El gobernador, Alfredo Cornejo, consideró “patéticos” a los legisladores del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mientras la senadora del FIT Noelia Barbeito lo retribuyó llamándolo “barrabrava”. En tanto, el ex diputado nacional Nicolás del Caño lo acusó de iniciar “una persecución política que pretende disciplinar al que enfrente su ajuste”.
“Estoy encantado. La provincia empieza a ser seria. Las personas que cortan calles deben ser sancionadas”, disparó Cornejo. Apuntó a la notificación judicial de la fiscal correccional Gabriela García Cobos a tres legisladores del FIT y cuatro dirigentes gremiales investigados por su rol en el corte de la avenida Colón durante el paro nacional de la CGT del pasado 6 de abril.
Por esta causa comparecerán en tribunales los dirigentes de ATE; hoy Raquel Blas y mañana Jorge Chaves.
Cornejo apeló al "se comparan peras con manzanas" cuando se lo consultó sobre la falta de sanciones en las movilizaciones oficialistas.
Ayer, con el acompañamiento de dirigentes de la CGT, las CTA, organizaciones de derechos humanos y legisladores del peronismom el FIT manifestó frente a la Legislatura bajo la consigna “No al desafuero de los legisladores”.
Los diputados del FIT Lautaro Giménez y Héctor Fresina y el senador Víctor Da Vila fueron notificados de esta investigación judicial. Hasta el momento, sobre ellos no existe ningún pedido de desafuero, según confirmó el presidente de Diputados, Néstor Parés. Y por lo tanto, no existe ninguna imputación.
“Cornejo se comporta como un barrabrava que quiere una justicia adicta”, disparó Barbeito. “Intenta disciplinamientos con persecuciones políticas”, reforzó Jiménez.
“Son patéticos”, golpeó Cornejo. “La Justicia actúa en forma independiente y deben presentarse a declarar como cualquier hijo de vecino”, retrucó.
El ‘aboque’ de la fiscal siguió a la denuncia del ministro de Gobierno, Dalmiro Garay. En estos días, García Cobos citará a Guillermo Martínez Agüero (CTA), Jonathan Neira (delegado en Atomo) y al abogado Enrique Jasid. Investiga si se violó el artículo 194 del Código Penal que prevé prisión de tres meses a dos años al que entorpezca el normal transporte. El artículo “es de Onganía y no precisa el delito”, argumenta Del Caño.
