Oficialistas y opositores comenzaron a analizar en las últimas horas la posibilidad de que el Congreso deba decidir -a pedido de la Casa Rosada- una eventual intervención de la provincia de Tucumán. Este supuesto comenzó a tomar cuerpo en la noche del miércoles, tras el fallo de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo tucumana que decidió anular las elecciones del 23 de agosto y exigió que se vuelva a votar ya que consideró que hubo fraude.
Según explicó ayer el gobernador tucumano, José Alperovich, no hay tiempo para cumplir con el fallo -que además fue recurrido por el Frente para la Victoria- porque su mandato constitucional expira el 28 de octubre, es decir en seis semanas, y para entonces no habrá un nuevo gobernador si el Gobierno tucumano debe llamar a una nueva elección (“Hacen falta por lo menos 90 días para poder votar de nuevo”, explicó).
Para el kirchnerismo, la única salida razonable es que la Corte Suprema Nacional resuelva tomar cartas en el asunto y dejar sin efecto la sentencia del tribunal de alzada tucumano. En ese caso, el 29 de octubre asumiría las riendas de la provincia Juan Manzur, quien sacó más del 50% de los votos.
Pero si el Máximo Tribunal de la Nación decide no entrometerse so pretexto de que se trata de caso de derecho público electoral provincial u opta por convalidar la anulación de la elección del 23 de agosto, el kirchnerismo tiene pensado jugar la carta en el Congreso de establecer una intervención de la provincia. Ayer, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que “hay material” para proceder de esa forma, pero ratificó que la intención es que primero se agoten todas las instancias judiciales.
La posibilidad de que se intervenga federalmente Tucumán pone en alerta a la oposición, que rápidamente salió a rechazarla. El presidente de la UCR, el senador nacional Ernesto Sanz, consideró que se trata de “una amenaza” del kirchnerismo y sostuvo que “se trataría de un remedio ilógico porque acá tenemos un fallo que pide llamar a nuevas elecciones y lo que debería hacer Alperovich es cumplirlo rápidamente para que antes del 28 de octubre haya un nuevo gobernador electo”. Sanz consideró que el argumento de la “acefalía” que presenta como excusa el oficialismo tucumano y nacional “no justificaría una intervención, que es para casos realmente extremos”. “La Legislatura puede sacar una ley para extender el mandato a Alperovich hasta que finalice el nuevo proceso electoral”, opinó Sanz.
El problema que hay es que Tucumán no tiene una Ley de Acefalía como otras provincias y no está previsto quién deberá hacerse cargo del gobierno si el 29 de octubre no hay un nuevo mandatario proclamado. Ante este intríngulis, ayer el candidato opositor, José Cano, especuló con que esa tarea podría recaer en el presidente de la Corte Suprema local, Antonio Gandur, quien preside la Junta Electoral que cuestionó por imparcial el propio Cano.
Lo que más aterra a la UCR es que el Congreso, donde el kirchnerismo tiene los votos para tomar una decisión así de grave, ponga un interventor “por dos años”, tal como ayer admitió el apoderado del FpV tucumano, Marcelo Caponio, a una radio porteña. Ante este temor, también el macrismo reaccionó. La diputada Patricia Bullrich manifestó que desde el FpV “están intimidando a la Corte local, la cual tiene que fallar en el tema”.
En el kirchnerismo, en tanto, las fuentes consultadas remarcaron que la meneada posibilidad de que el Congreso deba resolver la intervención de Tucumán es por ahora remota. Además, algunos dirigentes encumbrados del FpV debieron salir a desmentir rumores que los daban como posibles interventores de la provincia. Fue el caso del presidente de la Cámara baja, Julián Domínguez, quien envió a sus voceros a rechazar la versión. Los otros nombres que surgieron en la ronda de especulaciones son el del ministro del Interior, Florencio Randazzo, y el del secretario de Justicia, Julián Álvarez, pero ninguno de ellos avaló una posibilidad como ésa.
