Una emergencia social grave puede implicar la suspensión temporaria del pacto normal de convivencia. Por miedo o por convicción, hay libertades que ceden frente al principio de orden social. El poder administrador concentra en sus manos facultades que en circunstancias normales tiene prohibidas.
Dicho en otros términos: por causas extraordinarias el contrato democrático es suplantado por otro menos abierto. Con razones justificadas y fecha de vencimiento.
Hay en ese acuerdo tácito un componente moral ineludible. A mayor concentración de poder, mayor responsabilidad frente al bien común. Un abuso de autoridad es más grave en un contexto de emergencia. Con la sociedad confinada por el temor a una peste, es inadmisible sacar ventaja de las circunstancias con espíritu de facción.
La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y sus seguidores, han resuelto aprovechar la pausa obligada que una gravísima pandemia impone sin atenuantes al funcionamiento normal de las instituciones, para procurarse una tajada de beneficios personales.
Cristina Fernández trabajó desde el día uno de la cuarentena en su estrategia de presión sobre la Justicia para liberarse de las causas que tiene pendientes. Apenas se decretó la feria judicial de emergencia, trajo de regreso a su hija Florencia, a quien había refugiado en Cuba para evitar que declare en los tribunales.
Al mismo tiempo, puso a un funcionario de su confianza a controlar la oficina estatal encargada de velar por la integridad de algunos testigos protegidos que la denunciaron. Ese funcionario es Juan Martín Mena. El gestor del espionaje estatal durante la crisis que comenzó con la excomunión de Antonio Stiusso y estalló con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Mena se encuentra procesado en la causa por la firma del memorándum con Irán que denunció el fiscal Nisman, antes de morir.
Entre esos testigos protegidos estaban José López, el exfuncionario de Cristina que arrojaba bolsos en un convento. También Víctor Manzanares, excontador de la familia Kirchner que narró los enjuagues para que el exjuez Norberto Oyarbide absolviera a la expresidenta de su enriquecimiento ilícito. Alejandro Vandenbroele, el amigo de Amado Boudou que describió las maniobras para la apropiación ilegal de Ciccone. Y Oscar Centeno, el testigo clave en la causa de los cuadernos. La más grave y detallada descripción de la corrupción público-privada que conoció el país.
Durante la cuarentena, el exvicepresidente Amado Boudou obtuvo el beneficio de la detención domiciliaria pese a no reunir los requisitos necesarios. Gestión que encaró la funcionaria y abogada personal de Cristina, Graciana Peñafort. Otro de sus alfiles, Horacio Pietragalla, intentó lo mismo en favor de Ricardo Jaime. Le fue mejor con las tramitaciones que hizo junto a Mena para la excarcelación masiva de presos comunes, en el marco de una negociación con los cabecillas de un motín en el penal de Devoto. Los presos se rebelaron invocando un principio de equidad: la impunidad en crecimiento debía socializarse.
No conforme con estos avances, Cristina logró que otro de sus colaboradores, Félix Crous, desistiera de la posición como querellante de la Oficina Anticorrupción en las causas más complicadas que se le siguen. Aquellas donde se investigan sus negocios con hoteles en el sur. Donde los indicios de colusión entre la familia Kirchner y contratistas del Estado, como el detenido Lázaro Báez, son tan nítidos que merecen la participación obligada del organismo anticorrupción.
Mientras el presidente Alberto Fernández le pedía a la sociedad el esfuerzo de resignar su libertad ambulatoria y observar de brazos cruzados el derrumbe inducido de su economía, su compañera de fórmula aprovechó el estado de excepción construyendo condiciones favorables para eludir la acción de la Justicia.
La responsabilidad del Presidente en ese proceso es inexcusable. Los seguidores de Cristina que actuaron allí son funcionarios públicos designados por Alberto Fernández y -en teoría- bajo su mando. Las declaraciones del Presidente insinuando una reforma de la Corte Suprema de Justicia -donde van a desembocar los recursos procesales de la expresidenta- agregaron un condimento grave.
Las dos cuarentenas que impuso el Gobierno a fines de marzo ya se acercan a su fin. El cerco del aislamiento sanitario comenzó a ceder mucho antes que la autorización oficial. La crisis social le pasó por arriba.
La otra cuarentena se aplicó a la deuda externa. Su plazo perentorio concluye el viernes. También se vació desde adentro. El discurso intransigente del principio ha dado paso a una rogatoria de ofertas.
El Presidente estará obligado a tomar las decisiones sobre las dos salidas. Y a pedirle a la sociedad que acompañe en esas nuevas y dolorosas determinaciones. Comenzó el confinamiento con un amplio consenso. Lo acompañaron la sociedad y la oposición. No pudo convencer a Cristina. Está visto que ella se dedicó a otra cosa.
Vale en este caso la definición atribuida a Gaspar Camerarius: “No hago lo que quiero. Hago lo que he querido”. Una fina descripción del aprendiz, firmada (para deleite del clima de época) por un autor apócrifo.
Alberto Fernández no actúa como el presidente que quiere ser. Obra como el presidente que aceptó ser, cuando pactó con Cristina.
