No quedan dudas de que la desaparición física del joven Santiago Maldonado mantiene en vilo a la gran mayoría de la población del país porque, más allá de las circunstancias que rodearon al hecho (que está siendo investigado por la Justicia) y por la necesidad de que este tipo de situaciones -de ser ciertas las denuncias- no pueden aceptarse en un período democrático, resulta inaceptable la utilización política partidaria que algunos sectores están dando al caso.
Todos los argentinos tenemos derecho a reclamar la verdad y el pronto esclarecimiento de lo sucedido pero ese reclamo no es, ni debe ser, patrimonio exclusivo de algún sector que se crea dueño del reclamo y mucho menos de parte de un sindicato, como la Ctera y con un instructivo por demás polémico, referido al dictado de clases específicas en los colegios. Instructivo que parte de una mala base, porque hace alusión a una "desaparición forzada" cuando aún nadie sabe con seguridad qué es lo que ocurrió y todo se mueve en torno de versiones y afirmaciones de parte de familiares del joven (que están en pleno derecho a hacerlo) o de sectores políticos interesados en desatar conflictos, cuando nos encontramos a pocos días de las elecciones.
Debemos partir de la base de que la desaparición de una persona es absolutamente incompatible con la vida en democracia. Pasó durante la gestión del gobierno anterior, con Jorge Julio López, aunque la reacción de los sectores progresistas fue muy distinta a la actual con el caso Maldonado. Es más, dentro de sus desatinos la propia Hebe de Bonafini se encargó de esclarecer las posiciones del sector, al afirmar que no es lo mismo la desaparición de un joven militante que la de un guardia cárcel (como si hubiera desaparecidos de primera y desaparecidos de segunda). A esas declaraciones deben sumarse algunas actitudes polémicas, como la de una médica de un centro de salud que cada vez que atiende a un paciente pregunta en la sala de espera si se encuentra Maldonado o el maestro de una escuela que, al tomar asistencia, incluye en la lista al joven desaparecido.
Más allá de esas situaciones individuales, existe un hecho cierto y concreto: hay sectores que están politizando la situación en su afán de llevar agua hacia su molino, más aún en épocas eleccionarias. Pero lo que no se puede entender, ni aceptar bajo ningún punto de vista, es la actitud asumida por la Confederación Argentina de Trabajadores de la Educación (CTERA) que impulsa el dictado de clases especiales sobre la desaparición de Maldonado, para lo cual ha distribuido un polémico cuadernillo a los afiliados, actitud que determinó la inmediata reacción de las autoridades del área, quienes, con razón, han denunciado a los sindicalistas por "hacer política" con los chicos, llevándolos "a un plano ideológico que no corresponde".
La Ctera es una entidad gremial de segundo grado (el SUTE es de primer grado y la CGT de tercer grado) que nació en 1973 y que afilia a los sindicatos docentes de todas las jurisdicciones educativas del país. Cuenta con la adhesión del 45 por ciento de todos los docentes del país, llegando a los 234 mil afiliados cotizantes. Su principal actividad se centra en la defensa gremial de sus asociados, partiendo de las discusiones salariales y como entidad también está en todo su derecho de opinar sobre lo ocurrido con Santiago Maldonado y el reclamo de su aparición con vida. Pero lo que no puede hacer es impulsar el dictado de clases sobre el caso, incluyendo una posición parcializada sobre lo ocurrido y cuando aún la Justicia se encuentra en pleno proceso de investigación.
La Ctera ha sido muy celosa en algunos aspectos, como en el dictado de educación religiosa en las escuelas y la gente debe exigir que ese mismo celo se mantenga en el caso Maldonado porque los padres envían a sus chicos a la escuela para que los eduquen, no para que les impongan contenidos ideológicos.
