Sociedad
Para mañana se espera “tiempo bueno” en Mendoza: cuál será la máxima
hace 4 minutos
Los empresarios que confesaron en calidad de arrepentidos en el caso de los cuadernos sufrirán un efecto secundario que tal vez no alcularon: entre tanto pago negro y facturas truchsa podría haber evasión fiscal, por lo que la AFIP podría aplicar abultadas multas.
El organismo que maneja Leandro Cuccioli armó un Grupo de Acción Fiscalizadora (GAF) que se concentrará en los involucrados en el caso y sus empresas, para saber cuánto evadieron y cómo lo hicieron.
Varios de los empresarios o ex ejecutivos de las principales compañías de construcción e infraestructura fueron detenidos y luego pidieron declarar como imputados colaboradores, o "arrepentidos", tras lo cual la mayoría recobró su libertad. Casi todos repitieron el mismo argumento: que habían otorgado fondos para financiar campañas electorales.
La agencia fiscal AFIP decidió investigar si esto fue así o si se trata de una coartada de los ejecutivos para evitar penas mayores como las que recibe el delito de cohecho o pago de sobornos.
El Grupo Techint se diferenció. Uno de sus directivos declaró que habían realizado pagos a ex funcionarios kirchneristas para que solucionara un problema con una subsidiaria en Venezuela nacionalizada por Hugo Chávez.
El organismo recaudador debe seguir de cerca los pasos de Claudio Bonadio, quien declaró que en Argentina funcionó "una organización delictiva conformada por funcionarios públicos comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo", Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015)..
En el mismo, confirma "la existencia de una organización delictiva conformada por funcionarios públicos".
Estos se valieron "de medios oficiales (incluyendo vehículos, empleados, equipos de telefonía celular, etcétera) y comandados por quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido), entre los años 2008 y 2015, procuraron la percepción de sumas de dinero ilegítimas, por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado nacional", de acuerdo al informe del juzgado.
Para Bonadio, ya se obtuvieron indicios que "prima facie permiten sostener que, durante un lapso cercano a los ocho años -cuanto menos-" ex altos funcionarios "efectuaron las cobranzas a distintos particulares, habiendo sido trasladados, en la mayoría de las oportunidades, en vehículos conducidos por Oscar Bernardo Centeno".
El informe señala que "previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios (...), quienes finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita: Néstor Carlos Kirchner, Cristina Elisabet Fernández y Julio Miguel De Vido".
Durante la investigación, que dijo el juez que se inició por una declaración de un testigo de identidad reservada, fueron detenidas 26 personas, 11 de las cuales fueron puestas en libertad, y hay dos personas con pedidos de captura.
Entre los imputados, 17 declararon como arrepentidos, y 15 de ellos firmaron acuerdos que fueron homologados por el juzgado y serán beneficiados con una reducción de pena.
La investigación judicial se basa en los ocho cuadernos escritos entre 2005 y 2015 por Oscar Centeno, el chofer del ex "número dos" de Planificación Federal Roberto Baratta, uno de los detenidos por esta causa.
