El juez federal Claudio Bonadio pidió autorización al Senado para allanar los domicilios y el despacho de la ex presidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la megacausa en la que se investiga si formó parte de una red de coimas de empresarios a funcionarios de su gobierno.
Según diario La Nación, Bonadio ya firmó la petición y será ahora la Cámara Alta la que decida si permite que se hagan los allanamientos, ya que Cristina goza de fueros parlamentarios.
El magistrado de la causa, que está bajo secreto de sumario, planea ordenar registros de los tres domicilios de la ex mandataria: el departamento del barrio de Recoleta y sus dos casas de las localidades de Río Gallegos y El Calafate (Santa Cruz). También de su despacho del Congreso, que CFK utiliza desde las elecciones de octubre de 2017 en las que salió elegida senadora.
A finales de ese año, en el marco de otra causa, Bonadio solicitó a la Cámara de Senadores que debatiera y aprobase despojar de sus fueros a la ex presidenta, con el objetivo de dictar la prisión preventiva por estar acusada del encubrimiento de los sospechosos iraníes de cometer el atentado a la AMIA en 1994. Sin embargo, el Senado, que carece de mayoría absoluta, no avanzó al respecto.
En los últimos dos días, más de una docena de personas, entre empresarios y ex funcionarios de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), fueron detenidos acusados de integrar una "asociación ilícita" con la que distintas sociedades se beneficiaban de contratos gracias al pago de coimas.
La investigación del diario La Nación se sustenta en unos cuadernos escritos por Oscar Centeno, ex chofer de Roberto Baratta, quien se desempeñaba como subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación.
En esos escritos, Centeno dejó apuntados con detalle durante más de una década los recorridos que supuestamente hacía con su jefe y otros ex miembros del Gobierno para recaudar bolsos con millones de dólares que empresarios destinaban presuntamente a funcionarios con el fin de favorecer la concesión de contratos de obra pública.
Algunos de los lugares a los que llevaban el dinero, según los apuntes, eran la residencia presidencial y el departamento particular de la familia Kirchner en Buenos Aires.
