La tragedia ocurrida con el fiscal de la causa AMIA ha superado todos los límites en el país, como si la frágil institucionalidad que aún poseíamos se hubiese disipado casi enteramente en una nube de oscuridad, como si extraños acontecimientos y personajes que lucran y medran fuera de los focos de luz pública hubiesen tomado el poder de la Nación para conducirla al peor de los infiernos.
Todos los argentinos nos preguntamos consternados a donde hemos llegado, no pudiendo creer lo que estamos presenciando frente a este resurgir de la violencia política que la gran mayoría desea superar luego de los infinitos males a los que condujo a la República en tiempos que no hay que olvidar para no volver a repetirlos nunca más.
Más allá del caso AMIA y de todas sus inmensas derivaciones en veinte años de ocultamientos y oprobios, el fiscal Nisman avanzó en las últimas semanas en las conclusiones de la investigación sobre el memorándum que el gobierno argentino intentó firmar con el Estado de Irán, acusando a las más altas autoridades oficiales de formar parte de un plan criminal.
Si la denuncia fue de por sí gravísima por la entidad de la acusación y particularmente de los acusados, la actitud del gobierno nacional no le fue en saga despotricando por todos los medios posibles contra el fiscal en vez de esperar primero la presentación de las pruebas.
Un periodista oficialista llegó a decir este domingo, en un diario de tiraje nacional, que habría que convocar a una movilización popular por las calles contra la resolución del fiscal Nisman, la cual formaba parte de un intento destituyente.
Si bien el gobierno kirchnerista suele acusar de golpista a todo quien ose discutir mínimamente sus políticas, la misma actitud ahora cobra una envergadura mucho más grave cuando el investigador en jefe dentro de la Justicia resulta muerto en condiciones por demás sospechosas, se diga lo que se diga.
Por lo tanto, el clima político instalado, en particular desde los actores oficiales, a lo único que ha contribuido es a que la inmensa mayoría de los argentinos encierre gravísimas sospechas sobre autorías criminales de esta muerte, ligadas con el poder político y/o sus servicios de seguridad.
De más está decir que las grandes repercusiones mundiales (todas negativas) del caso no hacen más que contribuir a aumentar el ya creciente desprestigio de la Argentina por las erráticas, confusas y a veces irresponsables políticas internacionales adoptadas en los últimos tiempos.
De cualquier modo, a partir de ahora, lo básico, lo imprescindible, lo elemental, es resguardar los resultados de las investigaciones encaradas por el fiscal y su equipo. Es necesario y vital, entonces, que, con fiscal o sin él, la causa no se detenga.
