Sólo simula que no le importa. Cristina Fernández sabe que la aguardan dos años arduos con una sociedad sublevada. Intuye que también la acecha el final de su ciclo de poder. Quería que le ratificaran que eran ciertas las versiones que recibía, contaron muy cerca de ella. Mientras volaba a Perú, agotó los teléfonos de Carlos Zannini y de Héctor Icazuriaga, el poderoso jefe del espionaje oficial, en la ingrata noche del jueves.
Era difícil explicarle que cada cacerolazo es más grande que el anterior. Justo a ella, que sólo acepta buenas noticias, había que contarle que hay un creciente sentimiento opositor que se desliza imperceptible por el entramado social. Un vasto fenómeno que esta vez no pudo ser detectado previamente por analistas de opinión pública ni por periodistas ni por políticos oficialistas u opositores.
Gran parte de la sociedad argentina volvió a ser lo que fue: puede aceptar un tiempo el autoritarismo pero nunca lo aceptará por mucho tiempo. Sólo un sagaz conocedor del espíritu argentino, el Papa Francisco, estableció hace mucho que los ciudadanos de su país prefieren el consenso antes que la fractura. Es lo que ha vuelto a decir a la Presidenta, ya sentado en la silla de San Pedro.
Cristina no ha perdido algunos reflejos políticos y descartó la hipótesis de enfrentarse con el Papa argentino que cuenta con el 89 por ciento de aceptación social en la Argentina. La propia Iglesia argentina comparte ahora con los medios periodísticos independientes el podio de la confianza social.
Por eso, hizo con el sucesor del Papa en Buenos Aires, el arzobispo Mario Poli, lo que nunca antes había hecho con el entonces cardenal Bergoglio. Lo invitó a tomar un café. No es cierto que Bergoglio la llamó 14 veces para pedirle entrevistas nunca concedidas. Esa versión desconoce la personalidad de Bergoglio.
Él siempre supo quién era y qué representaba. No le hubiera pedido una sola entrevista personal sin la garantía de que sería aceptada. Otra cosa fueron las solicitudes de entrevistas institucionales como presidente de la Conferencia Episcopal: la Presidenta podía, en ese caso, decirle que sí o que no a la Iglesia argentina, no a un cardenal. Cristina recibió un par de veces a la mesa ejecutiva de la Conferencia, pero con el entonces arzobispo de Buenos Aires nunca tuvo un encuentro a solas. Ésa es la verdad histórica.
¿Es casual que el Papa que predica la concordia tenga casi la unanimidad de la simpatía de los argentinos, mientras la Presidenta de las profundas fisuras debe enfrentarse a cada vez más numerosas protestas sociales? No. Francisco está hablando el idioma que la sociedad quiere oír.
El kirchnerismo suele decir en estos días que los cacerolazos no le importan porque los caceroleros nunca fueron votantes de Cristina. Diagnóstico errado. La Presidenta ganó en la Capital, por ejemplo, con gran parte de los votos de la clase media que ahora está enfurecida y en la calle. Son derrotas políticas que Cristina se niega a analizar frente a la sociedad; prefiere las banalidades de Twitter.
La Justicia y la corrupción le ganaron esta vez al cepo al dólar, a la decadencia de la economía y a la propia inseguridad. Es probable que las tribulaciones económicas hayan revalorizado las cuestiones morales e institucionales.
Pero lo cierto es que éstas ya son una prioridad social. Mudo y estupefacto, el Gobierno convirtió a la Policía Federal en un Indec de las manifestaciones sociales. Cambió la versión de la realidad, ya que no podía cambiar la realidad. Obligó a la Policía a reducir a una décima parte el número de participantes del cacerolazo. La obligó, también, a perder el respeto de la gente.
El nuevo escándalo de corrupción ventilado por Jorge Lanata colocó en la duda a viejos amigos de Néstor Kirchner. Creo que Néstor tenía funcionarios para ir a misa y tenía a otros funcionarios para ir al cabaret, y creo que hacía lo mismo con los empresarios, se sinceró un viejo ministro del ex presidente muerto.
Otro recordó una respuesta de Néstor Kirchner, cuando aquél le preguntó por el trasiego de empresarios moralmente cuestionados en la residencia de Olivos. Hay que construir poder para después del poder, le contestó. Néstor Kirchner murió convencido de que el ciclo político kirchnerista había concluido. Hablaba ya del poder del dinero, no del poder político.
