Federico Villena, juez federal de Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires) , citó como testigos a la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para mostrarles las evidencias halladas en relación a un supuesto espionaje ilegal del que habrían sido víctimas.
La citación a ambos se resolvió para mostrar esas pruebas, luego de lo cual podrán resolver si se presentan como querellantes.
Villena investiga el supuesto espionaje ilegal a políticos, funcionarios y periodistas durante la presidencia de Mauricio Macri, en una pesquisa que se abrió a raíz de los dichos de un narcotraficante arrepentido.
El juez bonaerense convocó a la vicepresidenta para el lunes próximo en horario a definir, según indicó la agencia Télam.
No se conoce aún para qué día se citará el mandatario porteño. La Justicia pretende evitar que, en el contexto de aislamiento social obligatorio contra la pandemia de Covid-19, se produzca una aglomeración en el edificio.
La investigación
La causa se inició con la confesión del capo narco Sergio "Verdura" Rodríguez, que aseguró que un abogado de la zona sur del Conurbano bonaerense le encomendaba tareas de espionaje e incluso la colocación de un artefacto explosivo en la casa del ex subsecretario de Asuntos Internacionales del Ministerio de Defensa José Vila.
A partir de los mensajes y archivos encontrados en los teléfonos de este capo narco y de otras personas a las que el identificó como parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se fueron descubriendo nuevos datos y documentación sobre las supuestas tareas de espionaje ilegal que realizaban.
Además de Cristina Kirchner y Rodríguez Larreta, también figuran en el listado de presuntas víctimas de espionaje ilegal el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santili; la hija de la vicepresidenta, Florencia kirchner; así como otros dirigentes tanto de Cambiemos como del kirchnerismo.
Esta investigación es una causa análoga a la que tramita en los Tribunales Federales de Comodoro Py a partir de la denuncia que hizo la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, de las supuestas tareas ilegales de intervención de los correos electrónicos de más de 80 personas durante la Presidente de Mauricio Macri.
