Los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa recuperaron ayer su libertad, luego de que la Cámara Federal porteña les otorgara la excarcelación por considerar que esa medida no pone en riesgo la investigación contra el Grupo Indalo, involucrado en una millonaria evasión impositiva.
Tras conocerse las excarcelaciones, la AFIP anticipó que recurrirá a la Cámara de Casación Penal para que la causa de Oil Combustibles se mantenga en la Justicia Federal, de modo de evitar que los empresarios excarcelados se vean beneficiados con una disminución de sus deudas con el fisco.
Libres pero procesados
Los empresarios quedaron en libertad ayer a la tarde desde sus lugares de detención: López fue liberado en el Penal de Ezeiza y De Sousa, en Marcos Paz.
Los magistrados confirmaron los procesamientos de López, de De Sousa y el ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, pero ordenaron liberar a los dos empresarios que estaban detenidos de manera preventiva y modificar la calificación legal del delito que se les atribuye.
La decisión fue tomada en la causa que investiga la evasión de al menos 8.000 millones de pesos del pago al fisco de lo recaudado por la empresa Oil Combustibles, en calidad de agente de retención del impuesto a la transferencia de los combustibles. Según la acusación, ese dinero fue utilizado, en cambio, para capitalizar a otras empresas del grupo empresario que lideraba López.
López y De Sousa están detenidos desde fines de diciembre del año pasado, cuando el juez Julián Ercolini entendió que el intento de venta del Grupo Indalo al fondo de Inversión OP investments era un intento de eludir el accionar de la Justicia.
Según fuentes judiciales, la recalificación hace que el embargo de $17.000 millones se reduzca a $ 8.000 millones.
Con los votos de Ballesteros y Farah, la Cámara Federal sostuvo que el intento de venta no implicó una obstrucción a la causa penal y que el delito por el que debe investigarse a los procesados es “apropiación indebida de tributos” y no “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
El cambio de carátula significa que López y De Sousa deberán rendir cuentas por evasión ante la Justicia Penal Tributaria, lo que podría permitir a los empresarios solicitar la adhesión a una moratoria que les posibilitaría una considerable reducción de la deuda que tienen con el fisco.
La cúpula de la AFIP, que conduce Alberto Abad, se mostró ayer "sorprendida" por el "subrepticio" cambio de carátula que benefició a ambos empresarios, según altas fuentes del organismo.
La excarcelación de ambos empresarios, más el cambio de carátula, los coloca bajo investigación en la Justicia Penal Tributaria y esto podría cambiar sustancialmente el futuro financiero del Grupo Indalo en lo que respecta a su deuda con la AFIP.
“Con esta recalificación de los hechos se redujo el embargo de 17.000 millones a 8.000 millones de pesos y, además, tendrán la posibilidad de adherirse a los beneficios de la ley 27.260, que les reduce en forma considerable la deuda que mantienen con el fisco”, agregó la misma fuente.
Fuero comercial y penal
En tanto, fuentes judiciales informaron que el intento de venta del Grupo Indalo podía tener consecuencias en el concurso de acreedores de la firma Oil Combustibles, que se tramita ante el fuero comercial, pero no en el juicio que se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
“Si el encierro cautelar fuera el modo adecuado de tutelar las acreencias del Estado, no puedo imaginar cuántos otros empresarios deberían estar acompañando hoy, sin juicio de por medio, a Cristóbal López y a Fabián de Sousa.
El delito de "apropiación indebida de tributos" tiene una pena de dos a seis años de prisión para los autores (contribuyentes) y se agravaría en el caso de Echegaray por haber favorecido la comisión del delito desde su posición de funcionario público.
Según el procesamiento que les había dictado el juez Ercolini, López y De Sousa se beneficiaron de "modo sistemático y deliberado" de "facilidades de pago vinculadas al pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos", que les facilitó Echegaray entre mayo de 2013 y agosto de 2015.
A los tres procesados, los camaristas les confirmaron embargos por 8.945 millones de pesos, según surge del fallo de 110 páginas.
“Nunca estuve preso, estuve secuestrado”
El empresario Cristóbal López aseguró ayer que el juez federal Julián Ercolini cometió “un acto cuasi delictivo” al ordenar su detención, y consideró que en la actualidad está instalada la idea de que “todo lo que huele” a la ex presidenta Cristina Fernández “debe terminar preso”.
“Nunca estuve preso. Estuve secuestrado y lo que cometió Ercolini fue un acto cuasi delictivo. Está instalado que todo lo que huele a Cristina Fernández debe terminar en la cárcel. Eso fue lo que me pasó”, señaló López en declaraciones tras recuperar la libertad.
López es un hombre de negocios de la Patagonia vinculado a la familia del ex presidente Néstor Kirchner, y forjó una trayectoria empresarial en el mundo del juego, los hidrocarburos y los medios de comunicación.
Ante la pregunta de quién lo aventuró a entrar en el negocio de las comunicaciones, López respondió que lo hizo por “las mismas motivaciones que tuvieron Daniel Vila (titular del grupo América), (José Luis) Manzano, (Raúl) Moneta o (Claudio) Belocopitt”.
“Tuve las motivaciones políticas que tuvieron otros empresarios. Por eso entré a los medios. Es lo mismo que le pasó a Daniel Hadad. Fue él quien me presionó”, apuntó sobre el periodista que fundó la señal televisiva C5N, que luego adquirió López.
En tanto, Carlos Beraldi, abogado de López y Fabián de Sousa, aseguró que la decisión de la Cámara Federal porteña expuso “un acto de gravedad extrema” cometido por Ercolini.
“La prisión preventiva, insólita, arbitraria y cuasi delictiva... Se trataba de personas que estaban a derecho en todo momento”, reflexionó Beraldi sobre la situación de sus defendidos.
