Resulta lógico y coherente que cuando un hombre electo por el pueblo, sea gobernador o presidente, deba designar a los funcionarios que integrarán su futuro gabinete, recurra a gente de su agrupación política o a personas que considere aptas para el cargo, porque al fin y al cabo son quienes comulgan con sus ideas y serán quienes podrán llevar a cabo en forma coherente los objetivos trazados. Y hasta se dan algunos casos excepcionales, como la decisión de Mauricio Macri de extender las funciones del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del gobierno de Cristina Kirchner, Lino Barañao, quien continúa en el cargo merced a la excelente gestión desarrollada. Como también resulta lógico que los cargos políticos con acuerdo del Senado deban proseguir en sus funciones por el tiempo que especifica cada institución, más allá de que coincida o no con el fin del gobierno que lo nombró. Pero lo que no resulta lógico es que se utilicen esas funciones con acuerdo senatorial partidizando la gestión en lugar de mantener un respeto irrestricto hacia la tarea por desarrollar.
A nivel nacional, eso ha ocurrido en tres organismos fundamentales: el Banco Central, la Procuraduría General de la Nación y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), que han sido severamente cuestionados en los últimos tiempos y que se encuentran en plena discusión en la actualidad. En los tres casos se necesitó acuerdo del Senado para las designaciones y también respecto del hecho de que sus funciones exceden a las del gobierno de turno. Pero sucede que ninguno de ellos mantuvo la independencia del organismo y, muy por el contrario, partidizaron abierta y alevosamente sus gestiones.
En el caso del Banco Central, aceptando sin discusión medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo que ponían en serio riesgo las reservas. Finalmente su presidente renunció. Pero los que no renunciaron fueron otros dos.
En la Procuraduría, Gils Carbó ingresó con un masivo apoyo del Senado pero inmediatamente después de asumir aceptó sin condicionamientos las exigencias del gobierno kirchnerista, que incluyeron el desplazamiento de los fiscales que pudieran significar una amenaza para la jefa del Estado o sus ministros. El kirchnerismo defiende a ultranza a la funcionaria, asegurando que cualquier presión para su desplazamiento es inconstitucional, pero olvida que durante su gestión debieron dejar su cargo dos jefes de los fiscales por presiones del propio Ejecutivo: Nicolás Becerra y Esteban Righi, para colocar en el cargo a una procuradora afín a su pensamiento político.
El caso de la Afsca también es muy grave. Porque su titular, Martín Sabbatella, si bien no surgió desde las filas del justicialismo (es de extracción del Partido Comunista) se convirtió rápidamente en uno de los soldados más fieles a la Presidenta de la Nación. Así entonces, en lugar de cumplir con la función que le fue encomendada se dedicó a militar la causa contra algunos medios a los cuales el Gobierno había decidido exterminar y utilizó a Sabbatella de verdugo. Su obsecuencia tuvo premio político al ser impulsado como precandidato a vicegobernador en la provincia de Buenos Aires, junto a otro inefable: el ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández. Perdieron con el corte de boletas más grande que se produjo en la historia de esa provincia.
De hecho, entonces, en ninguno de los tres casos se cuestiona la legalidad de sus designaciones, pero no quedan dudas de que se excedieron mal en el ejercicio de sus funciones, jugando abiertamente a favor de una determinada fracción política. Incluso hoy no pretenden seguir permaneciendo en ellas para construir la objetividad que jamás tuvieron sino para “resistir” como ha instruido a los suyos la ex presidenta de la Nación considerando al nuevo gobierno como una dictadura.
