En una de sus tantas apariciones públicas, en algunos casos con la utilización indebida de la cadena nacional, la presidenta de la Nación aprovechó un acto en Ezeiza, durante el cual se presentó un nuevo avión de Aerolíneas Argentinas, para reiterar sus críticas a los medios “dominantes”, según ella misma los ha calificado, que publican noticias sobre los problemas judiciales que debe afrontar su hijo Máximo Kirchner.
Tras mencionar la tapa de un diario en 2001, en la que aparecía la cantante Shakira anunciando su casamiento con Antonio De la Rúa, hijo del por entonces presidente de la Nación, Fernando De la Rúa, Cristina aseguró que “después pienso en mi hijo, que lo atacan tanto. Cómo no lo van a atacar; prefieren hijos que se dediquen a otra cosa, no a organizar agrupaciones políticas”, agregando entonces y dirigiéndose a su hijo: “Te la tenés que bancar. ¿Cómo no te van a pegar si tenés la sangre de la política?”, en alusión a ella y a Néstor.
Es naturalmente entendible que Cristina Fernández, como madre, defienda a su hijo, pero lo que no se puede aceptar es que modifique, intencionalmente, el eje de las críticas. Nadie puede poner en tela de juicio la intención de un dirigente, como Máximo, de incentivar el interés de los jóvenes por la política. No se puede criticar tampoco la conformación de una agrupación, como La Cámpora, para canalizar esas inquietudes. Pero lo que sí es cuestionable es la metodología utilizada para sumar voluntades. Sobran los ejemplos para reafirmar esta situación, como la utilización de pecheras de “Unidos y Organizados” y de “La Cámpora” en la entrega de víveres y ropa a los afectados por las inundaciones en Buenos Aires, elementos que habían sido donados por todos los argentinos; ocupar cargos importantes en el poder, a fuerza de presión y poder económico o, como ocurrió en Mendoza, manifestar abiertamente el enojo presidencial por el solo hecho de cerrar listas del Frente para la Victoria y no incluir en el grupo supuestamente mayoritario a integrantes del sector. A punto tal llega ese tipo de actitudes de la señora Presidenta, que existe temor en algunas actividades económicas, como la vitivinicultura, sobre si se darán o no los aportes nacionales para ayudar a “sacar” vía exportación esos 200 millones de litros que están generando sobrestock. Aportes, vale aclarar, que habían sido prometidos por el gobierno nacional antes del cierre de listas partidarias.
En ningún momento tampoco se ha puesto en consideración la vida social de Máximo Kirchner, muy diferente a la que llevaba Antonio de la Rúa, por ejemplo. Aunque políticamente quedan las dudas sobre si el hijo de la actual presidenta llegó a ese lugar preponderante de liderazgo por carisma, por capacidad de oratoria o por portación de apellido. Sea cual fuere, es un lugar que ha ocupado y debe ser respetado.
Pero lo que no se puede aceptar es que la señora Presidenta haya “politizado” la situación de su hijo, cuando las críticas que se vierten sobre Máximo están relacionadas con el plano de la Justicia por la causa Hotesur, especialmente con contratos suscriptos por esos hoteles, de propiedad de la familia Kirchner con empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, o acuerdos alcanzados con Lázaro Báez para la ocupación de plazas en los hoteles, propietario de una empresa ganadora de la casi totalidad de las licitaciones que se han abierto en Santa Cruz y que está siendo también investigado a nivel judicial.
Cristina Fernández antepuso su rol de madre por sobre el de mandataria, para defender a su hijo. Una actitud muy diferente a la que adoptó Michele Bachelet cuando su hijo fue denunciado por utilización de influencias en un negocio inmobiliario. Correspondería a la gente juzgar cada una de ellas.
