El 23 de julio de 2008, el intendente de Capital, Víctor Fayad, emitió un decreto que establecía que los actos y manifestaciones se debían realizar en la explanada del edificio municipal, luego de haber pedido el espacio con 48 horas de anticipación.
Durante las marchas, los manifestantes tenían que desplazarse por la vereda y respetar los semáforos o de lo contrario serían multados. Con esta normativa, pretendía evitar que las diversas protestas que se desarrollan en la ciudad provocaran alteraciones en el tránsito.
Una semana después, el SUTE realizó una protesta por las calles de la ciudad e inspectores de la comuna les labraron un acta de infracción. La entidad gremial consideró que se trataba de una medida inconstitucional y recurrió a la Justicia, pero en marzo de 2011 la Suprema Corte declaró constitucional la multa.
