Las palabras del interventor de la compañía religiosa de la que depende la orden Antonio Próvolo, Alberto Bochatey todavía resuenan. El comisario obispo consideró en una entrevista con Los Andes que su principal objetivo es “buscar la verdad”, al tiempo que tidló de “aberrantes” las acusaciones que pesan sobre los 6 imputados (2 curas, una monja y 3 ex administrativos).
No obstante, sostuvo que debería “revisarse la decisión de cerrar de un plumazo” el establecimiento, al tiempo que destacó que funcionaba “perfecto” y que “el Gobierno la había calificado como de excelencia en el país”.
Ante estas declaraciones, las respuestas no tardaron en llegar. Más teniendo en cuenta que el instituto se encuentra clausurado de forma preventiva ya que se investiga la comisión de al menos 44 episodios de abusos sexuales y corrupción de menores sordos en el albergue del lugar, y que según relatan los denunciantes los episodios habrían ocurrido desde 2005 y hasta precisamente el cierre (en noviembre del año pasado).
“El cierre preventivo del instituto está dado por la resolución 93 de la DGE, y es producto de un sumario impulsado por pedido de la Defensoría de Personas con Discapacidad. Desde el principio venimos hablando de una vulneración sistemática de los Derechos Humanos, y justamente hay que estudiar esa sistematicidad, donde hay complicidad y personas que fueron funcionales, es algo que ya está probado. No es un hecho aislado y debe tener una similitud investigativa a la que se tiene con la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entonces, al investigar sistematicidad es preciso tener el instituto cerrado y a disposición de la Justicia”, indicó precisamente el defensor de Personas con Discapacidad, Juan Carlos González, quien también refutó el mote de “instituto de excelencia” con que el interventor a nivel mundial se refirió al Próvolo.
El titular de la DGE, Jaime Correas, en tanto, también cruzó a Bochatey y su propuesta de discutir la reapertura del Próvolo. “Me llamó la atención la declaración de Bochatey, porque creo que está muy mal informado. Si él (por el obispo) conociera el expediente, se daría cuenta de que gracias a que no siguió funcionando el instituto se pudo avanzar en las investigaciones”, manifestó a Canal 7 el funcionario provincial.
El abogado de la Red de sobrevivientes de abusos sexuales eclesiásticos, Carlos Lombardi ya había comparado una hipotética reapertura del instituto sito en Boedo 385 (Carrodilla) con la rehabilitación de la ESMA con su fin inicial. Precisamente la Escuela de Mecánica de la Armada fue el principal centro de torturas y detención clandestina durante la última dictadura militar y hoy funciona allí un Museo de la Memoria.
No tan excelente
El director de Escuelas fue más allá en su crítica a Bochatey. “Creo que el Vaticano lo ha designado a él para que la comunidad sienta que la Iglesia toma el papel que hasta el momento no ha tomado, porque ha sido todo muy lento y ni siquiera ha habido una manifestación del Papa Francisco sobre algo que ha sucedido en su propio país”, indicó Correas.
“Él tiene que venir a tratar los abusos que allí había y no el funcionamiento de instituciones escolares donde, incluso, dice un montón de cosas que son equivocadas. Eso excede la función que le han asignado”, siguió el funcionario, y aclaró que los chicos que iban al Próvolo hasta su clausura ya han sido reasignados a otras instituciones.
El defensor de Personas con Discapacidad, por su parte, cuestionó no sólo el comentario sobre la posible reapertura, sino también la calidad del establecimiento lujanino, “Tenemos probado que no era un instituto tan 'modelo' como ha dicho Bochatey. Por ejemplo, en ese instituto no se enseñaba lengua de señas, algo contrario a lo que establecen las convenciones de Derechos de Personas con Discapacidad y que dificultaba la comunicación entre los niños y sus padres”, se explayó González.
Y fue más allá: “No estamos hablando de excelencia, ya que los chicos no aprendían a leer y escribir y (el Próvolo) tenía problemas con las certificaciones. Al momento del cierre nos encontramos con chicos que no sabíamos si estaban en tercero o en quinto grado. El mismo sumario de la DGE demuestra que habían dos libros de actas, por lo que no todo quedaba en constancia”, destacó González.
Además, resaltó que el cierre preventivo responde precisamente a la evidente sistematicidad con que ocurrían los episodios, y que siempre se va a priorizar el respeto a la víctima.
Lombardi, por su parte, volvió a refutar al interventor. Esta vez ante recientes declaraciones donde Bochatey afirmó que no hay denuncias contra el instituto Próvolo en La Plata.
“Bochatey miente al negar denuncias en el Próvolo de La Plata. Daniel Sgardelis lo ha denunciado y en La Plata pasan cosas turbias desde el momento en que al fiscal Fernando Cartasegna lo sacaron de la unidad fiscal. Es raro, cuando menos”, destacó el abogado.
El miembro de la Red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos ya había confirmado las denuncias por abusos sexuales en el Próvolo de Verona (sede centr al) -entre 1950 y 1980, con casi 60 denunciantes y 26 curas involucrados-, algo que también el interventor había dicho desconocer.
Tanto en los hechos de Italia y de La Plata está involucrado también el cura Nicola Corradi (81), mientras que en los episodios platenses otro de los acusados es Horacio Corbacho (58). Ellos son los dos sacerdotes imputados y detenidos por los casos en nuestra provincia.
