El incremento patrimonial, en el área específica, del empresario Cristóbal López, es una muestra clara del crecimiento que tuvo el juego en la Argentina durante los últimos años, pero específicamente en la denominada “década ganada”. Porque más allá de las múltiples áreas que manejó el empresario patagónico y que llevaron a descubrir que había eludido el pago al Estado por más de 8 mil millones de pesos en la venta de combustibles, lo ocurrido con los casinos y los tragamonedas lo llevó a ampliar su área de gestión hacia diferentes provincias del país e inclusive incursionar en el exterior, con la inauguración de una sala específica en Estados Unidos.
Cabría señalar también que no es el único empresario que maneja fortunas en ese tipo de actividad, mientras no se ha hecho nada en relación con las graves consecuencias que genera el juego, especialmente para aquellos afectados por la enfermedad de la ludopatía.
Cabría señalar que el ahora denominado “zar del juego” no nació en la actividad dentro del gobierno kirchnerista, pero sí puede advertirse que creció exponencialmente en las gestiones de Néstor y de Cristina. En 1991 fundó el Casino Club SA en Chubut y un año más tarde abrió sus primeras salas de juego.
Antes de llegar a Santa Cruz incursionó en otras provincias. En 1998, un acuerdo con el gobernador misionero Ramón Puerta lo llevó a abrir su primera sala de tragamonedas en Posadas; dos años más tarde el gobernador de La Pampa, Rubén Marín, le concedió la explotación del casino en Santa Rosa y, paralelamente, extendió sus negocios en Mendoza, La Rioja y Tierra del Fuego. Finalmente en Santa Cruz abrió salas de juego en Río Gallegos, Caleta Olivia y El Calafate.
Según se afirma, hoy la empresa opera 12 casinos y 15 salas de slots. En todo ese esquema hubo un aspecto llamativo: Cristóbal López operaba bingos pero ningún casino en la provincia de Buenos Aires hasta el 25 de enero de 2014 cuando compró el paquete accionario de Sociedad Comercial del Plata, en concurso de acreedores. La concesión mediante la cual la empresa explotaba el casino de Tigre estaba vencida pero su prórroga, ya negociada, venía de la mano del ingreso del empresario sureño.
Valdría aclarar también que Cristóbal López no es el único empresario que crece patrimonialmente de la mano del juego, porque hay otros, también importantes, que hacen lo propio y con fluidos contactos con la clase política en general.
En el caso específico de Mendoza, el cambio que se produjo fue sustancial. Cabría recordar la fuerte discusión política que se mantuvo durante la gestión de Santiago Llaver respecto de la posibilidad de instalar salas de bingo en la provincia, iniciativa que no logró imponerse.
Con posterioridad y de la mano de la autorización del funcionamiento de casinos en los hoteles cinco estrellas - en un principio para favorecer la actividad turística- Mendoza se llenó de salas de juego, las que se multiplicaron con la decisión del casino provincial de abrir “sucursales” en los distintos departamentos.
Resulta indudable que el juego otorga más que jugosas ganancias a los propietarios de las salas y de los casinos. Pero hay que preguntar a costa de quiénes, y queda en claro que los afectados son aquellas miles de personas que están afectadas por la enfermedad de ludopatía y que los lleva a liquidar el sueldo, la familia y muchas veces los escasos bienes que poseen para dejarlos en las mesas de juego.
