectáculo esperado durante muchos años por quienes denunciaron la corrupción K.
Hasta ahora, la causa no tiene elementos que puedan conducir la investigación hacia el presunto lavado que habría realizado Báez junto a la familia Kirchner en los hoteles del sur. Casanello sólo escruta la operatoria con facturas “truchas” de las firmas de Báez y el affaire con los hoteles de Cristina Fernández está en manos de otro juez, Julián Ercolini (aunque Daniel Rafecas, más cercano al kirchnerismo, también pelea por este expediente).
Ercolini es el magistrado que el sábado decidió apresar en Córdoba al ex secretario de Transporte K, Ricardo Jaime -quien ya fue condenado por la tragedia de Once- por haber comprado trenes en mal estado en 2005 a Portugal y España.
En este thriller político judicial argentino, la enorme atención se concentra en la posibilidad de que Báez involucre a la ex presidenta Cristina Fernández y a su hijo Máximo en las maniobras de corrupción, luego de que éste diera a entender que un pacto entre ambas familias se ha roto. El multiprocesado Jaime ya declaró que pagó fortunas por chatarras por orden de Néstor Kirchner.
El próximo miércoles, Cristina Fernández se sumará a la larga lista de funcionarios de su gobierno que están declarando en Comodoro Py. Acudirá en calidad de testigo en una causa que investiga el juez Claudio Bonadío, en la que está imputado el ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli, por las operatorias de dólar futuro. Se trata de un expediente de menor voltaje, pero la visita de la ex presidenta a la sede judicial tendrá un gran impacto simbólico.
Aunque Macri explicó escuetamente que él no obtuvo dividendos de las dos sociedades off shore que creó su padre, Franco Macri, de las que él fue directivo, y que por ello no las expuso en sus declaraciones juradas, igual salió mal parado. El gobierno nacional tuvo poca predisposición a mostrar la documentación de las dos firmas -Fleg Trading y Kagemusha- a la opinión pública, pese a que el Presidente arribó al poder prometiendo conferencias de prensa.
Sólo ante la rápida reacción de un fiscal que tomó una denuncia de un diputado kirchnerista contra Macri, el titular del Ejecutivo decidió salir a cubrirse legalmente y aceleró la creación de un “fideicomiso ciego” para que terceros manejen su fortuna mientras él gobierna.
Ayer, los abogados del Presidente presentaron una “acción de certeza” en tribunales civiles para que un juez convalide el argumento de que Macri no estaba obligado a blanquear esas dos sociedades offshore, que no incurrió en “omisión maliciosa” como presume el fiscal Federico Delgado en el marco de una causa que también quedó en manos de Casanello.
La Casa Rosada teme al fiscal Delgado porque éste también se mostró rápido de reflejos para impulsar otra investigación que roza al Presidente y que no surgió de una acusación del kirchnerismo sino de una denuncia de la socia política del Gobierno, Elisa Carrió. La líder de la Coalición Cívica acusó al presidente de Boca, Daniel Angelici, de operar en los tribunales federales en nombre de Macri.
La guerra de Carrió con este opaco personaje del macrismo está que arde ya que el jueves se produjo la renuncia del juez más denunciado por corrupción en los últimos 20 años: Norberto Oyarbide. La chaqueña está convencida de que el magistrado pactó con Angelici su retiro para evitar ser destituido.
La política, está claro, comenzó a jugarse en el laberíntico tablero de los tribunales federales. La Justicia no se está ocupando esta vez de defender la división de poderes de los embates del gobierno de turno. Está avanzando en terrenos más resbaladizos, escrutando la legalidad de los negocios que funcionarios y empresarios realizaban desde y con el Estado, con la plata de todos los argentinos.
El escenario es en extremo delicado porque el telón de fondo es un país inmerso nuevamente en una de sus crisis económicas recurrentes y el cansancio moral de la ciudadanía se conjuga con las restricciones en su calidad de vida, cuyo testimonio más contundente fue el informe de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el crecimiento alarmante de la pobreza en el último trimestre, desde que Macri gobierna.
