La cuarta cita del Ciclo de Encuentros de Los Andes se realizó ayer. Cuatro invitados avanzaron en un tema que es una de las mayores preocupaciones de los argentinos, justicia y seguridad.
Las garantías constitucionales, el trabajo coordinado entre fiscales y fuerzas de seguridad y hasta la formación de los magistrados, fueron parte de este debate que tuvo algunos cruces calientes.
Los invitados fueron la ex jueza de la Suprema Corte, Aída Kemelmajer de Carlucci; el procurador general, Alejandro Gullé; el abogado penalista Carlos De Casas y el ministro de Seguridad, Gianni Venier, bajo el escrutinio del gerente general de este diario, Luis García, y el editor general, Raúl Pedone.
El encuentro fue, como ya es tradicional, en la suite presidencial del Hotel Sheraton Mendoza. Éste fue el cuarto hito del ciclo que arrancó en agosto pasado debatiendo sobre la salud de los mendocinos; en setiembre continuó con la educación de nuestros hijos y en octubre, sobre los desafíos económicos para un crecimiento sustentable.
Cada uno de los invitados se centró en un aspecto determinado sobre el tema. Kemelmajer apuntó al trabajo con los menores en riesgo; Gullé, al trabajo conjunto con la policía y en la especialización de las fiscalías que ha encarado como jefe de los fiscales de la provincia; De Casas en las causas del delito, la pobreza y la droga; Venier, en la capacitación y tecnología policial y en las reformas legales que viene impulsando el Gobierno provincial para agilizar el proceso judicial en busca de condenas que hagan del delito una actividad con alto riesgo de castigo.
Kemelmajer arrancó con un enfoque teórico del tema diciendo que sentirse seguro tiene que ver con el ejercicio de las libertades. “Lo primero que hay que hacer es prevenir y si no se puede y hay que sancionar, que se sepa que el ataque a ese derecho va a tener una respuesta. Seguridad va unido a libertades”, afirmó la ex ministra.
Entonces el procurador general y jefe del Ministerio Público Fiscal, Gullé, apuntó que el Ministerio de Seguridad y los fiscales “deben trabajar de manera absolutamente coordinada”, para luego indicar que el resultado de ese trabajo conjunto es que en Mendoza viene bajando el número de robos agravados y homicidios, dos de los delitos que más colaboran con la sensación de inseguridad en la población.
El abogado De Casas de entrada hizo foco en su idea de atacar las causas del ingreso al delito, particularmente en el incremento de la violencia con la que se cometen esos delitos, mientras que el ministro Venier dijo que hace falta que la posible condena funcione como disuasivo para no cometer delitos. “Hay un Estado decidido que está diciendo a la gente que si te portás bien, no vas a tener problemas”, enfatizó el funcionario del gobierno de Alfredo Cornejo.
Fallas en la investigación
Entonces apareció el primer dato caliente. “Un señor que aprueba examen en el Consejo de la Magistratura para ser fiscal, no sabe cómo se investiga. Lo que la Policía no descubre, el Poder Judicial no lo descubre”, dijo Kemelmajer con una velada crítica a la recolección de pruebas en las escenas del crimen.
“Si la Policía no sabe recoger la prueba estamos mal. No es posible que en las facultades de Derecho sigamos sin aprender cómo se recoge la prueba”, resaltó la reconocida jurista.
El jefe de los fiscales, Gullé, asintió diciendo que “es una carencia real. En algún momento pensamos en hacer cursos de esta materia. Los organismos de inteligencia son los únicos que los imparten”.
De Casas agregó otra falencia en la formación de los magistrados: “Un fiscal tiene que saber leer un balance”. Así, intentó ejemplificar que hay poca especialización para el delito complejo económico. Luego volvió a insistir en los orígenes del delito y mencionó la pobreza, la desarticulación familiar y cierta fascinación de los argentinos por la cultura de la ilegalidad.
Entonces el ministro Venier se cruzó con De Casas. “La pobreza no puede justificar la violencia”, dijo para luego fustigar las doctrinas del derecho que llevaron a “la carencia de punición durante años porque quien era victimario terminaba siendo víctima del sistema”.
Gullé salió en auxilio de De Casas diciendo que la inseguridad es un problema multicausal y la pobreza contribuye al crecimiento del delito y entonces De Casas agregó el otro disparador de intercambios: “Junto con la pobreza, hay un problema innegable de droga”.
Kemelmajer levantó el guante lanzado por el abogado penalista diciendo que “el problema de la droga en menores infractores no punibles es muy grave. Hay que hacer algo con ellos. Un sistema para tratarlos. Son los que cometen más delitos cuando se drogan. No punibles no significa que los tenemos que dejar en la calle”, remarcó para decir que hay que trabajar con los menores porque el que infringió la ley penal de chico suele terminar en la cárcel de grande.