Lázaro Báez no es el único empresario devenido inexplicablemente en multimillonario. Hay varios más, algunos con un poder decisivo en medios de comunicación. Como hay otros afluentes que terminan en el mismo mar de corrupción.
La empresa brasileña Embraer acaba de informar a la poderosa Security Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos que pagó sobornos en tres países para vender sus aviones. Uno de ellos es la Argentina. Embraer, parte de cuyas acciones son del Estado brasileño, cotiza en la Bolsa de Nueva York. La SEC es el organismo encargado de vigilar el sistema bursátil norteamericano en defensa de los accionistas.
El juez federal argentino Sergio Torres mandó en el acto un oficio para que le confirmen formalmente esa noticia lapidaria. Aviones Embraer fueron comprados por Aerolíneas Argentinas después de la nacionalización que dispuso Cristina Fernández. Esa compra quedó siempre bajo sospecha de prácticas corruptas, que ahora fueron confirmadas por la empresa. La primera compra de los aviones Embraer se hizo cuando el actual ministro de Justicia, Julio Alak, era presidente de la compañía aérea nacional.
La frágil situación judicial del ministro explicaría su total sumisión a los jóvenes cristinistas. La Cámpora intervino virtualmente su ministerio. Alak o un florero hubieran sido lo mismo, contó un senador opositor sobre el papel del ministro al lado del lenguaraz viceministro de Justicia, el camporista Julián Álvarez, en las comisiones que trataron la reforma judicial.
Unos seis diputados nacionales que responden a Daniel Scioli y a Sergio Massa podrían definir el miércoles la suerte de las leyes que derrocarían a la Justicia. Es difícil defender a toda la Justicia cuando dos jueces federales se pelearon durante cuatro días para no investigar la denuncia sobre Lázaro Báez.
El juez Rodolfo Canicoba Corral ninguneó desde el principio esas denuncias, porque él mismo fue denunciado anteriormente por Lanata de ser dueño de una casa que no puede explicar. El otro juez, Sebastián Casanello, nombrado hace poco, se resistía a dar la primera prueba de independencia y eficacia. El tiempo corrió. Los allanamientos sucedieron cuando en las madrigueras del delito ya no quedaban ni los recibos de las expensas.
La defensa social de la Justicia se hizo más exactamente sobre la Corte Suprema, única institución constitucional argentina con prestigio. Algunos jueces no descartan que se desencadene un conflicto de poderes si los proyectos de reforma judicial fueran aprobados por el Congreso y declarados por la Justicia, total o parcialmente, inconstitucionales.
La Presidenta podría decir que la Justicia que frenaría sus decisiones es la misma que ella quiere reformar. Podría avanzar con leyes congeladas en su aplicación por los jueces. Eso se llama conflicto de poderes.
El desembarco cristinista sobre la Justicia ya tiene un banco de pruebas: la jefatura de los fiscales a cargo de Alejandra Gils Carbó. Creó un equipo de fiscales para investigar el lavado de dinero pero no hay ahí ningún fiscal. Sus integrantes son todos jóvenes cercanos a La Cámpora que podrían ser fiscales algún día, pero que no lo son ahora. Esta constatación podría anular cualquier juicio iniciado por esa unidad de Gils Carbó.
Esa anomalía jurídica tiene su explicación. La reforma judicial exceptúa a los empleados de Gils Carbó de la obligación de rendir un examen para ingresar a la Justicia. Es la única excepción. La “democratización” de la Justicia prefiere el dedo antes que el concurso.
No todos los fiscales preexistentes son malos. Hay muchos que han llevado a Amado Boudou, a Felisa Miceli o a Ricardo Jaime al borde de la cárcel o el procesamiento. ¿Por qué no actuaron de oficio en el caso de Lázaro Báez? Una coincidencia tácita pareció unirlos: esperaron para ver qué hacía Gils Carbó en el primer escándalo que involucra al Gobierno en el que milita. No hizo nada. Justicia Legítima es al final un aguantadero del Gobierno, resumió un juez. Gils Carbó es la santa patrona de Justicia Legítima.
Autoritarismo creciente. Corrupción. Una sociedad amotinada. Cristina puede disimular sus debilidades morales y políticas detrás de una oposición impotente. Ésa es otra verdad. Blogueros del 18-A tuvieron duras reuniones con políticos opositores, sobre todo con dirigentes del FAP.
Al final, los convencieron de que debían ir a los cacerolazos. No pudo hacerse, eso sí, una foto conjunta. Tal vez el jueves haya sido la última vez que la oposición pudo participar de una manifestación popular sin encontrar antes una fórmula para curar su tetraplejia política.