Más jueces en la Corte: Kemelmajer no está de acuerdo
Buena parte de la charla giró en torno a las 25 leyes que ha impulsado el gobernador, Alfredo Cornejo, en su obsesión por combatir la inseguridad. Los abanderados de esas menciones fueron claramente el procurador general, Alejandro Gullé, y el ministro Gianni Venier, quien dijo que esas leyes “nos van llevando a mejores formas de organización del sistema de seguridad”.
El abogado Carlos De Casas destacó la actitud reformista del Gobierno: “El Poder Judicial tiene que aggiornarse, incorporar reformas como la oralidad, pero cuidándose de no transformarse en justicia express”.
Entonces el gerente general de Los Andes, Luis García, preguntó sobre la aceleración de las causas por corrupción en Buenos Aires y lo raro que eso suceda después de la victoria electoral de Cambiemos. Todos los protagonistas coincidieron en que es histórico que suceda y que es una deuda de la Justicia penal porteña.
Venier fue el que apostó por una idea: “El sistema de audiencia continua de Chile permite que la causa avance sin que dependa de un fiscal”. A partir de ese ejemplo, propuso la creación de un sistema que impida el cajoneo de expedientes.
Entonces llegó la pregunta por la ampliación de la Suprema Corte que empuja Cornejo en la Legislatura. Kemelmajer fue la única que rechazó la medida: “Yo tuve un número de expedientes manejable... Si las cosas son como cuando yo estaba, no se necesita incrementar el número de miembros, ni mucho menos crear una nueva sala. Hay que ordenar el trabajo, que en mi opinión se ha desordenado. Además no hay lugar para poner más gente en el cuarto piso”.
Gullé se quejó porque en la Corte “se toman cuatro años para resolver una casación con detenidos” y consideró que “había que tomar una decisión: o aumentamos la cantidad de relatores o la de decisores. Es un cuello de botella que no tiene salida”.
Siguiendo ese planteo, De Casas apoyó que se sumen dos integrantes a los siete actuales “en lugar de que se incrementen los relatores”. “Me parece bien que la cabeza esté convencida de que hay que cambiar”, agregó el penalista.
Venier obviamente defendió el proyecto oficial: “El aumento de decisores se justifica en la elevada litigiosidad. La Suprema Corte necesita de mayor aceleración. El atoramiento hace que se incremente el litigio”.
Detrás de cámara
Antes de que las cámaras se encendieran y después de que se apagaron, la conversación entre los invitados y los anfitriones fue mucho más allá de la justicia y la seguridad como problemáticas de la provincia y el país.
Allí, en la charla informal, la historia de Mendoza tuvo un papel protagónico. Carlos De Casas demostró ser un apasionado del tema, pero no se quedó atrás Aída Kemelmajer. Desde Emilio Civit al Mercado Central, con citas incluidas del libro Ciudad de Barro, de Jorge Ricardo Ponte, fueron parte del intercambio.
Pero también hubo un espacio para el tema que conmociona a los argentinos: el submarino ARA San Juan, desaparecido hace más de una semana en el Océano Atlántico.
Mirá el encuentro completo:
Uno por uno
Aída Kemelmajer
Abogada y doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales. Profesora titular de la cátedra de Familia (Facultad de Derecho UNCuyo).
Profesora contratada de las universidades de París, Génova y Bologna. Ha publicado 27 libros, muchos de ellos en colaboración. Integrante del Comité de Ética de Conicet Argentina.
Fue miembro de la Suprema Corte (1983-2010). Integró la comisión de notables encargada de la reforma del Código Civil y Comercial de la Argentina.
Alejandro Gullé
Abogado, docente universitario en la UNCuyo. Además tiene un posgrado en Ciencia, Ética y Metodología.
Doctor en Derecho. Fue relator de la Suprema Corte, juez del Sexto Juzgado de Instrucción de la Primera Circunscripción Judicial. Juez de la Sexta Cámara del Crimen de la Primera Circunscripción Judicial.
Es procurador general de la Suprema Corte, cargo que lo pone al frente del Ministerio Público Fiscal
Gianni Venier
Abogado egresado de la Universidad de Mendoza y con especialización en Derecho Penal Económico en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España.
Asesor legal de la Dirección de Inteligencia Criminal. Director legal de la Inspección General de Seguridad y director de Inteligencia Criminal.
Director del Colegio de Abogados de Mendoza en dos períodos.
Es ministro de Seguridad de Mendoza.
Carlos de Casas
Abogado. Posgrado de Desarrollo Gerencial en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile).
Ha actuado en materia de Derechos Humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Profesor titular de Derecho Penal I y Derecho Penal Económico.
Fue director de Asuntos Penales, abogado en la Asesoría de Gobierno y conjuez federal.
